Sesión. El pleno del TC analizará si admite a trámite la demanda competencial de Pedro Olaechea contra el Ejecutivo. El magistrado designado para el caso, Carlos Ramos, propondría que se acepte.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC), integrado por sus siete magistrados, definirá esta mañana si admite a trámite o no la demanda competencial que presentó —a nombre del Congreso de la República— el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, contra el Poder Ejecutivo por la disolución del Parlamento.

Según fuentes, el magistrado Carlos Ramos Núñez —ponente de la causa— propondrá que el trámite de la demanda se declare admisible. Esto no implica que la demanda sea amparada, sino que deberá seguir su trámite al interior del TC.

Como se recuerda, el pasado 30 de setiembre, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso argumentando que este poder del Estado le negó de manera fáctica la cuestión de confianza al entonces primer ministro, Salvador del Solar.

“Es probable que mañana mismo [hoy] tengamos la decisión adoptada”, dijo el presidente del TC, Ernesto Blume, en declaraciones a la prensa.

Junto a Blume y Ramos, integran el pleno Manuel Miranda (vicepresidente), José Luis Sardón, Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Augusto Ferrero.

—Propone que se admita—

Fuentes del Tribunal Constitucional explicaron que el magistrado Carlos Ramos tiene previsto presentar un solo auto de calificación de la demanda. En este propondrá que la demanda competencial se admita a trámite y que se rechace la medida cautelar que también presentó Olaechea para suspender los efectos de la disolución del Congreso.

La admisibilidad de la demanda se fundamentaría en el principio ‘pro actione’. Este se encuentra estipulado en el artículo 45º del Código Procesal Constitucional, según el cual, en caso de duda, se preferirá dar trámite a la demanda de amparo. O, en este caso, a la demanda competencial.

Otra fuente del TC se mostró de acuerdo con la admisibilidad de la demanda competencial, argumentando que debería favorecerse un recurso de esta naturaleza “aunque se dude de la titularidad del demandante”.

Finalmente, otro integrante del pleno explicó que, si bien en su opinión existen muchas razones para declarar improcedente la demanda, se debe privilegiar otros valores constitucionales y admitirla a trámite a fin de escuchar a las partes en una audiencia pública.

Aclararon que la admisión no significa que se le dé la razón al demandante, sino que “se abrirá una discusión sobre el tema” y más adelante el TC pueda “fijar una posición sobre la cuestión de confianza”.

Por tanto, de no haber mayor inconveniente, la demanda competencial sería declarada admisible por mayoría —incluso por unanimidad— de ser el caso. Otro sería el debate sobre la medida cautelar.

Especialistas opinan que el recurso debe ser tramitado

Especialistas coincidieron en que el Tribunal Constitucional debe admitir a trámite la demanda de Pedro Olaechea contra la disolución del Congreso.

Óscar Urviola, expresidente del TC, sostuvo que declarar improcedente la demanda por considerar que Olaechea no estaba facultado para presentar el recurso sería “evidentemente formalista”, en tanto la regla en los procesos constitucionales es que “una forma no puede estar por encima de la cuestión de fondo”.

El profesor de Derecho Constitucional Raúl Ferrero opinó que es preferible que el TC admita la demanda para que, de ese modo, podamos conocer la opinión del máximo intérprete de la Constitución acerca de los hechos suscitados de la crisis política. Según el especialista, la decisión servirá también para dilucidar los alcances de la Comisión Permanente.

Francisco Eguiguren, abogado constitucionalista, consideró que la disolución del Congreso es constitucional y que Olaechea, en calidad de titular de la Comisión Permanente, no tiene la facultad para presentar una demanda de competencia ante el TC. Sin embargo, el especialista cree que si bien existen razones formales para declarar improcedente el recurso, “por la relevancia del tema, es políticamente preferible para el país que el TC apruebe la admisión y le dé trámite”.

Por otro lado, Eguiguren y Ferrero consideraron que la medida cautelar debe ser declarada infundada. Mientras que Urviola sostuvo que el máximo órgano constitucional podría considerar que declarar nula la disolución del Congreso afectaría el proceso electoral en curso.

Los tres coincidieron en que el TC debe pronunciarse lo más pronto posible sobre el fondo de la demanda. No obstante, estimaron que ello podría tardar entre dos meses y dos meses y medio.

No todas las agrupaciones han definido sus procesos de democracia interna. Cobros a precandidatos y listas varían entre S/100 y S/10.000

Faltan dos semanas para el vencimiento del plazo que tienen los partidos políticos para seleccionar a sus candidatos y menos de un mes para que presenten sus listas con miras a las elecciones parlamentarias del 2020. Estando contra el tiempo por el ajustado cronograma electoral, al menos la mitad de las 24 agrupaciones vigentes tiene ya reglamentados y encaminados sus procesos de democracia interna.

