Inclusión

La ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello postulará a la secretaría general del Partido Popular Cristiano (PPC), agrupación en la que milita desde el año 2004.

En un video publicado en un portal de redes sociales, la ex titular del Minjus dio a conocer que integrará la plancha encabezada por el también ex congresista Alberto Beingolea.

"Este 16 de diciembre es la fiesta democrática que hemos estado esperando. Voy con Alberto Beingolea a la secretaría general", mencionó Marisol Pérez Tello en alusión al día en el que se elegirá a la nueva dirigencia del PPC.

Tras pedir licencia y ganar Pedro Pablo Kuczynski los comicios presidenciales, asumió el 28 de julio del 2016 el cargo de ministra de Justicia, el mismo que ejerció hasta el 17 de setiembre del 2017.

Cabe señalar que en noviembre último, el ex congresista Javier Bedoya de Vivanco, hijo del fundador del PPC, Luis Bedoya Reyes, lanzó su candidatura a la presidencia de la mencionada agrupación.

La inclusión de cambios en el documento original de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer provocó críticas y confusión. Esas modificaciones fueron propuestas por CREO, el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero y una parte de SUMA. Los grupos provida anunciaron en redes sociales que eso “frenó el aborto en el proyecto”. Pero, ayer, la Asamblea reconsideró la iniciativa y eliminó ese texto de última hora.

La Asamblea Nacional reconsideró ayer el proyecto de Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres porque provocó polémica, críticas y mucha confusión.

Ayer se revisó el texto original que fue elaborado por la Comisión especial ocasional para el tratamiento de ese proyecto de ley.

Esa propuesta, aprobada la madrugada del pasado sábado, tuvo 2 cambios de última hora, pedidos por CREO el Partido Social Cristiano (PSC-Madera de Guerrero) y una parte de los integrantes de  SUMA, según dijeron asambleístas consultados por este Diario.

Esa sesión del plenario fue convocada a las 22:00, una hora bastante inusual, por el presidente de la Asamblea, José Serrano. Allí, el pleno pasó, rápidamente, esas modificaciones que apoyan la tesis de los grupos provida para “frenar el aborto en el proyecto”.

El primer cambio que introdujeron fue al artículo 26, literal k, que dice garantizar el acceso libre y gratuito, la atención integral, confidencial y sin discriminación en todas “las situaciones de emergencia”. El texto original decía: ... la atención integral y sin discriminación “a las mujeres con aborto en curso”.

La segunda modificación fue incluir la referencia al artículo 45 de la Constitución,  y el artículo 149 del Código Integral Penal (COIP). La Carta Política establece que el Estado garantizará la vida, cuidado y protección desde su concepción. El COIP señala una pena de prisión a quien practique un aborto a una mujer, aunque ella lo haya consentido. Sin embargo, el texto original no hace ninguna referencia a esos artículos.

La presidenta de la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres dijo que "no es una ley sancionatoria sino preventiva que plantea cuatro ejes: prevención, protección, atención y reparación de derechos".

Ana Cristina Vera, integrante de la plataforma 'Vivas nos queremos' y Elizabeth Falconí, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, afirman que pedirán el veto presidencial parcial al mandatario Lenín Moreno, al considerar que se incorporaron “a última hora” textos que afectarían a las mujeres.

Ambas indicaron que se introdujo en la sección de los "Considerandos", los artículos 45 de la Constitución y 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que a criterio de Vera, implican restricciones de derechos.

“Una ley que pretende proteger a las mujeres no puede criminalizarlas en el mismo texto. Nos pareció terrible la forma en que se aprobó”, refutó.

Por otro lado, Falconí manifestó que se incluyó un artículo que obliga a “los adolescentes a ir a servicios de salud y justicia con sus tutores legales”. Para ella, esto es cuestionable. “Sabemos que en el Ecuador 6 de cada 10 denuncias de violación son de niñas menores de 14 años y el 90% de los casos sucede en las familias. Se está condenando así, a las niñas violadas a no recibir justicia y atención en los servicios, pues esto genera una barrera de acceso y de calidad”, dijo.

Ambas integrantes de los colectivos afirman que el texto restante de la ley sí es importante. “Nos parece bien el tema de suma urgente para proteger a las mujeres”, indicó Vera. Mientras que Falconí reconoció los avances en cuanto a derechos, pero reprochó los cambios aprobados por los legisladores en la Asamblea.

Desde ese mismo sector, Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, a través de un comunicado , reconoció que los asambleístas “tuvieron la sensatez, la claridad y la valentía de proteger los derechos de los niños por nacer y de los padres de educar a los niños”.“Muchos (asambleístas) no conocían ni tenían claro el texto final. A pesar de eso, votaron sí, sin estar seguros sobre lo que votaban. El apuro de aprobar la ley en una fecha emblemática”, sostuvo. 

En la madrugada del 26 de noviembre de 2017, según la plataforma 'Vivas nos queremos' y la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador introdujeron en la sección de los "Considerandos", los artículos 45 de la Constitución y 149 del Código Orgánico Integral Penal.

La Cámara de Diputados convirtió en ley por amplia mayoría, 165 contra 4 votos, el proyecto que promueve la implementación del principio de paridad de género en las listas de candidatos a legisladores nacionales, con lo cual en las elecciones de renovación parlamentaria del 2019 la representación femenina subirá del 33 al 50 por ciento.

