El activismo, la defensa y promoción y el desarrollo de movimientos de activistas de derechos de las mujeres y activistas feministas se ven afectados por el panorama digital, lo que genera nuevas oportunidades y desafíos. Desde la vigilancia por circuito cerrado de las trabajadoras de la confección en fábricas de la India hasta las fotografías íntimas que se distribuyen en línea sin el consentimiento de las mujeres, la Internet —tan ligada a nuestra vida cotidiana— puede ser un espacio de miedo y riesgos. Hay muchas respuestas feministas a los riesgos y las amenazas, y en el centro de este trabajo se encuentran las estrategias intersectoriales de desarrollo de habilidades, confianza y redes de solidaridad para interactuar eficazmente con las tecnologías digitales y transformarlas a través de una política y práctica de cuidado y seguridad. Para fortalecer la resiliencia de los movimientos, las feministas tenemos que colocar la seguridad digital firmemente en el centro de nuestra interacción con Internet.

La seguridad digital como respuesta feminista

En fechas recientes, se ha dado cada vez más atención al hostigamiento de las mujeres en línea, con especial énfasis en el movimiento #MeToo, que comenzó originalmente en 2006 para apoyar a las personas sobrevivientes de la violencia sexual. Un discurso integral en torno al cuidado personal y colectivo y la defensa personal feminista no distingue entre el activismo en línea y fuera de línea, porque las mujeres, las personas transgénero y las personas que expresan inconformidad de género experimentan niveles elevados de violencia en la vida real y en los espacios digitales. Por ejemplo, un estudio reciente de Amnistía Internacional explora cómo las mujeres muchas veces sufren violaciones de derechos humanos en las plataformas de redes sociales, como Twitter, que son similares a las que experimentan fuera de línea. Además, un análisis de los casos de violencia contra las mujeres relacionados con la tecnología reportados en la plataforma Ushahidi “Take Back the Tech!” (¡Dominemos la tecnología!) reveló el daño sumamente real que provoca la violencia en línea contra las mujeres. Alok Vaid-Menon, artista de performance, escritorx y educadorx indoestadounidense de género no conformista, señala que: “La violencia en línea puede ser particularmente dolorosa, porque la Internet es el lugar al que he acudido durante mucho tiempo en búsqueda de seguridad/comunidad/reconocimiento; mi espacio creativo. Cuando ese espacio está bajo amenaza, es un recordatorio de lo precaria que es la cuestión de la seguridad en general”.

Es necesario tomar en cuenta esta pandemia de violencia de género en línea para cualquier respuesta a la seguridad digital. Es fundamental que seamos conscientes de las relaciones de poder, especialmente en torno a la tecnología, un área en la que se ha excluido tradicionalmente a las mujeres —a las mujeres negras, las personas LGBTQI y las mujeres indígenas, en particular— y sus aportaciones se han hecho invisibles. Respetar y escuchar las experiencias de personas con identidades y ubicaciones diversas es una oportunidad para aprender y comprender diferentes experiencias. La creación de espacios seguros de intercambio —donde se tomen en cuenta las necesidades de seguridad personal, política y física— y el fomento de la capacidad local y las redes de apoyo relacionales generan apropiación y conocimientos colectivos. Este enfoque contradice la estrategia organizativa habitual de incorporar capacitadores que no pertenecen a los contextos locales para que realicen intervenciones breves, algo que no garantiza la sustentabilidad ni crea redes confiables para activistas.

La Comisión Europea (CE) dio hoy un ultimátum de dos meses a las redes sociales para que presenten un código de conducta para luchar de manera efectiva contra la desinformación y las noticias falsas, que Bruselas considera una amenaza para la estabilidad democrática.

“La difusión de desinformación deliberada: noticias falsas (fake news) para influir y manipular el comportamiento es una amenaza real para la cohesión y la estabilidad de nuestras sociedades y para nuestras instituciones democráticas”, declaró en la presentación de la iniciativa el comisario europeo de Seguridad, Julian King.

Bruselas quiere implicar a las plataformas digitales en el combate contra los riesgos de desestabilización por parte de Rusia y contra casos similares a la filtración de datos personales de millones de sus usuarios a la consultora Cambridge Analytica, a la que se atribuye un papel decisivo en las elecciones de Estados Unidos y en el referéndum británico del “brexit”.

“La doctrina militar rusa reconoce explícitamente la guerra informativa como uno de sus ámbitos”, señaló King, quien subrayó que la desinformación ejecutada “desde fuera por actores extranjeros puede tener serias consecuencias” para la seguridad de los ciudadanos europeos.

Las redes sociales como Twitter o Facebook tienen hasta el próximo mes de julio para presentar el código de conducta exigido por Bruselas para que la información sea “más transparente, fiable y responsable” y la Comisión espera que para el mes de octubre haya “resultados visibles y mesurables”.

