Acción Popular tendrá un plenario extraordinario el próximo 19. APP presentará lista con cuota de género del 40%. En la izquierda, Juntos por el Perú apunta a alianza con NP y PL. Frente Amplio marca distancia de grupos vinculados con la corrupción.

Hay una agenda intensa en los partidos políticos. Tras el cronograma oficial anunciado por los organismos electorales para los comicios del 26 de enero, los cuadros dirigenciales anuncian reuniones de emergencia y sesiones permanentes, con el fin de definir sus mecanismos de democracia interna y eventuales alianzas dentro de los plazos sumamente ajustados.

Y es que desde ayer ya rige el periodo para la democracia interna y el plazo tiene vigencia hasta el 6 de noviembre. Es decir, apenas tres semanas y media para afinar sus cronogramas y definir sus listas.

Otra decisión importante para algunas organizaciones será si van o no con otros partidos políticos. El plazo oficial para inscribir alianzas electorales vence el jueves 31 de octubre.

Posibles alianzas

De momento, la única alianza electoral que parece avanzar corresponde a Juntos por el Perú (JP), Perú Libre y Nuevo Perú. Roberto Sánchez, presidente de JP, adelantó que su partido ya decidió esta alianza y los otros dos grupos estarían tomando una decisión el 19.

Sánchez subrayó que Yehude Simon ha pedido la suspensión de su militancia tras la mención que hizo Jorge Barata, en el sentido de que Odebrecht habría financiado su campaña.

Al ser consultado sobre Perú Libre y su líder Vladimir Cerrón, preso por corrupción, Sánchez sostuvo que el tema está en manos de la justicia y otras personas representan a este grupo.

En tanto, el Frente Amplio ya decidió apostar solamente por alianzas con movimientos y organizaciones sociales, excluyendo a aquellos grupos que tengan vinculación con la corrupción, según adelantó el dirigente Jorge Aparcana.

Los que van solos

Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, destacó que su partido irá a la contienda sin alianzas y ya convocó para el sábado 19 a un plenario extraordinario. Los temas: participación en las elecciones, cronograma, modalidad de designación de candidatos y decidir si van sin alianzas y sin invitados.

En Alianza Para el Progreso (APP), el vocero Luis Valdez informó que tampoco harán alianzas. El dirigente subrayó que, si bien no tendrá vigencia legal el sistema de cuota de género al 40%, este partido sí aplicará este sistema en su lista.

Perú Firme (antes Restauración Nacional), que tiene como nuevo aliado a Daniel Salaverry, aún evalúa si van a la contienda. El dirigente John Fernández explicó que por el momento evalúan las implicancias de pasar o no la valla electoral.

En el Apra, las decisiones estarían sujetas al congreso nacional que tendrán el 26 y 27 de este mes, donde la militancia debe elegir a sus dirigentes. La Comisión Política, sin embargo, podría optar por otra decisión, dado el cronograma ajustado.

En cambio, el Partido Nacionalista Peruano sí irá a la contienda y su dirigente, el expresidente Ollanta Humala, tendrá actividades proselitistas durante la semana entrante en Ayacucho. Según se conoció, ni Humala ni Nadine Heredia postularán para el Congreso.

Villalobos: No perderían inscripción

José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, explicó que la Ley de Partidos Políticos (Art. 13) establece que una agrupación pierde la inscripción si no pasa la valla “en el último proceso de elección general”.

En tal sentido, esta regla no aplicaría para la presente contienda, debido a que se trata solo de elecciones parlamentarias y no elecciones generales, donde además se elige al presidente.

Según detalló, los partidos podrían participar en el 2020 y no pasar la valla, y aún así no perderían la inscripción.

Reglas. El JNE decidió que no entren en vigencia normas publicadas un año antes de la fecha del proceso. Peruanos en el exterior podrán votar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó el calendario y la normativa que regirán para los comicios al Congreso del 2020. La decisión fue tomada con la participación de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), detallaron en un comunicado.

