Metodologías

Las sanciones emitidas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra cuatro partidos políticos que no podrían participar en las elecciones regionales de 2019 en varios municipios y departamentos levantó molestias en el país.

Pese a que la medida dada a conocer el pasado lunes penaliza, por ejemplo, al Partido de La U en la Asamblea del Valle del Cauca y concejos de cuatro municipios, el senador Roy Barreras aseguró que “sí va a haber listas en las elecciones de 2019”.

Sostuvo que las sanciones no solo afectan a su colectividad, sino a todos los partidos (ya van siete y los otros seis están investigados). “Como están las cosas, entonces se van a acabar todos los partidos”, alertó. Por eso, anunció que esa, la Ley 1475 de 2011, fue incluida dentro de las que serán modificadas en la actual reforma política que cursa su trámite en el Congreso de la República. Explicó que lo que se pedirá es que las sanciones sean aplicadas a los individuos y no a las instituciones, como ocurrió con ‘la ley de la silla vacía".

Sin embargo, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, dice que ello no podría ocurrir porque se estaría violando ‘el principio de consecutividad’ porque esa modificación no se incluyó desde el principio en la reforma.
Además, calificó de afortunada la decisión del CNE: “No solo puede ser responsabilidad del individuo, sino del gerente de campaña, de sus presidentes, de quien entregan el aval”.

Por su parte, el magistrado el CNE Armando Novoa quien llegó a la entidad en 2014, dijo que hay que sancionar tanto a partidos como a individuos porque dejar por fuera a alguno “crea incentivos perversos para que unos se descarguen en otros”.
Admitió que la reacción al aplicar la es “la pérdida de credibilidad, además porque es un deber hacerlo. Este Consejo está tratado de demostrar que es independiente (pero creo que aún así no lo logrará)”.

La Cámara de Diputados lanzó, el martes 12 de Septiembre, una nueva herramienta de participación popular en internet. La Pauta Participativa va a permitir al ciudadano opinar sobre lo que debe ser votado por el Pleno. El objetivo es identificar, en relación a diferentes temas legislativos, los proyectos de ley que tengan mayor consenso entre la población para ser colocados en votación en la Cámara.

En cada edición, se presentarán tres asuntos diferentes relativos a proyectos que ya cumplen todos los requisitos del proceso legislativo para la votación en Pleno. En esta primera edición, se seleccionaron proyectos sobre ciudadanía, salud y seguridad.

¿Cómo se trabaja Pauta  Participativa? Los ciudadanos pueden elegir dos proyectos de cada tema para ser votadas por el pleno. También puede marcar el que no quiere que entre en la pauta. Al final del período de consulta, aproximadamente 15 días, la Cámara colocará en pauta los proyectos de cada tema que hayan obtenido el mayor número de votos positivos, es decir, votos favorables menos votos contrarios. Para participar, visita pautaparticipativa.leg.br .

Métodología El sistema de votación adoptado  se inspira en una obra del Matemático Karel Janecek, quien propuso un método innovador de la votación llamada "Democracia 2.1" (D21). Defiende la tesis de que un proceso de votación debe dar a los participantes la oportunidad de elegir múltiples opciones. Por ejemplo, si el proceso tiene por objetivo elegir un ganador, debe permitir a cada persona elegir al menos dos opciones. La idea es que las segundas opciones tienden a ser más consensuadas dentro del grupo, mientras que las primeras tienden a ser más particulares a cada individuo. El método prevé, además de elegir sus opciones predilectas, los participantes puedan indicar las que rechazan. Así, las opciones seleccionadas son aquellas que presentan mejor saldo de votos. El D21 ya fue utilizado, por ejemplo, por las alcaldías de Nueva York, Praga y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Desde el año pasado, NDI ha trabajado con "Blockchain Trust Accelerator" en colaboración con la New America Foundation y el Grupo Bitfury pretenden explorar usos potenciales de la tecnología Blockchain para mejorar el gobierno y la sociedad civil a nivel mundial.

A finales de julio, una amplia gama de líderes de tecnología, negocios, filantropía y líderes políticas de todo el mundo se reunieron en la tercera Cumbre Blockchain anual. Esta no fue una conferencia tradicional de tecnología . En primer lugar, casi la mitad de los asistentes eran mujeres; y en segundo lugar, la discusión se centró menos en el tema tecnológico y más en las formas prácticas en que la tecnología y herramientas de blockchain pueden ser utilizadas para el bien público

En pocas palabras, "blockchain" es un tipo de base de datos utilizada para almacenar y mantener registros públicos. Los cambios en los registros se rastrean automática y permanentemente y se almacenan copias idénticas en múltiples ubicaciones. Se describe a menudo como un sistema descentralizado y distribuido de la contabilidad o del libro mayor diseñado para ser una manera más segura y más eficiente de transferir la información digital.

Hoy en día, blockchain es mejor conocido como la tecnología subyacente Bitcoin y otras monedas digitales. Sin embargo, la reunión de julio se dedicó a explorar otros usos no financieros de la industria, donde el bloqueo seguro y verificado de registros digitales también podría ser valioso.