Uno de ellos es el Partido Aprista, que aunque se ha expresado en contra de la disolución del Congreso, apuesta por participar y seleccionar a sus precandidatos con la modalidad un militante un voto. “Hay efervescencia doctrinaria, política, hay más aprismo”, dijo Moisés Tambini, presidente del Tribunal Nacional Electoral.

Otro caso es el de Acción Popular, donde ayer, entre las 6 y 10 p.m. se presentaron las solicitudes de inscripción. En el Frente Amplio, se aprobó la elección interna nacional con la misma modalidad, aunque algunas voces del partido advierten que no habría la capacidad para ese procedimiento en todas las regiones, por lo que el camino serían los delegados. Mientras tanto, si bien se sabe que Fuerza Popular decidió elegir a sus candidatos mediante asamblea de delegados por la premura del tiempo, fuentes del partido indicaron que hasta ayer no había una fecha anunciada para esa cita ni directivas del proceso interno.

Contra el tiempo también está la anunciada alianza de organizaciones de izquierda entre los partidos Juntos por el Perú, Perú Libre y el movimiento sin inscripción Nuevo Perú. Roberto Sánchez, presidente de la primera organización, comentó que trabajan intensamente antes de oficializar el pacto. “Tanto el acta de la alianza, así como el reglamento electoral y la representación electoral de las fuerzas políticas en cada jurisdicción es materia de todos estos días”, refirió.

En Somos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Partido Popular Cristiano (PPC), Contigo, Perú Nación, Podemos Perú, Democracia Directa, Vamos Perú y Unión por el Perú también ya hay directivas internas. Por otro lado, el Partido Morado tendrá una cumbre en Trujillo el 25 y 26 de octubre para definir su proceder y Perú Patria Segura aún evalúa si participa solo o en alianza. Los demás partidos están por definir su participación y procedimientos.

—Cobros por postular—

Los partidos cobran una tasa por inscripción de precandidatos. Por ejemplo, en Perú Nación esta es de S/5.000. En Democracia Directa, la carpeta de postulación se adquiere por S/100; mientras que hay dos aportes solicitados para los que resulten electos precandidatos: S/1.000 (militantes) y S/2.000 (invitados). William Zabarburú, dirigente del Frente Amplio, adelantó que se acordaría cobrar un aporte simbólico.

“Los partidos son asociaciones privadas, autorregulan sus finanzas e ingresos”, señala José Tello, especialista en temas electorales, al explicar la legalidad de los cobros para financiar los procesos electorales y tener liquidez. Añade que son normas establecidas en los estatutos a los que se someten los militantes.

Somos Perú explica que “las cuotas responden a la naturaleza y complejidad del proceso electoral, como a los gastos que se deriven de la organización y desarrollo del mismo”.

En tanto, se siguen confirmando precandidaturas en Lima. Los excandidatos a la Alcaldía de Lima Alberto Beingolea y Enrique Fernández van con el PPC y Frente Amplio, respectivamente.

Especialistas en derecho electoral analizan las condiciones para postular al Congreso en enero próximo y en las elecciones del 2021

Hasta ahora ningún miembro del Congreso disuelto ha confirmado si buscará la reelección en enero del 2020. El plazo para que se inscriban las listas vence el 18 de noviembre. En esta nota, desarrollamos preguntas y respuestas sobre las condiciones para participar en este y en el próximo proceso electoral, teniendo en cuenta la última reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata.

1. ¿Los miembros del Congreso disuelto pueden postular en el 2020 ?

Para los especialistas en derecho electoral José Villalobos y José Tello, los integrantes del Congreso disuelto el pasado 30 de septiembre sí podrían participar en este proceso, pues no lo harán para un nuevo período sino para completar el correspondiente a la etapa 2016-2021.

En cambio, para el profesor de la PUCP y exdefensor del Pueblo Walter Albán, estos no pueden tentar una curul en enero próximo porque se les aplica el impedimento constitucional. Según comentó, “el sentido de la votación cuando se hizo el referéndum fue ese, que no hubiera reelección inmediata”.

2. ¿Los miembros del Congreso disuelto pueden postular en el 2021?

José Tello señala que no podrían por el impedimento legal de la reelección. Es decir, en su lectura, los legisladores que fueron elegidos para el período 2016-2021 están impedidos de postular “a lo que sería una reelección para el nuevo período 2021-2026”. Agregó que el haber tenido una interrupción o una terminación anticipada de su mandato congresal no los exime de que se les aplique el impedimento.

Walter Albán consideró que el impedimento para postular a la reelección se aplica en este caso también.

3. ¿Los nuevos parlamentarios que sean elegidos el 2020, pueden ser reelegidos el 2021?

Tello, Villalobos y Albán coincidieron en que no podrían porque también se les aplica el impedimento de la reelección.

