Partidos Políticos

La ONPE solicitó formalmente al JNE que resuelva la incógnita de si un congresista disuelto puede postular en las elecciones 2020. El jurado respondió al respecto.

A través de una carta, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respondió a la Oficina Nacional Procesos Electorales (ONPE), que solicitó hace unos días que el organismo se pronunciara sobre la viabilidad de que los parlamentarios que han sido disueltos pueden ser candidatos en las elecciones legislativas 2020.

Ello, con el fin de establecer “reglas claras al proceso electoral en curso”. Al respecto, la secretaria general del JNE, Flor de María Concha Moscoso, sostuvo en la misiva que los Jurados Electorales Especiales se instalarán el día jueves 7 de noviembre de 2019.

Dichos órganos se encargarán de evaluar las lista de postulantes por partido; asimismo, tieneb el derecho de consultar al Pleno del JNE, cuyo presidente es Víctor Ticona, si es posible que esos candidatos participen.

“Dichos órganos de justicia electoral en primera instancia están facultados para realizar consultas genéricas, como el tema referido, en el ámbito de de su función jurisdiccional, conforme lo establece el artículo 5 de la ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones; en cuyo caso, posibilitará que el Pleno del JNE, en el breve plazo, se pronuncie al respecto”, se lee en parte de la carta del JNE.

Precisamente el artículo 5 de la ley mencionada señala que el JNE debe “absolver las consultas de carácter genérico no referidas a casos concretos, que los Jurados Electorales Especiales y los demás organismos del Sistema Electoral le formulen sobre la aplicación de las leyes electorales”.

Parlamentarios como Mauricio Mulder (encabeza la lista del Apra), Marco Miyashiro, Mario Mantilla, Juan Sheput, Salvador Heresi, entre otros, intentarán retornar al Legislativo con las elecciones del 26 de enero.

El TC notificó al Ejecutivo y al Congreso la admisión a trámite de demanda competencial. Indica que esta no afecta el cronograma electoral y que la sentencia tendrá efectos a futuro.

Un paso más dio el Tribunal Constitucional en el proceso que sigue la demanda competencial sobre la disolución del Congreso. Ayer el colegiado notificó al procurador del Ministerio de Justicia especializado en materia constitucional, Luis Huerta, y a Pedro Olaechea, quien preside la Comisión Permanente, sobre la admisión a trámite de la misma.

Huerta tiene ahora 30 días hábiles para responder a la demanda interpuesta por Olaechea, que fue declarada admisible por el TC el pasado 29 de octubre. En el documento se precisa que el recurso “no suspende” el actual cronograma electoral, y que la sentencia que se dé sobre la controversia tendrá “efectos a futuro”.

1. La demanda no suspende el cronograma electoral

El TC precisa en su resolución que la admisión a trámite de la demanda competencial no significa que los efectos de lo resuelto en la sentencia que se emitirá “incidan en el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones”, para las elecciones al Congreso del 26 de enero del 2020.

El colegiado recuerda que cuando una controversia constitucional ha estado relacionada directa o indirectamente con el cumplimiento de un cronograma electoral, se ha dispuesto que “la interposición de una demanda no suspende dicho cronograma”. Esto en aras de la seguridad jurídica del proceso, “necesaria para la estabilidad y equilibrio del sistema constitucional”.

2. La sentencia que emita el TC tendrá efectos a futuro

La resolución de admisión a trámite concluye que las consideraciones desarrolladas por el Tribunal Constitucional al dirimir la presente controversia “tendrán efectos a futuro”. Esto, precisamente para no alterar el desarrollo de los próximos comicios.

3. Sobre competencias de la Permanente y de Pedro Olaechea

Sobre la facultad de Pedro Olaechea para presentar la demanda competencial, el TC señala que parte de la controversia consiste en determinar si quien preside la Permanente tenía facultades para interponer la demanda.

Al respecto menciona que, según la Constitución, “durante el interregno parlamentario” (disolución del Congreso), la Permanente sigue ejerciendo sus funciones, lo que no significa que esta tenga las facultades del pleno del Congreso, sino que se limita a lo dispuesto en el artículo 135 de la Carta Magna (tramitar los decretos de urgencia del Ejecutivo).

4. Se admite demanda ante la existencia de “duda razonable”

El TC justifica la admisión a trámite bajo el argumento de que si bien una demanda de conflicto competencial, sin acuerdo del pleno del Congreso, no está contemplada en la Constitución o el Código Procesal Constitucional, “es un imposible jurídico” exigir al Parlamento un acuerdo cuando no se encuentra en funciones.

