Información inaccesible y falta de integración entre bases de datos del Estado dificultan la revisión de potenciales postulantes. Sin embargo, muchos partidos no aprovechan las herramientas disponibles
Las últimas elecciones de congresistas no tuvieron los mejores resultados en relación a los antecedentes de los elegidos: luego de los comicios del 2016, la Asociación Civil Transparencia reportó que 52 candidatos contaban con antecedentes penales y que 10 congresistas que fueron elegidos tenían procesos penales abiertos.
En aquel entonces, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya había estrenado su Ventanilla Única, una plataforma que brinda información para hacer filtros sobre potenciales candidatos, para saber si tienen sentencias condenatorias por delito doloso, órdenes de captura en el Perú o en el extranjero, así como deudas alimentarias, judiciales, tributarias y municipales.
En el actual proceso electoral, la organización política que más utilizó la Ventanilla Única fue Alianza Para el Progreso (APP), con 380 consultas. Le siguen Fuerza Popular (FP), con 320; y el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), con 270.
Por otro lado, Juntos por el Perú (JPP) –partido que lidera Yehude Simon y que va en alianza con el movimiento Nuevo Perú– registró tan solo una búsqueda en el sistema del JNE. Roberto Sánchez Palomino, presidente de JPP, indicó que la cancelación de su alianza con Perú Libre (de Vladimir Cerrón) ocasionó un retraso en sus procesos, por lo cual no pudieron hacer mayor uso de la herramienta. “Ese esfuerzo complicado nos ha atosigado un poco y nos ha hecho apurar el cronograma”, aseguró. Según Sánchez, la organización solicitó antecedentes penales, policiales y judiciales a sus precandidatos.
Además de JPP, otros cinco partidos utilizaron la Ventanilla Única menos de 50 veces. El Apra, por ejemplo, realizó únicamente 48 consultas a la plataforma. El secretario general político del partido, Benigno Chirinos, precisó que, como parte de su sistema de filtros, la organización corrobora que la declaración de antecedentes que los precandidatos consignan en sus hojas de vida sea cierta.
No basta
Pero la Ventanilla Única no proporciona todos los datos que podrían ser relevantes para filtrar candidatos, como denuncias policiales o procesos abiertos.
En Acción Popular (AP), por ejemplo, se conoció que Paul García Oviedo –número 1 de la lista por el Callao– había sido intervenido por conducir en estado etílico y denunciado ante la policía por violencia contra la mujer. “Eso no nos lo ha dado la Ventanilla Única, esa información se obtuvo por los propios correligionarios que nos la hacen llegar”, indicó Raúl Freundt, presidente del comité electoral de Lima del partido. Doris Guerrero, titular del Comité Nacional Electoral de AP, precisó que el Comité Político del partido tomará una decisión sobre la continuidad de García antes del lunes 18 (fecha en la que vence el plazo para presentar las listas de candidatos).
Los rehabilitados
Por otro lado, la plataforma no permite conocer si un potencial candidato fue sentenciado por un delito y luego rehabilitado por cumplir su condena. Según el artículo 69 del Código Penal, una vez cumplida la pena impuesta y cancelado el íntegro de la reparación civil, los antecedentes penales, judiciales y policiales de la persona son cancelados. Esto con excepción de algunos delitos, como los relacionados al tráfico ilícito de drogas, financiamiento del terrorismo y lavado de activos.
De ese modo, los partidos no tienen cómo saber si alguno de sus candidatos cumplió una condena por un delito en el pasado.
“La Ventanilla Única puede tener información desactualizada, porque hay gente que ya se rehabilitó”, explica el abogado penalista Carlos Caro.
En APP, por ejemplo, Luis Echegaray, quien fue incluido como número 3 en la lista por Ica, había pasado el filtro de la Ventanilla Única, pero el partido le pidió su renuncia luego de conocer por otras fuentes que tenía una sentencia por el delito de omisión de actos funcionales.
Caro sostiene que los puntos débiles de estos filtros tienen que ver, en parte, con que no existe un registro que reúna información policial, fiscal y penal a escala nacional, “con lo cual las bases de datos del Estado revelarían tan solo el 50% de la información real”.
Un ejemplo de la deficiente sistematización de la información pública serían las denuncias policiales. De acuerdo con el exprocurador anticorrupción Iván Meini, dado que no existe una base de datos pública que reúna la información de todas las dependencias policiales, uno tendría que consultar comisaría por comisaría para conocer si alguien ha sido denunciado ante la policía. “Lamentablemente, no hay un sistema centralizado de denuncias [a nivel policial]”, indica.
Ahora, si bien la Ventanilla Única no proporciona toda la información relevante, las organizaciones políticas –y cualquier ciudadano– pueden conocer si contra un candidato existen investigaciones fiscales abiertas a través de un pedido a la mesa de partes del Ministerio Público, sostienen los especialistas.
Las reglas de juego
Debido a que la Constitución establece el derecho a la presunción de inocencia, limitar los motivos por los cuales se puede impedir una candidatura no es cosa fácil. Si bien en julio pasado el Congreso aprobó la reforma constitucional que impide postular a cargos de elección pública a quienes tengan sentencias en primera instancia por delito doloso, quedó pendiente la segunda votación en el pleno. Por lo tanto, en estos comicios únicamente estarán impedidos de postular quienes cuenten con sentencia firme.
Según la última encuesta de Proética sobre percepciones de corrupción (2017), más del 40% está de acuerdo con que se impida postular a un cargo a personas encarceladas e investigadas por corrupción.