Ese código deberá aportar “más transparencia sobre publicidad y patrocinio de las informaciones” además de “reprimir los bots (programas que sirven para efectuar tareas simples y repetitivas en internet) y las cuentas falsas” al tiempo que “promocionan información de mayor fiabilidad”. También se le exigirá a las redes sociales que expliquen por qué muestran determinadas informaciones y cómo funcionan los algoritmos encargados de esa selección.

Si esa autorregulación de las plataformas en línea no aporta los resultados esperados, la CE tomará medidas adicionales en noviembre, es decir, seis meses antes de los comicios europeos.

“Es un nuevo tipo de combate”, agregó el eurocomisario de Seguridad, quien señaló que la desinformación “se remonta a siglos atrás, pero las herramientas digitales de hoy en día permiten que se difunda a una escala y velocidad que no se habían visto antes y con un nivel de intrusismo sin precedentes”.

Para la Comisión Europea “hay una gran diferencia entre no hacer nada, diciendo que el estatus quo está bien”, y que los euroburócratas se conviertan en “los ministros de la verdad”, al estilo de la novela de George Orwell “1984”. “No estamos hablando de censurar contenido ni limitar el discurso, sino de reforzar la transparencia, la trazabilidad y la responsabilidad”, añadió el comisario.

Las medidas “no están dirigidas contra el periodismo partisano” de algunos medios de comunicación, sino que buscan “ayudar a los consumidores de los medios de comunicación a tener una idea más clara sobre de dónde viene lo que consumen”, agregó.

“Está a un millón de kilómetros de distancia de la censura”, afirmó el comisario europeo de Seguridad, quien señaló que la CE recabará la opinión de los editores de prensa y se refirió a un reciente Eurobarómetro que muestra que más del 80 % de los europeos “considera las noticias falsas un problema para la democracia”.

Más allá del citado código de conducta para que las redes sociales resuelvan por sí mismas el problema “de una vez por todas”, la comisaria para la Economía Digital, Mariya Gabriel, explicó que la CE acordará una definición de lo que es “la desinformación en línea” que permitirá “crear un marco europeo” de trabajo para las instituciones y los Estados miembros de la Unión Europea.

Además, Bruselas creará una “red europea independiente” de “comprobadores de datos” y promoverá que se refuercen las acciones de educación sobre medios para desarrollar el espíritu crítico.

El Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit ofrece una foto del estado de la democracia en todo el mundo para 165 estados independientes y dos territorios. Esto cubre a casi toda la población del mundo y la gran mayoría de los estados del mundo (los microestados están excluidos). El Índice de Democracia se basa en cinco categorías:

1. Proceso electoral y pluralismo;
2. Libertades civiles;
3. El funcionamiento del gobierno;
4. Participacion politica;
5. Cultura política.

 Con base en sus puntajes en una gama de indicadores dentro de estas categorías, cada país se clasifica entonces como uno de los cuatro tipos de régimen: "democracia completa"; "Democracia defectuosa"; "Régimen híbrido"; y "régimen autoritario". Una metodología completa y explicaciones pueden ser en el enlace

Descarga acá el Informe completo (INGLES)

Democratizar la información, hacerla más accesible es, en sí misma, una tarea política de fondo, imprescindible e impostergable.

Un asistente virtual es un software capaz de reconocer el lenguaje natural, de simular una conversación o una interacción para dar información u ofrecer un servicio, mediante la voz o el texto, a los usuarios de sistemas con acceso a internet. Hablamos mucho de ellos actualmente, aunque no son nuevos. Sus antecedentes se remontan a varias décadas.

El primer dispositivo que permitió ejecutar el reconocimiento digital de voz fue el IBM Shoebox, lanzado al mercado en 1961 y presentado al público general en 1962, durante la Feria Mundial de Seattle '21 Century Exposition'. Esta computadora fue desarrollada 20 años antes de la llegada del primer Personal Computer de IBM, que fue mostrado al mundo en 1981 y que, en sus inicios, fue capaz de reconocer 16 palabras y los dígitos del 0 al 9. Era el principio de una gran revolución.

Poco a poco los sistemas de reconocimiento digital de voz fueron creciendo y adoptando nuevas funcionalidades, que los llevaron a ser parte de las características internas de las computadoras personales de Microsoft, IBM, Philips y Lernout & Hauspie, en los años 90. No obstante, el primer asistente virtual instalado en un teléfono inteligente (iPhone 4S) fue Siri, cuando Apple, en 2011, compró su desarrollo a SRI internacional, un instituto de investigación financiado por el Departamento de Defensa de EE. UU. y DARPA. Es en estos entornos de acelerada movilidad digital cuando los asistentes virtuales ofrecen una nueva y poderosísima versatilidad.