El TC considera que toda vez que esta situación genera “una duda razonable”, respecto a la admisión a trámite de la demanda, corresponde aplicar el principio “pro actione”, incorporado en el Código Procesal Constitucional, por lo que “debe continuarse con el trámite del proceso”, adecuando las formalidades.

5. El TC señala que la medida cautelar no cumplía requisitos

El tribunal rechazó por mayoría la medida cautelar que planteó Olaechea para dejar sin efecto la disolución del Congreso por considerar que no cumplía los requisitos, entre ellos el de la “verosimilitud o apariencia del derecho invocado”, que exige demostrar que existe un derecho que debe tutelarse. El TC también rebate el argumento de Olaechea respecto a que en el interregno parlamentario no se iba a poder vacar al presidente o censurar a los ministros. Se anota que ese argumento no justificaba una medida cautelar, pues genera “un alto riesgo de irreversibilidad” en el supuesto de que se conceda.

6. El TC afirma que Olaechea invocó una materia distinta

El tribunal considera que la cautelar también es improcedente porque Olaechea invoca el acuerdo del pleno del 25 de julio del 2019, que autorizaba al expresidente del Congreso Daniel Salaverry a interponer una acción competencial por la cuestión de confianza, cuando esta trataba una “materia distinta” [la reforma política].

Opiniones de constitucionalistas

César Landa, expresidente del TC

Calendario no se altera por seguridad jurídica

El TC rechaza la posibilidad de que se suspenda la disolución del Congreso al declarar improcedente la cautelar y al admitir a trámite la demanda. Ha dicho que por seguridad jurídica no se altera el calendario electoral, aun en el supuesto negado de que [se resuelva que] habría una eventual infracción de la Constitución. El TC no ve en este tipo de sentencias la comisión de infracción porque este es un juicio político y el tribunal no es dueño de la Constitución, ayuda a pacificar el conflicto, pero con un límite, que no es convertirse en poder constituyente.

Óscar Urviola, expresidente del TC

TC anticipa que sentencia no afectará las elecciones

El TC ha hecho un adelanto de que en la sentencia de fondo no afectará ni el decreto supremo [de disolución] y menos la convocatoria de elecciones y, por lo tanto, la admisión a trámite no conlleva que lo que se resuelva en la sentencia pueda alterar, o incida sobre el cronograma electoral. Si el TC interpreta que la disolución del Congreso no está dentro de los parámetros establecidos en el artículo 134 de la Constitución, el presidente de la República estaría incurso en una causal de vacancia [tema que sería visto por el próximo Congreso].

Algunos miembros del Parlamento que fue disuelto han decidido participar en los comicios de enero, aunque el JNE deberá definir su situación. Tres expertos evalúan si pueden o no ser candidatos.

Nueve partidos políticos realizaron el último fin de semana sus elecciones internas con miras a enero de 2020, cuando se elegirá a un nuevo Parlamento. Entre estas agrupaciones figuran Fuerza Popular, el Apra, Alianza para el Progreso y Acción Popular, que pertenecieron al Congreso que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra.

Los integrantes de la ahora extinta bancada del partido de la lampa- Víctor Andrés García Belaunde, Yonhy Lescano, Edmundo del Águila, Miguel Román y Armando Villanueva- anunciaron que no iban a participar en los próximos comicios.

“No hubo un acuerdo, cada uno ha decidido por cuenta propia no intervenir, no hay ninguno que esté inscrito. A pesar de que estoy primero en las encuestas decidí no participar para darle la oportunidad a otras personas, que en este proceso complementario vayan otros militantes, yo he podido ganar sin campaña”, refirió Lescano.

Un camino diferente han optado el fujimorismo y el aprismo, donde en sus listas sí hay presencia de integrantes del Parlamento disuelto.

Por ejemplo, en Fuerza Popular las siguientes personas buscarán continuar en el Legislativo: Marco Miyashiro (Lima, N°7), Juan Carlos Gonzales (Lima, N°8), Carlos Domínguez (Áncash N°"), Miguel Elías (Ica, N°2), Mario Mantilla (Moquegua N°2), Mártires Lizana (Piura, N°1), Gilmer Trujillo (San Martín, N°2).

Y en el Apra, Mauricio Mulder intentará ganar su quinta elección consecutiva al Congreso.

