Participación Ciudadana

Por Pat Merloe en Washington, DC

La soberanía reside en y fluye de las personas de un país. Ellos tienen un derecho colectivo a elegir sus sistemas gubernamentales, políticos y electorales como un aspecto de la autodeterminación. La autoridad del gobierno también se deriva de la voluntad del pueblo en la elección de estos sistemas, y la gente tiene derecho a formar parte de su gobierno, incluso mediante elecciones genuinas para determinar quién ocupará legítimamente las oficinas gubernamentales.

Estos preceptos están plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en constituciones modernas del mundo entero. Ellos tomarán la base para la famosa frase de que el gobierno democrático es "del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". En esencia, lo anterior quiere decir que: los gobiernos pertenecen al pueblo, los procesos gubernamentales pertenecen al pueblo; y las elecciones pertenecen al pueblo.

Es así de simple, pero complicado a la vez. No hay democracia sin la participación de los ciudadanos. El compromiso contiene dos cosas, un derecho  y una responsabilidad de los ciudadanos para establecer desarrollar y sostener la democracia.

La participación ciudadana no es algo abstracto; toma formas tangibles y sirve para mejorar la vida de las personas. El compromiso ciudadano persigue el desarrollo económico, social, cultural y político, incluyendo la provisión de oportunidades, recursos y servicios. Como la presidenta de NDI Madeleine Albright suele decir: La democracia debe cumplir.

Para que la democracia cumpla, los ciudadanos deben informarse sobre temas que pueden mejorar sus vidas. Deben ser libres para unirse para expresar sus puntos de vista y preferencias y trabajar por ver que el gobierno responda a las opiniones de los ciudadanos, acudiendo a ellas como gobierno responsable. Para estar informados, los ciudadanos necesitan información precisa y a tiempo, particularmente información de la que dispone el gobierno. Necesitan aprender de aquellos quienes compiten en política, cómo los políticos pretenden emplear esa información para el bien de la población. El acceso a la información, y lo que llamamos frecuentemente "gobierno de datos abiertos", es esencial para una ciudadanía informada. Es por eso que la "transparencia" es una necesidad para las democracias. Los ciudadanos, incluyendo quienes compiten en política, deben ser libres también para impartir sus opiniones sobre los procesos gubernamentales y los asuntos públicos; de otra forma los ciudadanos no pueden estar verdaderamente informados, ni pueden elegir libremente.

Las barreras a la participación ciudadana son múltiples en cada país. Son ambas sutiles y obvias, pequeñas y formidables, y basadas en numerosos factores. Para lograr la plena ciudadanía, debemos remover estas barreras, ya sean de género, raza, étnica, religión, edad u otro condición. Si no es así, el sufragio universal e igualitario es esencialmente denegado, y la credibilidad gubernamental se socava en la medida en que estas barreras existen.

La Asamblea Nacional aprobó las nuevas reglas a las que deberán ceñirse los candidatos a presidente y demás puestos de elección popular para la campaña  política del próximo quinquenio  constitucional 2019-2024. 

El proyecto de ley fue presentado por los magistrados del Tribunal Electoral en enero de 2016, luego de un año de debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. La iniciativa cumplió este martes con todos los requerimientos legislativos para convertirse en ley de la República, solo que queda pendiente la sanción del presidente, Juan Carlos Varela y su respectiva promulgación en la Gaceta Oficial para que pueda entrar en vigencia.

La misma norma autoriza al Tribunal Electoral a preparar un texto único del Código Electoral que contenga las disposciones que se modifican, adicionan y derogan en virtud de la presente ley y que recoja toda las reformas hechas hasta el presente en forma de numeración consecutiva comenzando desde el artículo 1, ajustando el orden lógico de nomeclatura de los artículos, capítulos y secciones.

Materia relevante abordada en el proyecto:

Voto adelantado:

Consiste en la emisión del voto antes del día de las elecciones generales.

Podrán ejercerlo:

Los ciudadanos que estén en el extranjero, el día de las elecciones generales o consultas populares, y los que estén de servicio para esa fecha tales como miembros de la Fuerza Pública, en el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en el Sistema Nacional de Protección Civil, la Cruz Roja Panameña, los delegados electorales y los servidores del Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral. En este caso, sólo podrán emitir el voto para la Presidencia de la República.

Limitaciones de los Servidores Públicos en materia electoral: Se establece que deben renunciar a su cargo desde seis meses antes de la elección.

Financiamiento público y privado: Se estableció el tope de campaña. Se crea una nueva fórmula de distribución de los aportes del Estado pre (50%) y post electoral, incluidos los candidatos de libre postulación.

Topes de financiamiento privado para la campañas de la siguiente forma:Para las campañas electorales a los cargos de alcaldes y representantes de corregimientos, se establece un tope al financiamiento privado de $5.00 por cada elector, según el Padrón Electoral Preliminar de la circunscripción electoral que corresponda. Dicho tope no será menor de quince mil balboas $15 mil para alcalde, y para representante de corregimiento, no será menor de $10 mil ni mayor de $150 mil.

Para el cargo de diputado al Parlamento Centroamericano, el tope será de $10 mil; para el cargo de presidente de la República, será de $10 millones y para diputado, será de $300 mil. Para el caso de doble postulación, regirá un solo tope para el cargo de mayor jerarquía.

Estudios de opinión (encuestas):

Se imponen nuevos requisitos a las encuestadoras como el registro previo ante el Tribunal Electoral y la consignación de una fianza de $25 mil.

Además se establecen multas de $25 mil a $50 mil a las encuestadoras que presenten sondeos alterados e inhabilitación para realizar estudios de opinión en el siguiente torneo electoral, en caso de reincidir.

Propaganda electoral:

Se establecen los servicios que pueden brindar las agencias de publicidad a los candidatos, se establece el registro de las agencias ante el Tribunal Electoral y se prohíbe la propaganda estatal desde tres meses antes de las elecciones generales.

El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, firmó y envió a Congreso del Estado, la Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana.

El mandatario estatal explicó que esta ley fue producto de una amplia consulta ciudadana, y especialmente entre organizaciones de la sociedad civil.

Añadió que esta propuesta legislativa pretende pasar del control político al involucramiento ciudadano en la toma de decisiones, para dejar de ver a la participación como privilegio y más como un derecho humano.

Corral Jurado aseguró y dijo estar convencido que “esta propuesta es la más ambiciosa de todo el país”, por lo que invitó a todos los ciudadanos a conocerla, reforzarla y promoverla.

Añadió que Chihuahua necesita de este tipo de leyes, que exigen compromiso y se dijo convencido que sólo la participación ciudadana, así como la disposición mutua para trabajar juntos, sociedad y gobierno, va a traer la transparencia, la honestidad, la eficacia, la democracia para la justicia y la libertad.