El ente electoral decidió que tres leyes de la reforma política –impulsada por el gobierno del presidente Martín Vizcarra– no tendrán vigencia para el proceso convocado para el 26 de enero del 2020. Estas son las leyes 30995, 30996 y 30998. En su lugar, se aplicarán las normas que estuvieron vigentes en el 2016.

Para José Tello, especialista en derecho electoral, los partidos políticos que no participen no perderán su inscripción, pues está vigente la anterior ley que señala que estas organizaciones pueden abstenerse de participar en un proceso. Los que sí estarán obligados a hacerlo, si no quieren perder su inscripción, son aquellos que no participaron en las elecciones del 2016: Partido Nacionalista, Solidaridad Nacional, Juntos por el Perú (antes Partido Humanista), entre otros.

Además, en el documento del JNE se argumenta que se tomó esta decisión por “seguridad jurídica”, en tanto las reformas fueron publicadas el 27 de agosto del 2019, menos de un año antes de la fecha de la elección. El jefe de la ONPE, Manuel Cox Ganoza, y el del Reniec, Bernardo Pachas Serrano, señalaron que esta decisión facilita el desarrollo de este proceso electoral extraordinario, según el comunicado emitido.

Asimismo, el JNE estableció que los peruanos residentes en el exterior podrán votar, con lo cual corrigió un error detectado días atrás. Serán considerados dentro del distrito electoral de Lima.

Estas decisiones se dan en aplicación del Decreto de Urgencia 002-2019, con el que se autoriza a los organismos electorales a expedir las normas necesarias para el proceso. Además, el JNE resuelve un problema advertido por varios especialistas: que las reglas se definan antes de que lleguen las observaciones a los jurados electorales especiales en el momento de la inscripción.

–REELECCIÓN–

Ni la resolución ni el comunicado del JNE aclaran si estará vigente la prohibición de la reelección de congresistas en estos comicios.

Para Tello, los integrantes del Congreso disuelto sí podrían participar en este proceso, pues ellos están impedidos de reelegirse para un nuevo período, pero este será uno para completar el del 2016-2021. Ellos y los que resulten elegidos en enero estarían prohibidos de participar en el 2021-2026.

El especialista José Manuel Villalobos coincide con esa opinión. Pero señala que estos casos se definirán si alguno de los integrantes del Congreso disuelto se inscribe ante los jurados electorales especiales.

Además, el JNE aprobó el calendario electoral. El período de democracia interna regirá desde hoy hasta el 6 de noviembre y la presentación de listas de candidatos será hasta el 18 de noviembre.

El Ejecutivo aprueba su primer decreto de urgencia tras la disolución del Congreso

El gobierno del presidente Martín Vizcarra aprobó ayer en el Consejo de Ministros su primer decreto de urgencia tras la disolución del Congreso hace diez días.

La norma, publicada en una edición extraordinaria de “El Peruano”, autoriza a los entes electorales para que, en el terreno de sus competencias y atribuciones constitucionales, emitan reglamentos, normas y otras disposiciones necesarias para “garantizar el desarrollo de las elecciones para un nuevo Congreso [...] incluyendo aquellas destinadas a adecuar los procedimientos y plazos del cronograma electoral”.

El decreto también establece disposiciones para que los organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec) puedan contratar bienes y servicios en todo el país, así como los respectivos créditos presupuestarios, y financiamiento.

En sus considerandos se indica que así se da cumplimiento al Decreto Supremo 165-2019-PCM, que disuelve el Congreso y convoca a elecciones para uno nuevo el 26 de enero del 2020, “a fin de completar el período constitucional parlamentario” de los legisladores que fueron elegidos el 2016.

Sobre el tema, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, aseguró en una conferencia con medios extranjeros que el Gobierno no participará ni tendrá “ningún nivel de involucramiento” en las elecciones de enero.

Subrayó que el Gobierno impulsará este proceso con un rol neutral, “dentro de un espacio democrático y transparente que garantice la masiva participación de la ciudadanía”.