4. ¿Por qué el JNE no ha precisado si los miembros del Congreso disuelto pueden postular o no en el 2020?

Villalobos recordó que, según la Ley Orgánica del JNE, este solo puede “absolver las consultas de carácter genérico no referidas a casos concretos que los jurados especiales formulen”. Advirtió que señalar en este momento una prohibición para ellos afectaría su derecho a recurrir a la doble instancia o interponer una acción de amparo ante el TC.

Agregó que estos casos se definirán cuando inscriban sus candidaturas.

Solo cuatro partidos analizan posibles alianzas electorales para los comicios del 2020. Los demás optan por construir listas fuertes que incluyen a algunos excandidatos presidenciales

La inscripción de candidaturas para las elecciones parlamentarias del 2020 tiene como fecha límite el 18 de noviembre. En casi un mes, los partidos deberán definir sus estrategias en busca de superar la valla electoral para alcanzar cupos en el próximo Parlamento. Varios contactos se han dado, pero solo cuatro de las 24 organizaciones con inscripción –APP, Perú Patria Segura, Juntos por el Perú y Perú Libre– han avanzado conversaciones que podrían acabar en la conformación de una alianza.

Los comicios se regirán bajo las normas electorales del 2016, sin contar con tres leyes de la reforma política promulgadas en agosto. De no postular, los partidos no perderán su inscripción legal, y no se elevará la valla (5%) en un punto por cada partido que conforme la alianza electoral.

Alianza para el Progreso (APP) es, por el momento, el partido que genera más expectativas y posee mayor atractivo por los recursos económicos que maneja y por la expansión territorial que tiene gracias a sus autoridades subnacionales. APP fue el partido con mayor efectividad en las elecciones regionales y distritales del 2018.

Varios partidos han buscado reunirse con César Acuña, líder de APP, pero hasta la fecha solo uno ha logrado acercarse: Perú Patria Segura. Su dirigente, Renzo Reggiardo, ha sido invitado a ocupar el número 1 de la lista de APP por Lima. La invitación ha sido planteada de manera individual y no como una alianza formal que ceda cupos.

En Lima, según las fuentes consultadas, APP también ha buscado al exministro Daniel Urresti y a la exprocuradora Julia Príncipe, mientras que para el interior del país se perfila el exgobernador Luis Valdez Farías para encabezar la lista de La Libertad. Valdez acaba de ser nombrado secretario ejecutivo nacional del partido en reemplazo de Luis Iberico. Todas las fuentes consultadas descartaron que César Acuña vaya a postular al Congreso.

La alianza que más ha avanzado es la de los izquierdistas Juntos por el Perú, de Yehude Simon, y Perú Libre, de Vladimir Cerrón (quien también tiene la inscripción de Perú Libertario). Ayer, el Nuevo Perú, de Verónika Mendoza, decidió sumarse a esta coalición. En una carta enviada el jueves –firmada por Marisa Glave, Indira Huilca y Tania Pariona–, 86 miembros de Nuevo Perú se opusieron a esta alianza y piden que se espere la obtención de su inscripción para postular en el 2021. Los integrantes del Congreso disuelto Richard Arce y Horacio Zeballos renunciaron a esta agrupación ante la inminencia de que se tome esta decisión. El otro partido izquierdista, Frente Amplio, prefiere ir por su cuenta, pues en la elección del 2018 lograron ganar en algunas plazas.

–Definiendo candidatos–

Hasta la fecha, suman 20 las tiendas políticas que han confirmado su participación en los comicios del 2020. Pese a ello, aún existe incertidumbre en la conformación de las listas.

En Fuerza Popular, los integrantes de la exbancada decidieron que propondrán que el congreso nacional del partido –que se realizará hoy– evalúe la posibilidad de permitirles que postulen a la reelección. La propuesta fue impulsada por Rosa Bartra y Héctor Becerril.

Acción Popular, el segundo partido con mayores autoridades elegidas en las subnacionales del 2018, no irá en alianzas ni tendrá invitados, según anunció su presidente, Mesías Guevara. Algo parecido sucede en el Partido Popular Cristiano (PPC), donde buscarán impulsar la participación de su militancia. Ellos ya tienen varios nombres en el tintero.

Alberto Beingolea, excongresista y excandidato a la alcaldía de Lima, encabezaría su lista por Lima. Además son voceados Alberto Valenzuela, Javier Bedoya Denegri, Sergio Alba, Andrea Lanata, Karen Kraft y Claudia Cantella. Los excongresistas Marisol Pérez Tello y Javier Bedoya de Vivanco descartaron su postulación. En la última reunión que tuvo el PPC, el martes pasado, se deslizó la posibilidad de buscar alianzas, pero la mayoría recordó que en la última experiencia del 2016, junto al Apra y Vamos Perú, pasaron raspando la valla y solo los apristas consiguieron representación.

