El boliviano Salvador Romero Ballivian fue el único extranjero que hizo parte de la Misión Electoral Especial, que entregó las recomendaciones sobre cómo debe ser la reforma electoral que contemplan los acuerdos de paz y que se tramitará en el Congreso de la República por la vía rápida o ‘fast track’.
Romero estuvo acompañado en esa tarea de Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Elisabeth Ungar, exdirectora de Transparencia por Colombia; Alberto Yepes, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia; Jorge Enrique Guzmán, experto en construcción de instituciones electorales y Juan Carlos Rodríguez, profesor de Ciencia Política y codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes.
Con un amplio conocimiento de los sistemas electorales de América Latina, Salvador Romero explicó cuáles son los principales ejes de esa reforma, como también la necesidad de que esos cambios lleguen en momentos en que Colombia está viviendo el posconflicto.
¿Una reforma del calado que ustedes presentaron es fácil de lograrse en este posconflicto?
Es fundamental, las reformas que se están planteando suponen una modernización del sistema electoral, como también una profundización de los elementos democráticos del país. No sería Colombia el primer país que después de haber firmado un proceso de paz ha procedido a una amplia reforma política y electoral.
Es más, cuando se firman estos acuerdos que involucran a diversos sectores de la sociedad existe una oportunidad de replantear las bases del juego que profundicen los elementos democráticos, que ayuden a repetir los conflictos que desembocaron en la violencia, como en el caso de El Salvador, en donde procedió a una amplia reforma política y electoral.
¿Está muy atrasado el sistema electoral colombiano?
Estas reformas están planteadas de manera integral para que ayuden a resolver problemas específicos. Por ejemplo, tener una aplicación de justicia más oportuna que ayude a evitar situaciones como cuando a candidatos que no reunen los requisitos se les autoriza competir y luego quedan inhabilitados, lo que obliga a realizar elecciones atípicas con altos costos en lo económico y también en la gobernabilidad. Se plantea una justicia más eficaz y oportuna.
Con las reformas también se pueden controlar los ingresos de los recursos destinados a las campañas, de tal manera que se disminuya la influencia de sectores privados en los partidos políticos. Es decir, disminuir la corrupción. Finalmente se busca integrar la presencia de las zonas periféricas en la toma de decisiones. Este conjunto de medidas ayudarían a tener una democracia de mayor calidad en Colombia.
¿Cree que los partidos políticos colombianos aceptarán esta reforma?
Estas reformas políticas que significan grandes cambios estructurales pasan siempre por el Congreso, estas reformas no son sencillas, generan debate, pero también acuerdos y consensos. En gran parte de América Latina se han aprobado reformas que a veces tienen cierto costo para los actores políticos, pero que traen beneficio a la población y por eso terminan siendo aprobadas.
¿La Corte Electoral que ustedes proponen será más funcional que el actual esquema?
Estamos buscando resolver los problemas que se han constatado con ocasión de la justicia electoral en la Sala Quinta del Consejo de Estado, que desconoce la capacidad técnica de la institución, y claramente se identificaron problemas estructurales y de diseño que le impedían adoptar decisiones de forma oportuna y aplicación de esa justicia electoral.