Establecimiento de confianza y mantenimiento de registros:

Durante siglos, la mayoría de los países se han basado casi exclusivamente en registros físicos para establecer la identidad y los bienes de una persona. A menudo es el trabajo de varias agencias gubernamentales para actuar como la "fuente de la verdad"  el guardián de confianza de los registros vitales, documentos y otra información importante. En todo el mundo, la gente confía en documentos gubernamentales no sólo para probar quiénes son (certificados de nacimiento y de defunción, licencias de matrimonio, pasaportes, licencias de conducir, tarjetas de seguridad social, tarjetas de votantes) sino también lo que poseen (registros de propiedad de tierras, títulos de propiedad personal, registros corporativos, registros de impuestos y devoluciones de impuestos).

A veces las instituciones no gubernamentales también actúan como validadores de terceros de nuestra identidad y nuestros activos. Por ejemplo, cuando escribimos un cheque o transferimos dinero, los bancos confirman que tenemos suficiente dinero en nuestra cuenta; cuando vamos al hospital, los doctores verifican nuestros registros médicos; y cuando necesitamos demostrar nuestras credenciales educativas, pedimos a nuestras escuelas que confirmen nuestra educación y grados.

Muchas partes del mundo desarrollado han llegado a confiar en una vasta red de notarios públicos, centros de compensación bancaria y otras instituciones para crear el nivel de confianza (y prevenir el fraude y el robo directo) las personas necesitan interactuar con confianza con los demás, la transferencia de bienes y activos , y en última instancia, el crecimiento económico. Sin embargo, en el mundo en desarrollo, esta infraestructura puede ser corrupta o simplemente inexistente, creando enormes problemas de discriminación o fraude y creando una tremenda frustración cuando los ciudadanos intentan hacer las cosas con sus gobiernos.

Establecer confianza y mantener registros en la era digital:

Hoy en día, el proceso para verificar en línea quién es usted y lo que posee es complicado. Por lo general, implica una combinación de fax o copias por correo electrónico de nuestros registros físicos y la apertura, inicio de sesión a los sistemas de software privados cerrados (Facebook, Google, el sitio web de su banco) que se basan en contraseñas y el nombre de su primera mascota para verificar su identidad . Como todos hemos llegado a aprender, este sistema es engorroso, ineficiente, y porque a menudo implica un "punto único de fracaso", muy susceptible a la piratería y el robo.

La tecnología Blockchain tiene el potencial de ayudar a resolver estos problemas mediante la creación de un sistema más seguro, transparente y fácilmente verificado para llevar un registro de todo tipo de registros y transacciones digitales. También tiene el potencial para crear nuevas formas de verificar la información y proporcionar confianza, mientras que al mismo tiempo proporcionar a las personas más control sobre su propia identidad y activos.

Blockchain trabaja por, entre otras cosas, automáticamente la fecha y hora de estampación y el seguimiento de cada registro (y cualquier cambio a ese registro), así como la posibilidad de auto-ejecutar los términos del contrato y la distribución en tiempo real de esos registros a múltiples ubicaciones. Los defensores explican que este proceso proporciona registros seguros, permanentes e incorruptibles a los que se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil, lo que conduce a una mayor eficiencia y menor fricción (debido a la automatización ya una menor dependencia de intermediarios), menos "fugas" (aka corrupción y robo) mayor confianza (en un mundo digital a menudo menos que confiable).

El mundo real utiliza BlockChain más allá de Cryptocurrency

Con una capitalización de mercado de más de $ 100 mil millones y creciendo, el mercado de divisas digitales ya se ha convertido en un valioso campo de prueba para la tecnología de bloques. Más allá de la industria financiera, sin embargo, es fácil imaginar otras áreas donde las características de blockchain podrían ser valiosas para el gobierno y grupos de la sociedad civil.

La tecnología Blockchain podría ayudar a resolver problemas sociales y mejorar la confianza del público al lograr Verificar las noticias relacionadas con la campaña y las elecciones como una forma de asegurar y "transparentar" el proceso. 

Mientras asambleístas como Daniel Mendoza y Yofre Poma (AP) se muestran flexibles a una consulta popular, sus coidearios Doris Soliz y Franklin Samaniego cierran filas frente a esa posibilidad que se analiza desde el Ejecutivo.

Soliz es radical en su postura y sostiene que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) no es posible porque implicaría una reforma a la estructura del Estado y que la vía sería una Constituyente.

Poma coincide con Mendoza en que no le preocupa una consulta popular, pero que esta debería ser para mejorar el procedimiento del CPC en la designación de la autoridades. La oposición considera que la consulta debe ser convocada lo más rápido posible y que el punto central es eliminar el CPC para “descorreizar” a los organismos de control.

Henry Cucalón (PSC) indica que la consulta es un imperativo porque “el andamiaje correísta se encuentra intacto y eso tiene que ser reformado y la joya de la corona es el CPC”.