Vamos Perú está en la misma línea, pues su líder y fundador, Juan Sotomayor, anunció que postularán solos. Hasta la fecha tiene completas sus listas en 20 regiones. Fuentes de Perú Firme (antes Restauración Nacional) indicaron que aún mantenían conversaciones para una alianza con Vamos Perú, pero el mismo Sotomayor lo descartó. “Es importante que vayamos con gente que piense igual que nosotros en busca del diálogo. Este no es un vientre de alquiler y yo soy una persona de definiciones”, afirmó.

Sotomayor confirmó que postulará al Congreso por el Callao, donde ha sido alcalde distrital y provincial. Si bien no quiso brindar detalles sobre su lista por Lima, este Diario pudo conocer que postularían a Doyle Acosta y Eric Koechlin, excandidatos del 2016; y que vienen conversando con algunos invitados como la regidora de Surco, Mariella Sánchez Zanetti, conocida en el espectáculo como Mariella Zanetti.

Perú Nación es otro partido que ha decidido postular solo y llevará como cabeza de lista por Lima a su excandidato presidencial, Francisco Diez Canseco. “Creemos que somos un partido limpio con gente nueva y honesta. Llamaron algunos partidos a través de terceros, como Somos Perú y el Partido Morado, pero buscamos fortalecer nuestra estructura para también poder conocer nuestros votos de soporte a nivel nacional”, explicó Héctor Valer, secretario de organización.

–Líderes descartados–

Rodolfo Pérez, secretario general del Partido Morado, descartó que Julio Guzmán vaya a encabezar la lista al Congreso de su organización. “No vamos a ir en ninguna alianza, pero convocaremos a invitados que concuerden con nuestra agenda”, señaló. Esperarán que se defina si los integrantes del Congreso disuelto pueden postular a la reelección, pues están considerando a Gino Costa y Alberto de Belaunde.

El expresidente Ollanta Humala indicó que el Partido Nacionalista aún evalúa si postulará. La dirigente Cynthya Montes explicó que buscan “acuerdos políticos con algunos representantes de regiones”. Montes descartó que Humala y su esposa Nadine Heredia postulen.

En Democracia Directa, el partido de los fonavistas, también tienen definido que participarán solos. El dirigente Jorge Rimarachín indicó que en Lima postularía Andrés Alcántara y que buscarán invitar a Salvador del Solar, Hernando de Soto y Jorge Nieto. Rimarachín volverá a postular por Cajamarca, donde en el 2011 fue elegido por el nacionalismo.

Gregorio Santos buscó candidatear con este partido pero fue rechazado. Según fuentes, el expresidente regional de Cajamarca ahora busca a Renacimiento Unido Nacional (antes Siempre Unidos). Este partido nació bajo la inscripción de Ciro Gálvez.

El Apra y Podemos Perú afrontan situaciones delicadas, pues quienes fueran sus líderes, Alan García y José Luna, fueron involucrados en el Caso Lava Jato. Si bien ya habían confirmado su postulación, ahora el panorama luce incierto para ambos partidos.

Unión por el Perú es otro partido que irá sin una alianza formal, pero se sumará al Frente Patriótico integrado por Antauro Humala y Virgilio Acuña. Su líder, José Vega, descartó que Humala intente postular, pero indicó que Acuña es una carta viable.

En Contigo (antes Peruanos por el Kambio) indicaron que están buscando candidatos y que aún no definían si irán solos o en alianza. Por lo pronto, su dirigente Salvador Heresi le ha propuesto a Jaime Bayly ser el candidato presidencial del partido en el 2021.

Magistrado del TC Carlos Ramos deberá sustentar, a más tardar el 29 de octubre, si se admite a trámite el recurso de Pedro Olaechea contra la disolución del Congreso

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos tendrá plazo hasta el próximo martes 29 de octubre para entregar su proyecto de resolución –declarando admisible o inadmisible– la demanda competencial interpuesta por Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, contra el Ejecutivo.

Ayer Ramos Núñez fue elegido por la mayoría del pleno del TC como el encargado de realizar la calificación de forma del reclamo constitucional.

Fuentes de El Comercio informaron que dicho magistrado recibió el respaldo de sus homólogos Manuel Miranda (vicepresidente del TC), Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña.

Ernesto Blume (presidente del TC) y José Luis Sardón, votaron en minoría para que Augusto Ferrero Costa fuera el ponente.

Como se recuerda, la demanda competencial cuestiona la disolución del Congreso dispuesta por el Ejecutivo el pasado 30 de setiembre.

Enorme compromiso

El presidente del TC, Ernesto Blume, en rueda de prensa –ofrecida ayer por la tarde– confirmó la designación de Ramos Núñez y anunció la fecha límite en que el caso deberá ser calificado.

El 29 de octubre el proyecto de Ramos será debatido por el pleno del TC. El documento puede ser aceptado o rechazado.

