* Esta noticia fue publicada originalmente por El Comercio
Reformas constitucionales deben ser votadas antes de la finalización de la legislatura para que tengan la oportunidad de ser consideradas de cara a las elecciones del 2021.
A contrarreloj, los congresistas observan de reojo el calendario. El domingo 5 de julio finalizará la primera legislatura -y al día siguiente arranca la segunda-, por lo que se busca que las reformas políticas y electorales pendientes sean debatidas y aprobadas por el pleno del Parlamento en aras de que puedan ser aplicadas en las Elecciones Generales 2021. Son dos los dictámenes con luz verde de la Comisión de Constitución, presidida por el legislador Omar Chehade (APP), los que concentran la atención : el que elimina la figura de la inmunidad parlamentaria y el que establece los impedimentos para postular a cargos públicos.
¿Qué dicen las normas actuales?
La prerrogativa de la inmunidad parlamentaria está contemplada en el artículo 93 de la Constitución. Actualmente en el dispositivo se especifica que los legisladores no pueden ser procesados, ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante. Ahora bien, respecto a los impedimentos para postular a cargos de elección popular, se plantea modificar los artículos 34, alusivo a que miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden postular a dichos cargos, y 39 de la Constitución, que radica en que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.
¿Cuáles son los cambios planteados?
Un total de 14 proyectos de ley fueron presentados para modificar la inmunidad parlamentaria, prerrogativa que, según sus defensores, obedece a que los congresistas puedan realizar su rol fiscalizador con la garantía de que las denuncias que se les interpongan por ello no procedan durante su período como parlamentarios. De las iniciativas contempladas en torno a la inmunidad, siete planteaban su eliminación, cuatro sugerían que continúe en manos del Congreso con modificaciones, tres proponían que sea revisada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y solo uno indicaba que la decisión sobre su levantamiento debía quedar en potestad del Tribunal Constitucional (TC).
Tras varias sesiones de debate y dos predictámenes fallidos, la Comisión de Constitución aprobó eliminar la figura de la inmunidad parlamentaria. La sugerencia de nuevo texto constitucional mantiene la mención de que los legisladores “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones” y añade que los procesos penales por delitos comunes cometidos durante el mandato de los congresistas serán de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.
De otro lado, respecto a la propuesta para establecer impedimentos para postular a cargos públicos, no es un tema nuevo en el último quinquenio. En abril del 2019, el Gobierno presentó un paquete de reforma electoral, basado en recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, con una iniciativa sobre este tema. Posteriormente, la Comisión de Constitución y el pleno del Congreso aprobaron establecer que se impida postular a cargos de elección popular a quienes cuenten con sentencia condenatoria “emitida en primera instancia por delito doloso”.
Sin embargo, es válido recordar que las modificaciones constitucionales requieren de dos votaciones en legislaturas consecutivas. La primera votación se dio al finalizar el primer semestre del 2019, pero hasta la fecha de la disolución del Congreso, 30 de setiembre del 2020, el pleno no había efectuado la segunda votación necesaria.
El proceso trunco evocó a la Comisión de Constitución a considerar que debía verse desde cero, por lo que se evaluaron tres nuevos proyectos de ley relativamente similares a la propuesta que se había aprobado en el pleno del primer semestre del 2019 respecto a fijar barreras a las candidaturas a cargos públicos de elección popular.
En un principio, el grupo que encabeza Chehade elaboró un predictamen que solo incluía como obstáculos los delitos de apología al terrorismo, terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violación, lo cual le valió las críticas del Ejecutivo, expresadas por el presidente Martín Vizcarra, así como de congresistas y organizaciones civiles.La rectificación llegó en la sesión posterior, la misma en la que el presidente de la Comisión de Constitución manifestó que el primer texto "solo se trataba de una propuesta inicial para arrancar el debate y llegar a un consenso".
Finalmente, por mayoría, el grupo aprobó que para el impedimento se admita la incorporación de los delitos dolosos sentenciados en primera instancia y que se extienda tanto para los autores como a los cómplices de las imputaciones. Para ello, sin embargo, la pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, deberá ser superior a cuatro años, y precisamente esa benévola mención ha levantado nuevas críticas por parte de varios legisladores.