¿Pero estos integrantes del Parlamento disuelto pueden ir a una reelección, luego de los cambios que se hicieron a este mecanismo en el referéndum de diciembre de 2018?

Está en manos del Jurado Nacional de Elecciones despejar las dudas, teniendo en cuenta que el lunes 18 de noviembre es la fecha límite para la presentación de las listas de candidatos.

Sin embargo, no habrá un pronunciamiento inmediato. Jessica Clavijo, de la Dirección de Fiscalización del JNE, precisó, hace unos días, que esta institución no emitirá opinión sobre la posible reelección de los integrantes del Parlamento disuelto hasta que no se presente una situación específica y, antes, se pronuncien los Jurados Electorales Especiales (JEE) en respuesta a una tacha contra algún postulante.

A inicios del mes pasado, El Comercio publicó un informe sobre esta situación y mencionó que existen criterios ya establecidos en el JNE, respecto a la polémica sobre la posibilidad de reelección de una autoridad que ha sufrido un término anticipado de su mandato. Ocurrió en los comicios subnacionales del 2018, cuando el alcalde provincial de Purús, Domingo Ríos Lozano, quiso reelegirse en el cargo.

El informe de El Comercio recordó además que Ríos postuló a la reelección en el 2018 alegando que la prohibición no le alcanzaba dado que fue elegido en las elecciones complementarias del 2015, para cumplir un mandato menor al de cuatro años establecido por la Constitución. En la resolución que rechazó esa posibilidad, el órgano electoral estableció una serie de supuestos que aplicaban para la prohibición de la reelección de autoridades subnacionales.

Se señaló que no podían postular a la reelección los alcaldes y gobernadores que habían terminado el ejercicio de su cargo de manera anticipada, ya sea por haber sido, por ejemplo, suspendidos o vacados antes de acabar su período de cuatro años de mandato.

Una lectura de tres artículos en conjunto

Para José Tello, abogado experto en temas electorales, sí, porque el artículo 90-A de la Constitución, aprobado en la referida consulta popular, establece que “los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo”. Agregó que este enunciado debe ser leído junto a los artículos 90 y 136 de la Carta Magna.

El artículo 90, explicó Tello, establece que el período parlamentario, al cual hace mención el artículo 90-A, es de cinco años, es decir “de 2016 a 2021 y de 2021 a 2026”. “Y a esto se le debe suma que el artículo 136 de la Constitución señala que los congresistas elegidos en comicios extraordinarios completan el mandato del Congreso disuelto. En consecuencia, esta sí o sí es una elección complementaria donde no existe la restricción a la reelección, porque no es para un nuevo período congresal, sino para uno complementario”.

Tello, del Instituto Peruano de Derecho Electoral, remarcó que si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) admite, en última instancia, la inscripción de Miyashiro, Mantilla o Mulder, a efectos prácticos se trataría de “una reelección permitida”.

Una opinión similar tiene José Naupari, abogado experto en derecho electoral, quien sostuvo que el artículo 90-A de la Constitución no es tan drástico ni cerrado como los artículos 191 y 194 que prohíben “la reelección inmediata” de los autoridades regionales y municipales. Añadió que ahí no hay espacio para ninguna clase de interpretación.

Naupari advirtió que si no se le permite la postulación a los integrantes del Congreso disuelto en el 2020, esto puede llevar a “la interpretación peligrosa que ellos sí podrán ser candidatos en el 2021”.

El partido fujimorista lleva a miembros del Parlamento disuelto para su nómina de candidatos al Congreso. La lista por Lima es encabezada por la exlegisladora Martha Chávez. (Foto: Juan Ponce/ GEC)

Cuestiona al JNE por definir reelección

Alejandro Rospigliosi, exfuncionario del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), criticó duramente a esta institución, dirigida por el juez supremo Víctor Ticona, por no haber fijado desde el inicio las reglas sobre la reelección.

Rospigliosi consideró el artículo 90-A es claro al decir que los congresistas no pueden ser reelegidos para un período de manera inmediata. Agregó que, desde su interpretación, el nuevo Parlamento, que estará en funciones entre el 2020 a mediados de 2021, representa un nuevo período.

“No podemos desdoblar la norma aprobada en referéndum, esta se refiere expresamente a la reelección inmediata, si un político fue parte del Congreso disuelto no puede ir a una reelección inmediata”, señaló.