La demanda de Olaechea pide que se defina si el Ejecutivo tiene competencia para plantear una cuestión de confianza sobre atribuciones del Legislativo. Además, solicita al TC que declare que la cuestión de confianza solo puede ser otorgada por el Legislativo de manera expresa a través de una votación en el pleno y no de manera tácita o fáctica.

El pedido fue acompañado por una medida cautelar para que el TC suspenda los efectos de la resolución que ordena la disolución del Congreso.

Al respecto, el magistrado Carlos Ramos anunció que “probablemente” presente también una ponencia sobre la medida cautelar planteada.

El magistrado calificó su designación como “una gran responsabilidad”. “Más allá de las responsabilidades personales que nos tocan, es algo de carácter histórico y es un enorme compromiso para todos”, dijo.

Ramos Núñez aseguró que él no adelantó opinión de ningún tipo sobre esta demanda. “No había ningún proceso ingresado en el Tribunal Constitucional [...]. Ingresó hace poco, ahora yo soy ponente y no puedo en estas condiciones hacer ningún adelanto de opinión”, manifestó.

El magistrado también se pronunció sobre un proyecto elaborado por el coordinador de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales del TC, Omar Sar Suárez. Según dijo Ernesto Blume a El Comercio, el informe se hizo sin que alguien se lo pidiera al funcionario y plantea que la demanda competencial presentada por Olaechea como presidente del Congreso disuelto sea admitida.

“Voy a considerarlo [el informe de asesoría], pero al final tengo plena libertad para hacerlo mío, rechazarlo, cambiarlo, en fin [...]. Es un tema que a estas alturas no deja de ser anecdótico, nada más, porque la prerrogativa para la propuesta del auto está en manos del ponente”, indicó Ramos ante la prensa.

Finalmente, Ramos Núñez también indicó que, si bien el reciente informe de la Comisión de Venecia solicitado por Olaechea “tiene un carácter informativo”, se tomará en cuenta.

Cada quien con su rol

El presidente Martín Vizcarra, poco antes de conocerse la decisión adoptada por la mayoría del pleno del TC sobre la demanda competencial, consideró que cada institución debe cumplir con el rol que le corresponde.

“Cada institución tiene que cumplir con su rol, cada poder del Estado tiene que, responsablemente, hacer lo que corresponda. No solo por el deber de cumplir todos la Constitución, sino porque todos tenemos la vigilancia y los ojos puestos de los ciudadanos”, enfatizó el jefe del Estado.

Desde Piura, donde acudió a la inauguración del colegio Almirante Miguel Grau del distrito de Huarmaca, el mandatario sostuvo que las decisiones se deben tomar en pro de la ciudadanía.

“Porque nos debemos a los ciudadanos tenemos que tomar las decisiones en función de lo mejor para la ciudadanía y en cumplimiento de la ley”, sentenció Vizcarra.

El mandatario también se pronunció sobre la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que enviará una misión de observación para las elecciones del 2020. “Ellos ven con mucha tranquilidad y confianza lo que ocurre en el Perú porque ven que se cumplen las normas y la Constitución”, remarcó.

Acción Popular tendrá un plenario extraordinario el próximo 19. APP presentará lista con cuota de género del 40%. En la izquierda, Juntos por el Perú apunta a alianza con NP y PL. Frente Amplio marca distancia de grupos vinculados con la corrupción.

Hay una agenda intensa en los partidos políticos. Tras el cronograma oficial anunciado por los organismos electorales para los comicios del 26 de enero, los cuadros dirigenciales anuncian reuniones de emergencia y sesiones permanentes, con el fin de definir sus mecanismos de democracia interna y eventuales alianzas dentro de los plazos sumamente ajustados.

Y es que desde ayer ya rige el periodo para la democracia interna y el plazo tiene vigencia hasta el 6 de noviembre. Es decir, apenas tres semanas y media para afinar sus cronogramas y definir sus listas.

Otra decisión importante para algunas organizaciones será si van o no con otros partidos políticos. El plazo oficial para inscribir alianzas electorales vence el jueves 31 de octubre.

Posibles alianzas

De momento, la única alianza electoral que parece avanzar corresponde a Juntos por el Perú (JP), Perú Libre y Nuevo Perú. Roberto Sánchez, presidente de JP, adelantó que su partido ya decidió esta alianza y los otros dos grupos estarían tomando una decisión el 19.

Sánchez subrayó que Yehude Simon ha pedido la suspensión de su militancia tras la mención que hizo Jorge Barata, en el sentido de que Odebrecht habría financiado su campaña.

Al ser consultado sobre Perú Libre y su líder Vladimir Cerrón, preso por corrupción, Sánchez sostuvo que el tema está en manos de la justicia y otras personas representan a este grupo.