La incorporación de esta iniciativa votada el año pasado por el Senado fue sorpresiva ya que no estaba en el plan de labor diseñado los jefes de los bloques y su tratamiento fue forzado por las mujeres de todos los bloques que componen el cuerpo.

La diputada Victoria Donda impulsó la incorporación del dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, que respaldada en forma inmediata por su par del Frente Renovador Graciela Camaño, mientras que la radical Karina Banfi se quejaba que como habían incluido este tema en el recinto de sesiones. 

Pero a medida que se sucedían las oradoras la propuesta iba teniendo respaldo no solo de las legisladoras mujeres opositoras sino de la propias diputadas de Cambiemos como Carla Carrizo y Brenda Austin que pidieron votar la ley de paridad de género.

Tras ser votada la incorporación del temario como último punto de la agenda hubo un segunda presión de las mujeres para que se vote en forma inmediata, lo que fue aceptado por el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, quien también apuró la votación en medio de la fuerte presión de las legisladores.

Entre otras cuestiones, introduce el artículo 60 bis en el Código Nacional Electoral y fija la obligatoriedad de intercalar candidatos de ambos sexos en las listas de legisladores nacionales. A su vez, el proyecto incorpora la igualdad de género a nivel partidario, aunque en este caso no será obligatorio intercalar postulantes, sino que las listas deberán completarse con un 50% de representantes de cada sexo.

El Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) desarrolla acciones para el apoyo y fortalecimiento de las instituciones y prácticas democráticas, en conjunto con sus socios nacionales, siendo parte de su trabajo la promoción de la plena participación y representación política de las mujeres considerando los obstáculos que la limitan. La violencia contra las mujeres en la política es un ámbito de especial preocupación, que ha motivado a NDI la generación de sus iniciativas globales “Plan de Acción Global: Gane con las Mujeres” y “Cese a la violencia: Valorando la violencia en contra las mujeres en los partidos políticos” (conocidas en idioma inglés, como Win with Women Global Action Plan y No Party to Violence: Assessing Violence Against Women in Political Parties, respectivamente). En ese marco, propicia y pone a disposición el presente estudio Violencia contra las mujeres en la política: investigación en partidos políticos de Honduras. El NDI aspira con esta publicación, poner la problemática en el centro de las preocupa

Con el 47% de las mesas escrutadas, se contabilizan que 36 mujeres estarían llegando a la Cámara de Diputados y 5 al Senado, lo que significa un incremento del 89% (19 mujeres hay actualmente) de las que actualmente ejercen en la primera y 16% menos de las que están en la Cámara Alta (actualmente con 6).

Hasta el momento, la primera mayoría nacional la está tenido precisamente una mujer, la democratacristiana Yasna Provoste quien se presentó a senadora por la cuarta circunscripción, correspondiente a la región de Atacama, donde actualmente es diputada.

En enero de 2016, junto con aprobarse la reforma al sistema binominal se impuso una Ley de Cuotas, la que estableció que al menos un 40% de los candidatos a las elecciones parlamentarias deben ser mujeres. En esta elección, el primer objetivo se cumplió, puesto que el número de candidatas se cuadruplicó respecto a la votación anterior.

Sin embargo, Cristóbal Huneeus, economista y fundador de www.decidechile.cl señala que, “si bien es una buena noticia para la política y para la igualdad de género que tengamos más mujeres en el Congreso, podemos ver que las mujeres elegidas representan a los territorios más pequeños o con menor población. Y eso se debe principalmente a que los partidos las ubicaron en esos distritos o circunscripciones. Un desafío para el futuro es que las mujeres entren a competir en las zonas donde está la pelea”.

Luego de la audiencia pública que llamó la jueza Tatiana Ordeñana, encargada de elaborar un informe al pleno de la Corte Constitucional (CC) para el dictamen definitivo las 7 preguntas de la consulta popular, alrededor de 25 organizaciones se declararon en vigilia en favor de una respuesta inmediata de este proceso.

Con base a que la jueza tiene 10 días -desde hoy- para emitir su informe al pleno de la CC para que califique o no la prudencia de las 7 preguntas de la consulta, los representantes de estas organizaciones nacionales llegaron hoy al parque El Arbolito, norte de Quito, para pernoctar hasta que haya una respuesta positiva.

Las agrupaciones de jóvenes, indígenas, afroecuatorianos, montubios, y trabajadores elaboraron un manifiesto que establece el apoyo a la consulta ya que recupera los principios constitucionales de Montecristi. "La consulta amplia la participación ciudadana, renueva los consensos con las organizaciones y plantea nuevos acuerdos nacionales para fortalecer la democracia participativa", establece el documento.

Las agrupaciones de jóvenes, indígenas, afroecuatorianos, montubios, y trabajadores elaboraron un manifiesto que establece el apoyo a la consulta ya que recupera los principios constitucionales de Montecristi. "La consulta amplia la participación ciudadana, renueva los consensos con las organizaciones y plantea nuevos acuerdos nacionales para fortalecer la democracia participativa", establece el documento.

Wilson García, de las organizaciones sociales de Chimborazo, invitó a la ciudadanía para que hagan vigilia en el parque El Arbolito hasta que la Corte se pronuncie. Asimismo, el Movimiento Amazonía Viva Ecuador, que está en proceso de recolección de firmas para su inscripción definitiva ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), también respaldó a la Consulta y a la gestión del Presidente.