Asimismo, mencionó que los procesos de contratación, a cargo de los entes electorales, estarán sometidos a los mecanismos de la Contraloría General de la República.

Sobre cuáles serán las prioridades del Gabinete que encabeza, Zeballos mencionó el crecimiento económico, la generación de empleos, la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana.

En esa línea, anunció que ante la falta de un pleno del Congreso al cual dirigirse, antes de 30 días propondrá “en un foro de legitimidad”, cuáles serán los lineamientos de la política general del Gabinete. Solo adelantó que estos serán “racionales y ponderados”.

Rol del JNE y la ONPE

Desde el JNE indicaron a este Diario que son varias las normas que está viendo este órgano y recordaron que en los últimos días se dieron dos directivas. Una de estas fijó el 30 de septiembre como fecha de cierre del padrón electoral y la otra definió la instalación de 60 jurados electorales especiales (JEE) en el país para impartir justicia electoral en estos comicios.

Desde la ONPE dijeron que analizarán el contenido del decreto antes de señalar qué directivas emitirán.

La propuesta, que está en el pleno de la Asamblea, impulsa también la eliminación de las circunscripciones provinciales para las próximas elecciones

 El sistema de asignación de escaños para la Asamblea Nacional es un tema que entrará de cajón en las reformas al Código de la Democracia. Las propuestas apuntan a la eliminación del método D’Hondt y de aprobarse cambiaría el mapa político en la Asamblea de 2021.

El consejero electoral, Luis Verdesoto, explica que el sistema actual beneficia a los partidos grandes. Esto ocurre porque el voto es fraccionado y por ello hay candidatos que, a pesar de ser los más votados en su provincia, “no les alcanza para ser dignidad ya que no completan los requeridos dentro de una lista”.

La asignación de escaños en la Asamblea se remite al artículo 164 del Código de la Democracia. La norma establece que el método Webster es usado para la elección de representantes nacionales.

Mientras que  para las dignidades pluripersonales restantes (asambleístas provinciales, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales) se aplica el famoso método D’Hondt.

El catedrático Rafael Estrella y autor del libro Webster vs. D’Hondt. El principio constitucional de proporcionalidad”, es partidario de eliminar el actual sistema. Él prefiere una lista cerrada para que el ciudadano vote por su organización política y no entre listas. “Las listas abiertas, con el engaño de incrementar derechos, no hace más que diluir el voto de los que optan por esta opción”.

Para los expertos otra regla que fragmentó el voto es la división de las provincias en circunscripciones. Guayas, Manabí y Pichincha fueron divididas bajo este concepto. La idea es darle mayor participación a las organizaciones políticas pequeñas y a candidatos de los cantones y no solo de la capital.

El coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, Fausto Camacho, recalca que el tamaño de la circunscripción no está dado por la geografía, ni por la población de cada provincia, que determina el número de representantes en el Parlamento. Él apoya que se revise esta división porque a su criterio no ha dado la representación que se buscaba y favoreció a un solo partido político.

Por su parte, Verdesoto sostiene que en caso de aprobarse la eliminación del método de D’Hondt no habrá necesidad de las circunscripciones territoriales.  

Fabricio Villamar, legislador de CREO, sostiene que con estas propuestas se le puede devolver la responsabilidad a las organizaciones de “armar listas competentes” y de “ahí vendrá la decisión del ciudadano” para votar por ellos. La Asamblea no ha reactivado el debate de este proyecto que debe estar listo antes de diciembre.

Especialistas discrepan sobre la aplicación de reglas para nuevas elecciones legislativas. Piden definir situación de votos en el exterior.

Las elecciones parlamentarias convocadas para el 26 de enero próximo deberán organizarse en menos de la mitad de tiempo que toman los comicios generales en promedio. Con un plazo de poco más de tres meses, los partidos políticos buscan candidatos mientras esperan la definición de las reglas de la contienda congresal.