En tanto, el Frente Amplio ya decidió apostar solamente por alianzas con movimientos y organizaciones sociales, excluyendo a aquellos grupos que tengan vinculación con la corrupción, según adelantó el dirigente Jorge Aparcana.

Los que van solos

Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, destacó que su partido irá a la contienda sin alianzas y ya convocó para el sábado 19 a un plenario extraordinario. Los temas: participación en las elecciones, cronograma, modalidad de designación de candidatos y decidir si van sin alianzas y sin invitados.

En Alianza Para el Progreso (APP), el vocero Luis Valdez informó que tampoco harán alianzas. El dirigente subrayó que, si bien no tendrá vigencia legal el sistema de cuota de género al 40%, este partido sí aplicará este sistema en su lista.

Perú Firme (antes Restauración Nacional), que tiene como nuevo aliado a Daniel Salaverry, aún evalúa si van a la contienda. El dirigente John Fernández explicó que por el momento evalúan las implicancias de pasar o no la valla electoral.

En el Apra, las decisiones estarían sujetas al congreso nacional que tendrán el 26 y 27 de este mes, donde la militancia debe elegir a sus dirigentes. La Comisión Política, sin embargo, podría optar por otra decisión, dado el cronograma ajustado.

En cambio, el Partido Nacionalista Peruano sí irá a la contienda y su dirigente, el expresidente Ollanta Humala, tendrá actividades proselitistas durante la semana entrante en Ayacucho. Según se conoció, ni Humala ni Nadine Heredia postularán para el Congreso.

Villalobos: No perderían inscripción

José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, explicó que la Ley de Partidos Políticos (Art. 13) establece que una agrupación pierde la inscripción si no pasa la valla “en el último proceso de elección general”.

En tal sentido, esta regla no aplicaría para la presente contienda, debido a que se trata solo de elecciones parlamentarias y no elecciones generales, donde además se elige al presidente.

Según detalló, los partidos podrían participar en el 2020 y no pasar la valla, y aún así no perderían la inscripción.

Reglas. El JNE decidió que no entren en vigencia normas publicadas un año antes de la fecha del proceso. Peruanos en el exterior podrán votar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó el calendario y la normativa que regirán para los comicios al Congreso del 2020. La decisión fue tomada con la participación de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), detallaron en un comunicado.

El ente electoral decidió que tres leyes de la reforma política –impulsada por el gobierno del presidente Martín Vizcarra– no tendrán vigencia para el proceso convocado para el 26 de enero del 2020. Estas son las leyes 30995, 30996 y 30998. En su lugar, se aplicarán las normas que estuvieron vigentes en el 2016.

Para José Tello, especialista en derecho electoral, los partidos políticos que no participen no perderán su inscripción, pues está vigente la anterior ley que señala que estas organizaciones pueden abstenerse de participar en un proceso. Los que sí estarán obligados a hacerlo, si no quieren perder su inscripción, son aquellos que no participaron en las elecciones del 2016: Partido Nacionalista, Solidaridad Nacional, Juntos por el Perú (antes Partido Humanista), entre otros.

Además, en el documento del JNE se argumenta que se tomó esta decisión por “seguridad jurídica”, en tanto las reformas fueron publicadas el 27 de agosto del 2019, menos de un año antes de la fecha de la elección. El jefe de la ONPE, Manuel Cox Ganoza, y el del Reniec, Bernardo Pachas Serrano, señalaron que esta decisión facilita el desarrollo de este proceso electoral extraordinario, según el comunicado emitido.

Asimismo, el JNE estableció que los peruanos residentes en el exterior podrán votar, con lo cual corrigió un error detectado días atrás. Serán considerados dentro del distrito electoral de Lima.

Estas decisiones se dan en aplicación del Decreto de Urgencia 002-2019, con el que se autoriza a los organismos electorales a expedir las normas necesarias para el proceso. Además, el JNE resuelve un problema advertido por varios especialistas: que las reglas se definan antes de que lleguen las observaciones a los jurados electorales especiales en el momento de la inscripción.

–REELECCIÓN–

Ni la resolución ni el comunicado del JNE aclaran si estará vigente la prohibición de la reelección de congresistas en estos comicios.

Para Tello, los integrantes del Congreso disuelto sí podrían participar en este proceso, pues ellos están impedidos de reelegirse para un nuevo período, pero este será uno para completar el del 2016-2021. Ellos y los que resulten elegidos en enero estarían prohibidos de participar en el 2021-2026.

El especialista José Manuel Villalobos coincide con esa opinión. Pero señala que estos casos se definirán si alguno de los integrantes del Congreso disuelto se inscribe ante los jurados electorales especiales.

Además, el JNE aprobó el calendario electoral. El período de democracia interna regirá desde hoy hasta el 6 de noviembre y la presentación de listas de candidatos será hasta el 18 de noviembre.