Siri, Google Assistant, Alexa, Cortana y Bixby son solo algunos de los nombres de varios de los asistentes virtualesmás avanzados del momento. Los métodos de interacción que usan son el de texto, voz o por medio de fotografías. Su sistema se basa en el procesamiento de lenguajes naturales, que les permiten combinar el método de interacción con los comandos ejecutables. Al mismo tiempo, muchos de ellos aprenden de manera continua al utilizar técnicas de inteligencia artificial (IA), entre las que se incluye el aprendizaje automático.

Hoy en día, empresas de todos los sectores trabajan en el desarrollo de sus propios asistentes virtuales. Tal es el caso de BBVA, que hace tan solo unos meses hizo pública una nueva funcionalidad que permite a sus clientes enviar dinero de un móvil a otro, incluso estando por fuera de la app del banco móvil. La entidad financiera reveló que tanto los usuarios de Android como de iOS podrán enviar dinero a través de los chatbots de BBVA, presentes en plataformas como Facebook Messenger o Telegram; sin embargo, solo quienes tengan iPhone podrán realizar el envío de dinero por medio de su asistente de voz, Siri. Y, muy recientemente, Telefónica acaba de anunciar su alianza con Google y Facebook para lanzar la plataforma virtual Aura, para el desarrollo del asistente virtual con el que "busca una nueva relación con el cliente". El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, lo explicaba en estos términos: "Queremos que nuestros clientes se relacionen de forma más sencilla con la compañía gracias a las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y puedan gestionar los productos y servicios contratados a través de Aura".

La irrupción de los asistentes virtuales en todos los ámbitos de la vida cotidiana y el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial nos lleva a preguntarnos también si la vida política, los partidos y la representación política y nuestra arquitectura institucional pueden mejorarse con la IA o si bien, por el contrario, pueden suponer una amenaza para la libertad individual o para la misma democracia. Las alertas no vienen solo de los activistas o de los usuarios más concienciados. Grandes protagonistas de la revolución digital como Sean Parker, cofundador de Napster y el primer presidente de Facebook, reconocen que explotaron "una vulnerabilidad de la psicología humana" para el desarrollo de su plataforma. Y, recientemente, George Soros, en Davos, cargaba muy duramente contra el ecosistema digital de las grandes plataformas, advirtiendo sobre el hecho de que la democracia, tal y como la conocemos, está en peligro por la hegemónica —y subyugante— centralidad de la vida digital en nuestra sociedad, que nos aboca a los más diversos populismos sin control.

Hay otra visión menos apocalíptica, menos defensiva — tampoco ingenua—, que concibe la tecnología como una oportunidad real para seguir humanizando nuestra vida, a pesar incluso de la propia tecnología. La experiencia ciudadana (la experiencia de usuario, en términos de marketing) respecto al funcionamiento de los partidos es muy insatisfactoria, según todos los barómetros públicos y privados. Y no deberíamos cerrarnos a explorar los asistentes virtuales como una herramienta para mejorar la calidad de la experiencia política directa de la ciudadanía en su contacto con partidos y sindicatos. Democratizar la información, hacerla más accesible es, en sí misma, una tarea política de fondo. Imprescindible e impostergable. Veamos algunas posibilidades de los asistentes virtuales para partidos y sindicatos.

1. Información sobre la agenda parlamentaria y las iniciativas legislativas. Es completamente imposible que un ciudadano, una organización privada o pública, o una comunidad de intereses pueda seguir el desarrollo y el alcance de las iniciativas parlamentarias. La complejidad de estas hace que este conocimiento denso y no intuitivo quede en manos de corporaciones, lobbies, o especialistas jurídicos. Un asistente virtual podría canalizar toda la información pública y publicada con un motor de búsqueda sobre contenidos bien etiquetados y formateados. Más información, mejor democracia.

2. Información sobre la agenda política y pública de nuestros representantes. Un asistente virtual podría facilitar información puntual sobre la agenda pública, las principales declaraciones, las iniciativas políticas o los principales posicionamientos de hemeroteca. Una interfaz inteligente capaz de resolver las grandes preguntas y dudas. Más transparencia, mejor democracia.

3. Información sobre el programa electoral o los compromisos adquiridos en acuerdos o sedes parlamentarias. Necesitamos revitalizar una política más pragmática basada en compromisos y acuerdos. Un asistente virtual podría desmenuzar los programas electorales con los que los partidos se presentan y ofrecer respuestas documentadas a preguntas básicas sobre temas centrales. Más propuestas, mejor democracia.