El proceso para los comicios generales del 2016 se inició en octubre del 2015 y tomó 210 días hasta la primera vuelta de abril, cuando se definió quiénes serían los 130 integrantes del Congreso. Para la elección de enero el tiempo corre contra el reloj, pues, si se cuenta desde hoy, el proceso tiene 110 días para llevarse a cabo.

Un ejemplo que grafica lo ajustado de los plazos es el período de elecciones internas. En el 2016 se programaron 99 días, y en la proyección para los comicios del 2020 se cuenta con solo 30 días. Las proyecciones de los entes electorales indican que este proceso interno debería realizarse entre el 1 y el 31 de octubre, con lo que a los partidos les quedarían 22 días para la selección.

Comparación de calendarios electorales

—Leyes en conflicto—

El domingo último, el primer ministro Vicente Zeballos dijo que esperaba que el Consejo de Ministros apruebe mañana la norma electoral para el proceso. Esto debido a que existen muchas dudas sobre qué normas regirán para los comicios.

José Manuel Villalobos, del Instituto Peruano de Derecho Electoral, tiene una interpretación definida en el sentido de que las cuatro leyes de reforma política promulgadas en agosto último no deberían aplicarse para la elección del 2020. Para sustentar su interpretación, citó la ley aprobada en el 2017, en la cual se estipula que toda ley que cambie las reglas electorales regirá siempre y cuando tenga un año de vigencia.

“Para que apliquen los cambios de la reforma deberían haber entrado en vigencia en enero del 2019. Todas las [normas] posteriores recién aplicarán para el 2021. El espíritu de la reforma era para aplicarse al 2021, no se pensó en un proceso extraordinario”, refirió Villalobos.

Por el contrario, Fernando Tuesta, titular de la comisión que elaboró los proyectos de reforma, consideró que se deben tomar en cuenta todas aquellas nuevas reglas que no comprometan el cronograma, un argumento que incluyó el Poder Ejecutivo en el proyecto de adelanto de elecciones, el cual fue archivado.

—Nuevas reglas—

Para Tuesta, la norma sobre inscripción y cancelación de partidos tiene partes que se pueden aplicar. Según explicó, el JNE podría recurrir al texto que señala que se cancela la inscripción legal al partido que no participe en el proceso, o que se retire de la contienda, o que no consiga el 5% de los votos y elegir a 5 congresistas.

El especialista parlamentario Alejandro Rospigliosi coincidió con la anterior propuesta y recalcó que debería regir el cambio planteado sobre alianzas electorales, donde se precisa que la valla se eleva en 1% por cada partido político integrante de una de estas alianzas.

Lo que no podría aplicarse, según ambos especialistas, es lo referido a la inscripción de partidos porque el proceso ya está en curso y es muy difícil que algún grupo alcance los requisitos.

La segunda norma en la que estuvieron de acuerdo que podría regir para los comicios del 2020 es la de financiamiento político.

Las discrepancias entre Rospigliosi y Tuesta surgen en el análisis de la aplicación de la tercera norma sobre paridad y alternancia.

Para Tuesta, los cambios sobre paridad podrían regir desde esta elección. “El Congreso incluyó disposiciones transitorias que terminaron desnaturalizando las propuestas. Si seguimos esas disposiciones, en una década recién alcanzaremos la paridad”, refirió. Rospigliosi, en cambio, se apega a las disposiciones y sostiene que, al estar expresamente señalada en la ley, debe respetarse la progresividad.

La última norma en duda es la de democracia interna. En este punto, los especialistas volvieron a coincidir en que, por incidir directamente en los plazos del cronograma, las elecciones primarias son imposibles de realizar con miras a enero del 2020.

Otros puntos pendientes

Fernando Tuesta refirió que el Gobierno debe emitir un decreto de urgencia en el que se determine sobre otros aspectos, por ejemplo, la aplicación o no del voto preferencial.

Alejandro Rospigliosi recordó que también se debe definir la situación de los votos en el exterior. En la ley sobre paridad y alternancia, el Congreso eliminó el voto de los peruanos en el extranjero .

La propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política para modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones incluía un párrafo que creaba una circunscripción electoral especial para los peruanos en el extranjero y se les asignaba dos escaños legislativos.

Tuesta y Rospigliosi coincidieron en señalar que el Gobierno debe aclarar estas “contradicciones”.

Organizaciones políticas inscritas trabajan en elección de candidatos para los comicios del 26 de enero 2020. De no cumplir con ciertos requisitos pueden quedar eliminados.

Los candidatos a integrar el nuevo Congreso de la República deberán pertenecer a alguno de los 24 partidos políticos habilitados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Las próximas elecciones parlamentarias están programadas para este 26 de enero de 2020, según lo estableció el decreto del presidente Martín Vizcarra.

Este nuevo proceso electoral fue convocado con el objetivo de completar el periodo constitucional 2016-2021 del Parlamento disuelto. El JNE fijó el 30 de septiembre como la fecha de cierre del padrón electoral que usarán en el citado sufragio, el mismo día en el que el jefe de Estado anunció la disolución del Legislativo.

Sin embargo, el cronograma oficial se dará a conocer el lunes 7 de octubre. Se ha propuesto que esta fecha sea la misma en la que el Reniec dará la remisión de la lista de padrón inicial al JNE.

Los 24 partidos políticos tienen inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE por lo que están habilitados para participar en las próximas Elecciones Congresales 2020.

Algunas organizaciones ya coordinan las elecciones internar para designar a sus candidatos al Parlamento. Algunos de ellos, como el Apra, indican que el periodo es muy corto para seguir todos los procesos.

Partidos con inscripción en el JNE:

Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Democracia Directa, Frente Amplio, Frente Popular Agrícola (Frepap), Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Aprista, Somos Perú, Partido Morado, Partido Nacionalista, Contigo, Partido Popular Cristiano (PPC), Perú Libre, Perú Nación, Perú Patria Segura (PPS), Podemos, Renacimiento Unido Nacional (RUNA), Restauración Nacional, Solidaridad Nacional, Todos Por el Perú y Unión Por el Perú (UPP).

Por su parte, Acción Popular señaló que promoverán la participación de los jóvenes en estos comicios electoral, con la esperanza que se modifique la política y se completen la reformas.

Nuevos requisitos de partidos políticos

Para las elecciones de enero del 2020 se implementarán los nuevos requisitos establecidos en la Ley de Partidos Políticos, según Fernando Tuesta. Entre ellos el que determina las nuevas razones para la suspensión y cancelación de las organizaciones políticas.

Se determinó que un partido será cancelado si no obtienen al menos cinco parlamentarios en más de una circunscripción electoral. Además debe contar con el 5 % de los votos válidos a nivel nacional.

Si participa en alianza electoral, la valla para perder la inscripción será de 6 % de los votos válidos. Se eleva en 1 % por cada partido adicional.

Además, también será eliminado si no participa en elecciones de alcance nacional o retira todos sus candidatos del proceso electoral y si no participa en las elecciones regionales y municipales en por lo menos 3/5 parte de las regiones, en la mitad de las provincias y en 1/3 de los distritos.

Indignación. En apenas una horas se convocaron marchas en Lima y provincias en rechazo a decisión del aprofujimorismo.

Con solo unas horas de convocatoria, miles de peruanos salieron a las calles y alzaron su voz de protesta contra la situación política que atraviesa el país, la misma que se desencadenó con la decisión del Congreso de archivar el proyecto de ley del Ejecutivo que planteaba adelantar las elecciones generales para el próximo año.

Desde las 5:00 p.m. de ayer, trabajadores, estudiantes y activistas de distintos colectivos y agrupaciones políticas fueron llegando a la Plaza San Martín de donde partieron poco antes de las 7:00 p.m. con banderolas, pancartas y altavoces rumbo a la sede del Legislativo. Sin embargo, la Policía no autorizó este desplazamiento. Es más, en principio, debido al poco tiempo de organización, solo les dejaron dar vueltas a la plaza.