Explicó que la disolución del Parlamento es equiparable con la pérdida de un cargo. “Y cuando, anteriormente, un gobierno municipal o regional eran revocados, que en la práctica es una pérdida del cargo, el JNE fijaba elecciones complementarias y en estas no podían postular los gobernadores, consejeros, alcaldes y regidores revocados para completar el período. ¿Por qué acá, sí?”, cuestionó.

El JNE indicó que las consultas a través de la Ventanilla Única permitirán a los partidos selecciones mejor a sus precandidatos antes del 6 de noviembre

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, hasta la fecha, los 24 partidos políticos han realizado 1.149 consultas a través de la Ventanilla Única de Antecedentes para verificar la situación de posibles candidatos para las elecciones congresales del 26 de enero del 2020.

Con ese objetivo, los personeros legales de las agrupaciones políticas deben ingresar con sus usuarios y claves en el portal institucional del JNE (www.jne.gob.pe)

“El JNE ha puesto la Ventanilla Única a disposición de las organizaciones políticas con el propósito de que en los procesos electorales se elijan a autoridades con solvencia moral, trayectoria intachable y compromiso social”, recordó el presidente del JNE, Víctor Ticona Postigo.

Reiteró su llamado a los partidos políticos que participarán en las elecciones del 26 de enero de 2020 para que revisen la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral.

Precisó que esta plataforma permitirá a los partidos hacer una primera selección de los candidatos para formar las listas de postulantes al Congreso en el proceso de elecciones internas que concluirá el miércoles 6 de noviembre.

La Ventanilla Única permite conocer si un posible candidato tiene sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso vigente, órdenes de captura en el Perú o en el extranjero, deudas en la Sunat o municipales.

Además, se puede revisar si los nombres figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), Registro de Deudores Judiciales Morosos (Redjum), Registro Nacional de Abogados Sancionados (RNAS) y qué bienes inmuebles y vehiculares poseen.

Os partidos políticos no Século XXI enfrentam vários desafios existenciais, incluindo: 

• Por que cada vez mais cidadãos excluídos não veem parte do ativismo como um mecanismo para dar voz às suas preocupações? 

• Como os partidos com ideologias desenvolvidas, plataformas, programas e um historial de serem responsáveis pelas mudanças de decisões competem contra a ascensão de movimentos populistas, muitos dos quais são movidos por questões individuais? 

• Dada a exclusão dos cidadãos com partidos tradicionais, como eles podem levantar recursos legítimos para continuar suas operações? 

• Como os partidos políticos podem manter-se com a mudança das expectativas dos cidadãos, no que diz respeito à comunicação e à divulgação? 

• Como podem os partidos políticos refletir um compromisso para o empoderamento das mulheres através de seus objetivos políticos, cultura organizacional e estruturas institucionais? 

Não há respostas fáceis para estas perguntas. Este documento nem pretende fingir que existem prescrições ou técnicas “tamanho único”. Ao invés, esta é a reflexão e pensamento consolidado de ativistas políticos, profissionais e acadêmicos reunidos pelo Instituto Democrático Nacional (NDI) como parte dos Partidos do Século XXI: A Iniciativa de Renovação do Partido. Até agora, a iniciativa tem três fases: um blog on-line para que os expertos se pronunciem sobre os desafios que enfrentam os partidos e suas possíveis soluções; a Conferência de Partidos do Século XXI em Bruxelas, a Bélgica, que reuniu especialistas de partidos políticos e líderes do mundo todo para discutirem o caminho a seguir; e este guia, que sintetiza os artigos do blog e as discussões da Conferencia do Século XXI com outros estudos de caso e dicas práticas para atingir os desafios que enfrentam os partidos políticos democráticos no Século XXI. 

Resolver conflitos políticos internos e responder à mudança geopolítica requer de instituições democráticas fortes que possam mediar o partidarismo, assegurar os direitos das minorias, respeitar o estado de direito, e, por isso, conter o apelo de populistas e extremistas. O objetivo desta iniciativa em curso é ajudar a aumentar a resistência democrática através do trabalho com os partidos políticos, tornar-se mais sensível às necessidades dos cidadãos e criar oportunidades multipartidária e consenso multiétnico. 

No todas las agrupaciones han definido sus procesos de democracia interna. Cobros a precandidatos y listas varían entre S/100 y S/10.000

Faltan dos semanas para el vencimiento del plazo que tienen los partidos políticos para seleccionar a sus candidatos y menos de un mes para que presenten sus listas con miras a las elecciones parlamentarias del 2020. Estando contra el tiempo por el ajustado cronograma electoral, al menos la mitad de las 24 agrupaciones vigentes tiene ya reglamentados y encaminados sus procesos de democracia interna.

