Reformas políticas

El juicio político contra Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), continúa tras la aprobación del Código de la Democracia.

El análisis surge porque la ley blinda a los funcionarios del ente electoral, cuando estos llaman a elecciones. Según el artículo 19 de la Ley Electoral, “la Función Legislativa no podrá designar reemplazos de funcionarios electorales destituidos por juicio político y estará impedida de iniciarlo una vez que se hubiere efectuado la convocatoria al proceso electoral y hasta que este concluya con la proclamación de resultados”.

Homero Castanier, de CREO, explicó que el proceso debe continuar y culminar en el pleno de la Asamblea.  El legislador señaló que se debe diferenciar dos escenarios: el inicio del año electoral y el llamado a elecciones. “Entiendo que el llamado a elecciones se realizará en 120 días antes del proceso electoral, que se llevará a cabo el próximo año”, dijo el asambleísta. Johanna Cedeño, titular de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, indicó que el próximo lunes se reunirá el organismo legislativo para solicitar una prórroga de cinco días y que prevén tener listo el informe máximo hasta el jueves 30 de enero. La mesa legislativa tiene que analizar 8.000 fojas. “El lunes se analizará la primera parte del informe, por eso es pertinente solicitar el plazo”.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, manifestó que el juicio contra Atamaint debe ir al pleno. No descartó que en un futuro otros vocales de la entidad electoral puedan ser convocados. “Me deja con mucha preocupación las acusaciones y desde mi perspectiva el pleno debe decidir”. César Solórzano, vicepresidente del Legislativo, considera que existen motivos para que el juicio pase al pleno. “El juicio debió realizarse a los cinco miembros del CNE, son un cuerpo colegiado”, manifestó el legislador.

Con el voto de la mayoría, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ratificación de 10 artículos y el allanamiento de ocho del Código de la Democracia, de los 18 observaciones que presentó el Ejecutivo. Los 125 legisladores estuvieron presentes, la sesión duró alrededor de tres horas. La votación del Código se dividió en tres bloques: ratificación, allanamiento y la disposición para que secretaría adecue los artículos. De esta manera, el Código Electoral entraría en vigencia a partir de las elecciones del 2021. Se reformaron 180 artículos, que comprende más del 40% de toda la normativa.

La Asamblea decidió que se mantengan las circunscripciones en Manabí, Guayas y Pichincha, pues el Ejecutivo quiso eliminar este sistema a través del veto, a lo que se opuso la mayoría parlamentaria. Se aprobó el cambió de Constitución de listas a cerradas y bloqueadas, votaciones en el exterior, asignación de escaños, participación de mujeres y jóvenes, entre otros. El CNE deberá esperar a que la normativa entre al registro oficial para iniciar con el proceso de implementación de la normativa. (I)

Uno de los planteamientos es incentivar las alianzas, a través del Fondo de Promoción Electoral. Esto evitaría la dispersión del voto y la polarización.

Las reformas al Código de la Democracia se encaminan principalmente a garantizar procesos electorales transparentes. Por eso, tanto el Legislativo como el Ejecutivo aportaron en el cambio de esta normativa que se aplicaba desde 2009 y acarreó problemas no solo en la organización de los comicios, sino que impuso modelos que perjudicaron la participación. Para el jurista Andrés Ricaurte, las reformas permitirán acercarnos como país a la consolidación de una sociedad democrática, organizada y transparente, en la que todos los estamentos puedan sentirse representados. Entre los elementos que destacó se encuentran la actualización de montos de gasto electoral, así como el destino de los fondos públicos empleados para las campañas partidistas, por cuanto usualmente se ha evidenciado una proliferación de candidaturas que conducían a un gasto indiscriminado. Cree que con las reformas planteadas los candidatos adquirirán una mayor responsabilidad, al punto de que podrán verse obligados a retribuir los fondos entregados en caso de no alcanzar porcentajes mínimos de votación. Sobre las circunscripciones dijo que en la gran mayoría de casos la ciudadanía no se encuentra plenamente comprometida con los procesos electorales.

Aclaró que una división distrital genera confusiones innecesarias, al tiempo que afecta al derecho de representación pues reduce las posibilidades para que las minorías se encuentren representadas. Al respecto Ximena Peña, de Alianza PAIS, y presidenta de la Comisión de Justicia, que revisó el veto del Ejecutivo al Código de la Democracia, señaló que el trabajo de la Asamblea en la preparación de la normativa -que tiene 168 artículos-, fue responsable, por eso el Primer Mandatario solo observó 18. Peña enfatizó que de los cambios propuestos por el Ejecutivo, la Comisión que preside resolvió allanarse a ocho y ratificarse en 10. Comentó que el aporte del Jefe de Estado fue fundamental para incorporar el planteamiento de incentivar las alianzas a través del Fondo de Promoción Electoral, que asignará el 20% por cada organización que inscriba una alianza. Considera que en la votación del pleno de este día no habrá problemas para aprobar el informe del veto y se publicará de inmediato en el Registro Oficial de manera que entre en vigencia. “Las reformas planteadas buscan fortalecer el sistema de organizaciones políticas en el ámbito de la participación democrática”, señaló el analista Esteban Ron. Opinó que se puede ver un claro impulso a las alianzas a través de estímulos con el fondo partidario. “Así se evitará la dispersión del voto y la polarización ideológica de organizaciones de una misma línea política”, añadió Ron.

Después de un retraso de cuatro horas en su inicio, por una reunión previa de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), la Cámara del Senado aprobó, en grande y en detalle, con más de dos tercios el proyecto de Ley exepcional de prórroga del mandato de la presidenta Jeanine Áñez, de los legisladores y de las autoridades subnacionales. 

La 'línea dura' del MAS observó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no emitió un fallo claro con relación al proyecto de ley y, que, esa acción, dejó que la Asamblea decida en votación. Además, hubo una asambleísta que propuso que el camino correcto al respecto era que el 22 de enero asuma la presidente del Tribunal Supremo de Justicia (Salvador Romero).

La senadora del MAS, Adriana Salvatierra, observó que no se tenía todos los documentos y votos aclaratorios de los magistrados del TCP para tomar una decisión de esta importancia.

Los asambleístas menos radicales criticaron la persecución que ejerce el Gobierno, la cual - dijeron- puso por encima de la pacificación en el país.  

Ahora, el proyecto de ley, que consta de cuatro artículos, pasa a la Cámara de Diputados para su sanción. Después de esa etapa, se trasladará al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

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Hablamos con Adrian Urrutia, Director de diversidad LGBTI, del gobierno de Neuquen, Argentina. Sobre construcción de políticas publicas con enfoque diferencial.