El Ejecutivo aprueba su primer decreto de urgencia tras la disolución del Congreso

El gobierno del presidente Martín Vizcarra aprobó ayer en el Consejo de Ministros su primer decreto de urgencia tras la disolución del Congreso hace diez días.

La norma, publicada en una edición extraordinaria de “El Peruano”, autoriza a los entes electorales para que, en el terreno de sus competencias y atribuciones constitucionales, emitan reglamentos, normas y otras disposiciones necesarias para “garantizar el desarrollo de las elecciones para un nuevo Congreso [...] incluyendo aquellas destinadas a adecuar los procedimientos y plazos del cronograma electoral”.

El decreto también establece disposiciones para que los organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec) puedan contratar bienes y servicios en todo el país, así como los respectivos créditos presupuestarios, y financiamiento.

En sus considerandos se indica que así se da cumplimiento al Decreto Supremo 165-2019-PCM, que disuelve el Congreso y convoca a elecciones para uno nuevo el 26 de enero del 2020, “a fin de completar el período constitucional parlamentario” de los legisladores que fueron elegidos el 2016.

Sobre el tema, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, aseguró en una conferencia con medios extranjeros que el Gobierno no participará ni tendrá “ningún nivel de involucramiento” en las elecciones de enero.

Subrayó que el Gobierno impulsará este proceso con un rol neutral, “dentro de un espacio democrático y transparente que garantice la masiva participación de la ciudadanía”.

Asimismo, mencionó que los procesos de contratación, a cargo de los entes electorales, estarán sometidos a los mecanismos de la Contraloría General de la República.

Sobre cuáles serán las prioridades del Gabinete que encabeza, Zeballos mencionó el crecimiento económico, la generación de empleos, la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana.

En esa línea, anunció que ante la falta de un pleno del Congreso al cual dirigirse, antes de 30 días propondrá “en un foro de legitimidad”, cuáles serán los lineamientos de la política general del Gabinete. Solo adelantó que estos serán “racionales y ponderados”.

Rol del JNE y la ONPE

Desde el JNE indicaron a este Diario que son varias las normas que está viendo este órgano y recordaron que en los últimos días se dieron dos directivas. Una de estas fijó el 30 de septiembre como fecha de cierre del padrón electoral y la otra definió la instalación de 60 jurados electorales especiales (JEE) en el país para impartir justicia electoral en estos comicios.

Desde la ONPE dijeron que analizarán el contenido del decreto antes de señalar qué directivas emitirán.

La propuesta, que está en el pleno de la Asamblea, impulsa también la eliminación de las circunscripciones provinciales para las próximas elecciones

 El sistema de asignación de escaños para la Asamblea Nacional es un tema que entrará de cajón en las reformas al Código de la Democracia. Las propuestas apuntan a la eliminación del método D’Hondt y de aprobarse cambiaría el mapa político en la Asamblea de 2021.

El consejero electoral, Luis Verdesoto, explica que el sistema actual beneficia a los partidos grandes. Esto ocurre porque el voto es fraccionado y por ello hay candidatos que, a pesar de ser los más votados en su provincia, “no les alcanza para ser dignidad ya que no completan los requeridos dentro de una lista”.

La asignación de escaños en la Asamblea se remite al artículo 164 del Código de la Democracia. La norma establece que el método Webster es usado para la elección de representantes nacionales.

Mientras que  para las dignidades pluripersonales restantes (asambleístas provinciales, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales) se aplica el famoso método D’Hondt.

El catedrático Rafael Estrella y autor del libro Webster vs. D’Hondt. El principio constitucional de proporcionalidad”, es partidario de eliminar el actual sistema. Él prefiere una lista cerrada para que el ciudadano vote por su organización política y no entre listas. “Las listas abiertas, con el engaño de incrementar derechos, no hace más que diluir el voto de los que optan por esta opción”.

Para los expertos otra regla que fragmentó el voto es la división de las provincias en circunscripciones. Guayas, Manabí y Pichincha fueron divididas bajo este concepto. La idea es darle mayor participación a las organizaciones políticas pequeñas y a candidatos de los cantones y no solo de la capital.

El coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, Fausto Camacho, recalca que el tamaño de la circunscripción no está dado por la geografía, ni por la población de cada provincia, que determina el número de representantes en el Parlamento. Él apoya que se revise esta división porque a su criterio no ha dado la representación que se buscaba y favoreció a un solo partido político.

Por su parte, Verdesoto sostiene que en caso de aprobarse la eliminación del método de D’Hondt no habrá necesidad de las circunscripciones territoriales.  

Fabricio Villamar, legislador de CREO, sostiene que con estas propuestas se le puede devolver la responsabilidad a las organizaciones de “armar listas competentes” y de “ahí vendrá la decisión del ciudadano” para votar por ellos. La Asamblea no ha reactivado el debate de este proyecto que debe estar listo antes de diciembre.