4. Información y participación en la vida orgánica de los partidos y sindicatos. Un asistente virtual puede facilitar la participación democrática favoreciendo la toma en consideración de la opinión de afiliados, simpatizantes y electores. Una conversación múltiple que permita conocer más y mejor la opinión y las demandas de los ciudadanos y de los miembros de las organizaciones políticas puede contribuir a la revitalización política. Más diálogo, mejor democracia.

No todas las personas pueden hablar, por ejemplo, con el presidente del Gobierno o los líderes de la oposición. Y no creo que les importara hablar con sus asistentes virtuales. La inteligencia artificial es una poderosa herramienta que puede optimizar y hacer más accesible la información pública, también la política. Las Administraciones Públicas no tardarán nada en adoptarla en su relación con la ciudadanía. Pienso en servicios tributarios, de seguridad, asistenciales. Con un asistente virtual, nuestra opinión quedará registrada y obligará a mejorar las respuestas con nuestras preguntas y reacciones, a riesgo de que nuestra opinión y percepción se modifique por la calidad de la interacción. No es un mal camino. Quizá es el que debamos explorar. ¿Por qué no?

Transparencia Internacional presentó su informe anual global sobre la percepción de corrupción del sector público. Pese a algunas excepciones, Latinoamérica sigue en niveles críticos.

La organización alemana, Transparencia Internacional, reveló su más reciente informe sobre la percepción de corrupción para el año 2017. El índice se calcula de 0 a 100, respectivamente de altamente corrupto a muy transparente y se establece gracias a expertos y actores del sector privado y su apreciación de la transparencia de lo público. En un panel de 180 países, los mejores alumnos son Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia mientras que los peores son Somalia, Sudán del Sur y Siria.

La ONG lamenta que las mejoras sean muy sensibles o inexistentes, de hecho, resalta que los dos tercios de los países no superan el puntaje 50, lo cual corresponde a niveles altos de corrupción y que el promedio global sea solamente de 43. Denuncia también que “los activistas y los periodistas en los países corruptos arriesgan diariamente sus vidas por el hecho de denunciar”. Transparencia avanza la cifra que al menos 1 periodista es asesinado por semana en un país altamente corrupto.

América Latina no logra salir de la zona roja del índice sobre percepción de corrupción

El informe revela que la percepción de la corrupción en el sector público en los países latinoamericanos sigue muy alta a pesar de ciertos avances. La organización resalta la creación de legislaciones fuertes, como en Chile, y la investigación a altos personajes de poder como en Ecuador y Perú. No obstante, estos avances no son generalizados y “no constituyen políticas integrales que aborden las causas históricas y estructurales de la corrupción en la región”, argumenta la ONG.

En la tabla de 180 naciones, la peor calificada según el índice es Venezuela en el puesto 169 con un puntaje de 18. Le siguen Haití, Nicaragua y Guatemala entre los peores calificados sobre la percepción de corrupción.

Otros países como Paraguay, México, Honduras y Ecuador obtuvieron una calificación entre 29 y 32, muy alejada a la mejor calificada de todo el contiente americano: Canadá, con 82 de puntaje en transparencia y un honroso octavo lugar en el ranking mundial.

La voluntad política acerca de la lucha anticorrupción sufre de variaciones importantes entre países y eso podría explicar en parte el estancamiento de la región. Los países que consideran esta cuestión como prioritaria y actúan con un aparato legislativo eficaz, basado “mediante el consenso y la participación política”, logran mejorar sus puntuaciones rápidamente.

Mientras tanto, los países que no consideran este tema como prioritario empeoran cada año, revela el análisis.

Transparencia Internacional recomienda que se apliquen cambios de fondo sobre el “financiamiento de la política, de las contrataciones públicas y del fortalecimiento de instituciones jurídicas independientes” para que se puedan notar cambios reales.

Seis países latinoamericanos celebrarán elecciones en 2018

El año 2018 es un año de elección en la región y no hay campaña que no trate del tema. Los casos de corrupción de la multinacional Odebrecht, lejos de estar todos eludidos, han revelado prácticas tristemente similares en la región en cuanto a los sobornos y a los financiamientos ilícitos. En 6 países latinoamericanos los ciudadanos estarán llamados a las urnas este año, dentro de ellos Venezuela, Colombia y México que tienen indicios de corrupción muy altos.

En Colombia, que va a vivir 2 escrutinios fundamentales en marzo y mayo, todos los candidatos tienen propuestas para frenar la corrupción. En particular, el país ha bajado 6 puestos entre 2016 y 2017 en la clasificación de Transparencia Internacional, pasando del puesto 90 a 96. El debate se seguirá intensificando en víspera de las elecciones, pero hay mucha incertidumbre acerca de la aplicación real de medidas con las que recomiendan las organizaciones internacionales.