Tras conversar con los agentes del orden, la manifestación, que de a pocos se fue incrementando en número, finalmente avanzó hasta el frontis del Ministerio Público, en la Av. Abancay. Fue en este punto donde se registraron algunos incidentes, como empujones y forcejeos con el cordón policial a fin de llegar hasta el Parlamento.

“La gente hoy tiene que ser consciente de que se juega mucho más que un proyecto de ley en el Parlamento, lo que se está jugando es la toma y captura de algunas instituciones por parte de un grupo mafioso”, declaró la vocera de Nuevo Perú, Indira Huilca, quien acudió a la marcha acompañada por otros miembros de su bancada. Finalmente, se supo que en ciudades como Arequipa, Cusco y Puno también hubo manifestaciones.

El grupo que preside Rosa Bartra (Fuerza Popular) rechazó la iniciativa del Ejecutivo con 15 votos a favor y 1 en contra

Por amplia mayoría y solo un voto en contra, la Comisión de Constitución decidió no aprobar —y por tanto archivar— el proyecto del gobierno de Martín Vizcarra que propuso una reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales al 2020.

Así, el grupo que preside Rosa Bartra (Fuerza Popular) ratificó lo que recomendaba el predictamen conocido en la víspera.

Los que votaron a favor del predictamen que recomendó archivar el proyecto son, según consignó Bartra: Héctor Becerril, Mario Mantilla, Ángel Neyra, Luz Salgado, César Segura, Gladys Andrade, Yeni Vilcatoma, Tamar Arimborgo (todos de Fuerza Popular); asimismo, Sonia Echevarría (Acción Republicana), Salvador Heresi (Contigo), Julio Rosas (Acción Republicana), Estelita Bustos (Cambio 21), Marisol Espinoza (APP) y Javier Velásquez Quesquén (Apra).

Yonhy Lescano (Acción Popular) fue el único que votó en contra. Legisladores de otras bancadas se retiraron de la votación.

Aunque Bartra dio cuenta de 15 votos a favor, los votos válidos serían en realidad doce.

El documento recomendó desestimar la iniciativa del gobierno al cuestionar que el Ejecutivo tome como antecedente el adelanto de elecciones aprobado el 2000; advertir que se violan los límites que da la Constitución; negar que el Congreso sea obstruccionista; acusar falta de sustento en los objetivos del Gobierno; aseverar que el adelanto de comicios no mejorará la economía; calificar al referéndum como una vía no idónea y referir que la propuesta es "per se inconstitucional".

También consideró que el cronograma electoral estimado por el Ejecutivo era inviable y sostuvo que las recientes leyes de reforma política serán inaplicables.

La Comisión de Constitución tiene programado sesionar este jueves desde las 9:30 a.m.

El predictamen de la Comisión de Constitución del Congreso sobre el proyecto de adelanto de elecciones generales, presentado por el Ejecutivo, recomienda que esta iniciativa no sea aprobada. Por lo tanto, plantea su archivo.

El documento de trabajo, al que accedió El Comercio, analiza no solo el proyecto del Gobierno de Martín Vizcarra, sino también otras cinco iniciativas.

Entre las razones expuestas, se señala que los plazos propuestos por el Ejecutivo —proponía los comicios para abril del 2020— para el cronograma electoral de cara a los comicios del 2020 “no corresponden propiamente a un cronograma, cuya formulación se deja en manos de los organismos del sistema electoral…”.

El predictamen indica también que las recientes iniciativas de reforma política promulgadas, y que contienen cambios importantes para la consolidación de las organizaciones políticas, “no pueden ser aplicadas frente a la propuesta de adelanto de elecciones generales planteado en el proyecto” del Ejecutivo.