Especialistas discrepan sobre la aplicación de reglas para nuevas elecciones legislativas. Piden definir situación de votos en el exterior.

Las elecciones parlamentarias convocadas para el 26 de enero próximo deberán organizarse en menos de la mitad de tiempo que toman los comicios generales en promedio. Con un plazo de poco más de tres meses, los partidos políticos buscan candidatos mientras esperan la definición de las reglas de la contienda congresal.

El proceso para los comicios generales del 2016 se inició en octubre del 2015 y tomó 210 días hasta la primera vuelta de abril, cuando se definió quiénes serían los 130 integrantes del Congreso. Para la elección de enero el tiempo corre contra el reloj, pues, si se cuenta desde hoy, el proceso tiene 110 días para llevarse a cabo.

Un ejemplo que grafica lo ajustado de los plazos es el período de elecciones internas. En el 2016 se programaron 99 días, y en la proyección para los comicios del 2020 se cuenta con solo 30 días. Las proyecciones de los entes electorales indican que este proceso interno debería realizarse entre el 1 y el 31 de octubre, con lo que a los partidos les quedarían 22 días para la selección.

Comparación de calendarios electorales

—Leyes en conflicto—

El domingo último, el primer ministro Vicente Zeballos dijo que esperaba que el Consejo de Ministros apruebe mañana la norma electoral para el proceso. Esto debido a que existen muchas dudas sobre qué normas regirán para los comicios.

José Manuel Villalobos, del Instituto Peruano de Derecho Electoral, tiene una interpretación definida en el sentido de que las cuatro leyes de reforma política promulgadas en agosto último no deberían aplicarse para la elección del 2020. Para sustentar su interpretación, citó la ley aprobada en el 2017, en la cual se estipula que toda ley que cambie las reglas electorales regirá siempre y cuando tenga un año de vigencia.

“Para que apliquen los cambios de la reforma deberían haber entrado en vigencia en enero del 2019. Todas las [normas] posteriores recién aplicarán para el 2021. El espíritu de la reforma era para aplicarse al 2021, no se pensó en un proceso extraordinario”, refirió Villalobos.

Por el contrario, Fernando Tuesta, titular de la comisión que elaboró los proyectos de reforma, consideró que se deben tomar en cuenta todas aquellas nuevas reglas que no comprometan el cronograma, un argumento que incluyó el Poder Ejecutivo en el proyecto de adelanto de elecciones, el cual fue archivado.

—Nuevas reglas—

Para Tuesta, la norma sobre inscripción y cancelación de partidos tiene partes que se pueden aplicar. Según explicó, el JNE podría recurrir al texto que señala que se cancela la inscripción legal al partido que no participe en el proceso, o que se retire de la contienda, o que no consiga el 5% de los votos y elegir a 5 congresistas.

El especialista parlamentario Alejandro Rospigliosi coincidió con la anterior propuesta y recalcó que debería regir el cambio planteado sobre alianzas electorales, donde se precisa que la valla se eleva en 1% por cada partido político integrante de una de estas alianzas.

Lo que no podría aplicarse, según ambos especialistas, es lo referido a la inscripción de partidos porque el proceso ya está en curso y es muy difícil que algún grupo alcance los requisitos.

La segunda norma en la que estuvieron de acuerdo que podría regir para los comicios del 2020 es la de financiamiento político.

Las discrepancias entre Rospigliosi y Tuesta surgen en el análisis de la aplicación de la tercera norma sobre paridad y alternancia.

Para Tuesta, los cambios sobre paridad podrían regir desde esta elección. “El Congreso incluyó disposiciones transitorias que terminaron desnaturalizando las propuestas. Si seguimos esas disposiciones, en una década recién alcanzaremos la paridad”, refirió. Rospigliosi, en cambio, se apega a las disposiciones y sostiene que, al estar expresamente señalada en la ley, debe respetarse la progresividad.

La última norma en duda es la de democracia interna. En este punto, los especialistas volvieron a coincidir en que, por incidir directamente en los plazos del cronograma, las elecciones primarias son imposibles de realizar con miras a enero del 2020.

Otros puntos pendientes

Fernando Tuesta refirió que el Gobierno debe emitir un decreto de urgencia en el que se determine sobre otros aspectos, por ejemplo, la aplicación o no del voto preferencial.

Alejandro Rospigliosi recordó que también se debe definir la situación de los votos en el exterior. En la ley sobre paridad y alternancia, el Congreso eliminó el voto de los peruanos en el extranjero .

La propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política para modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones incluía un párrafo que creaba una circunscripción electoral especial para los peruanos en el extranjero y se les asignaba dos escaños legislativos.

Tuesta y Rospigliosi coincidieron en señalar que el Gobierno debe aclarar estas “contradicciones”.