Fernando Callejas ratifica que la consulta tendrá el respaldo de CREO, sin condicionamientos, y considera que esa acción ayudará a “dividir las aguas” dentro de Alianza PAIS, porque muchos del oficialismo se definirán.

Acceso a la información pública, rendición de cuentas, capacidades institucionales y de buen gobierno y participación ciudadana son los ejes de trabajo que estudiantes universitarios se involucran en mejorar la transparencia de la información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). 

Comenzó como un plan piloto, a cargo del Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social (CPCCS) en 2016 en cuatro municipios: Playas, Durán, El Empalme y Santa Lucía; para este año, primero mediante convenio con la Universidad de Guayaquil y luego con los GADS seccionales, se amplió a nueve cantones: Colimes, Palestina, Pedro Carbo, Yaguachi, Milagro, Daule, Balzar, Isidro Ayora y próximamente en Lomas de Sargentillo y Naranjal. 

En la actualidad, en el pais son cerca de 400 universitarios los que participan en el programa, de los cuales 92 están activados en la provincia de Guayas, mediante 12 brigadas conformadas entre cinco y ocho jóvenes, que relaizan su trabajo, en territorio en nueve municipios.
Los estudiantes se dirigen a los territorios en brigadas para desarrollar las actividades, como el monitoreo de las páginas web, para verificar  el tipo de acceso que tierne el ciudadano, en la información pública.

Cabe aclarar que,  esto se efectúa respetando la autonomía de los municipios, de allí que para ser institucionalizado se firman convenios con los GADS. En Guayas el trabajo comenzó en abril pasado, previa capacitación a los estudiantes, en mayo participaron en con los municipios en el área de rendición de cuentas y  al mes siguiente  continuarn con los siguientes modelos. El resultdo de este trabajo se reflejará el año siguiente.

Hugo Falquez, estudiante, de Jurisprudencia, asegura que la experiencia le ha servido, porque le permite involucrrase en los procesos de transparencia, para que los municipios transformen y mejoren los servicios a la ciudadanía. “A mi me tocó el GAD de Palestina y hubo total apertura de los funcionarios; gracias a ellos hemos relaizado encuestas y nos han facilitado la información que hemos requerido”, sostiene Falquez
 

La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el cese de las actuales autoridades de control, la eliminación de la reelección indefinida y cambios en la Ley de Comunicación. Estos son los temas que tienen consenso entre las agrupaciones que proponen una consulta popular.

Entre 13 organizaciones sociales y políticas y a una comisión legislativa. Sus representantes proponen, al menos, 16 temas que podrían ser consultados a los ecuatorianos. A más de los cuatro puntos que generan coincidencias, se mencionan otros, como el restablecimiento del aporte del 40% del Estado al Seguro Social, convocar a una asamblea constituyente de plenos poderes, derogar la Ley de Plusvalía, eliminar el techo de las utilidades para los trabajadores, revisar la tabla de consumo de drogas, entre otros. 

Estos son los organismos que proponen dicha consulta popular; Unidad Popular, Cauce Democrático, SUMA, Izquierda Democrática, Creo, Partido Social Cristiano, Corporación Participación Ciudadana, Comisión Nacional Anticorrupción, Conaie, Pachakutik, Mesa de Convergencia, Unidos por la Democracia y Comisión legislativa de Participación Ciudadana han pedido públicamente a Moreno que convoque a una consulta para dar de baja al Consejo. 

Se pondrá en marcha el mes próximo y la intención es cubrir las vacantes antes de fin de año; será para directores y coordinadores nacionales. 

Es que por orden directa del presidente Mauricio Macri , el ministro de Modernización,Andrés Ibarra , pondrá en marcha el mes próximo el proceso para elegir, por concurso de antecedentes, a 300 directores y coordinadores nacionales en cargos actualmente vigentes. La idea es cubrir las vacantes antes de fin de año. Quienes hoy ocupan esos cargos deberán presentar, al igual que cualquier otro interesado, su currículum, y competir de ese modo para cubrir determinados puestos en el Estado.

"El ministro Ibarra necesita veinte cargos de su ministerio para concursar", escucharon representantes de cada uno de los miembros del gabinete, sorprendidos por la iniciativa, que también llegó por escrito a las casillas de mail de cada dependencia. 

Luego de publicado el concurso en medios nacionales, los interesados enviarán sus antecedentes a la secretaría de Empleo, a cargo de Pablo Legorburu, un técnico que depende de Modernización. "La idea es generar un Estado que tenga una conducción profesional, con mayor estabilidad, y que su continuidad dependa de la evaluación de desempeño y el cumplimiento de objetivos más que de la autoridad política de turno", dijo Ibarra. 

En este caso, son todos los ministerios los que deberán adaptarse al pedido presidencial: cien concursos iniciados en septiembre, trescientos para fin de año, la mitad de los coordinadores y directores hacia el final de su mandato, a fines de 2019.