“¿Acaso la aplicación de la normatividad hoy vigente no tenía como objetivo reforzar la representación acercando a la ciudadanía a las organizaciones políticas, haciéndolas partícipes de su democracia interna, promoviendo la participación femenina, permitiendo la participación de organizaciones políticas sólidas bajos nuevos parámetros de entrada y de salida del sistema político? Resulta por demás contradictorio que se hayan presentado y promulgado reformas que hoy no puedan aplicarse, en desmedro, precisamente, de todo lo que se deseaba alcanzar con ellas”, dice el texto.

En esa línea, la comisión sostiene que la propuesta requiere de una regulación especial y no simplemente la adecuación de plazos y fechas propias de un proceso electoral.

Entre otros argumentos, el predictamen asevera que “la propuesta del Gobierno y sus similares carecen de una adecuada sustentación”.

“…La posición del Gobierno es más cuestionable cuando pretende someter a consulta popular lo que claramente se traduce en una afectación del derecho fundamental a la participación política; o, cuando, pretende utilizar la cuestión de confianza en vulneración al principio de separación de poderes por afectar las competencias exclusivas del Congreso”, también se apunta.

Además, se indica que “los efectos perniciosos y contrarios al interés general de nuestro país, hacen imposible su aprobación sin afectar el compromiso que se tiene con nuestra Patria. Las condiciones actuales no aseguran la aplicación efectiva de las reformas políticas y electorales, que paradójicamente, fueron impulsadas por este mismo Gobierno”.

En otro apartado, la comisión asegura que el Congreso ha estado “plenamente comprometido con la adecuada gestión del Gobierno”.

La Comisión de Constitución tiene programado sesionar este jueves desde las 9:30 a.m.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó el proyecto del reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), tras la reciente publicación de leyes de reforma política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alista un nuevo reglamento para la inscripción y cancelación de organizaciones políticas, con lo que se adecúa a las leyes de reforma política recientemente promulgadas.

Precisamente, el ente electoral publicó el proyecto del nuevo reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), a fin de modificar el vigente. A continuación, algunos puntos claves del texto.

1. Padrón de afiliados para la inscripción.
El proyecto de reglamento contempla que, para inscribirse, los partidos presenten un padrón de afiliados en un número no menor que el 0,1% del total de ciudadanos del padrón aprobado para los últimos comicios nacionales. Así, se elimina el requisito de presentar una relación de adherentes en la solicitud.

2. Cancelación del registro.
Una de las nuevas causales incluye la no participación de la agrupación política en elecciones de alcance nacional o el retiro de todas sus listas de candidatos del proceso electoral correspondiente. El reglamento del 2017, en base a la legislación anterior, mencionaba la no participación en dos procesos electorales sucesivos.

3. La formación de alianzas.
Siempre adecuándose a las nuevas leyes, el proyecto de reglamento establece que para elecciones generales solo se podrán inscribir alianzas entre partidos políticos. La coalición se cancelará cuando concluya el mandato de las autoridades que hubiesen resultado electas o si uno de los miembros no obtiene representación. Bajo el reglamento del 2017, se cancelan cuando concluye el proceso electoral, salvo que se decida modificar el plazo de vigencia.

4. Otros aspectos importantes.
Entre otras estipulaciones, se crea la figura de la suspensión de la inscripción de un partido si tiene un número de comités en funcionamiento menor que el establecido o si no mantiene la cantidad mínima de afiliados exigida. En tanto, se plantea que el kit electoral ya no se adquiera ante la ONPE, sino ante el JNE. Y con un plazo ya no de dos años, sino de uno para presentar la solicitud de inscripción.

José Tello, especialista en derecho electoral, destaca que si bien “no existe el mandato legal” de que las identidades de los afiliados sean verificadas por Reniec u ONPE, el proyecto incluye la opción de que el primer organismo haga la fiscalización.

Sin embargo, habla de un “vacío legal” en cuanto a la no cancelación del proceso de inscripción en caso de que se advierta fraude con las firmas.

Sobre la nueva figura de la suspensión de la inscripción, resalta: “Evitará que tengamos partidos fantasmas que no cumplan con tener una actividad permanente dentro o fuera de períodos electorales”.