Uno de ellos es el Partido Aprista, que aunque se ha expresado en contra de la disolución del Congreso, apuesta por participar y seleccionar a sus precandidatos con la modalidad un militante un voto. “Hay efervescencia doctrinaria, política, hay más aprismo”, dijo Moisés Tambini, presidente del Tribunal Nacional Electoral.

Otro caso es el de Acción Popular, donde ayer, entre las 6 y 10 p.m. se presentaron las solicitudes de inscripción. En el Frente Amplio, se aprobó la elección interna nacional con la misma modalidad, aunque algunas voces del partido advierten que no habría la capacidad para ese procedimiento en todas las regiones, por lo que el camino serían los delegados. Mientras tanto, si bien se sabe que Fuerza Popular decidió elegir a sus candidatos mediante asamblea de delegados por la premura del tiempo, fuentes del partido indicaron que hasta ayer no había una fecha anunciada para esa cita ni directivas del proceso interno.

Contra el tiempo también está la anunciada alianza de organizaciones de izquierda entre los partidos Juntos por el Perú, Perú Libre y el movimiento sin inscripción Nuevo Perú. Roberto Sánchez, presidente de la primera organización, comentó que trabajan intensamente antes de oficializar el pacto. “Tanto el acta de la alianza, así como el reglamento electoral y la representación electoral de las fuerzas políticas en cada jurisdicción es materia de todos estos días”, refirió.

En Somos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Partido Popular Cristiano (PPC), Contigo, Perú Nación, Podemos Perú, Democracia Directa, Vamos Perú y Unión por el Perú también ya hay directivas internas. Por otro lado, el Partido Morado tendrá una cumbre en Trujillo el 25 y 26 de octubre para definir su proceder y Perú Patria Segura aún evalúa si participa solo o en alianza. Los demás partidos están por definir su participación y procedimientos.

—Cobros por postular—

Los partidos cobran una tasa por inscripción de precandidatos. Por ejemplo, en Perú Nación esta es de S/5.000. En Democracia Directa, la carpeta de postulación se adquiere por S/100; mientras que hay dos aportes solicitados para los que resulten electos precandidatos: S/1.000 (militantes) y S/2.000 (invitados). William Zabarburú, dirigente del Frente Amplio, adelantó que se acordaría cobrar un aporte simbólico.

“Los partidos son asociaciones privadas, autorregulan sus finanzas e ingresos”, señala José Tello, especialista en temas electorales, al explicar la legalidad de los cobros para financiar los procesos electorales y tener liquidez. Añade que son normas establecidas en los estatutos a los que se someten los militantes.

Somos Perú explica que “las cuotas responden a la naturaleza y complejidad del proceso electoral, como a los gastos que se deriven de la organización y desarrollo del mismo”.

En tanto, se siguen confirmando precandidaturas en Lima. Los excandidatos a la Alcaldía de Lima Alberto Beingolea y Enrique Fernández van con el PPC y Frente Amplio, respectivamente.

Especialistas en derecho electoral analizan las condiciones para postular al Congreso en enero próximo y en las elecciones del 2021

Hasta ahora ningún miembro del Congreso disuelto ha confirmado si buscará la reelección en enero del 2020. El plazo para que se inscriban las listas vence el 18 de noviembre. En esta nota, desarrollamos preguntas y respuestas sobre las condiciones para participar en este y en el próximo proceso electoral, teniendo en cuenta la última reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata.

1. ¿Los miembros del Congreso disuelto pueden postular en el 2020 ?

Para los especialistas en derecho electoral José Villalobos y José Tello, los integrantes del Congreso disuelto el pasado 30 de septiembre sí podrían participar en este proceso, pues no lo harán para un nuevo período sino para completar el correspondiente a la etapa 2016-2021.

En cambio, para el profesor de la PUCP y exdefensor del Pueblo Walter Albán, estos no pueden tentar una curul en enero próximo porque se les aplica el impedimento constitucional. Según comentó, “el sentido de la votación cuando se hizo el referéndum fue ese, que no hubiera reelección inmediata”.

2. ¿Los miembros del Congreso disuelto pueden postular en el 2021?

José Tello señala que no podrían por el impedimento legal de la reelección. Es decir, en su lectura, los legisladores que fueron elegidos para el período 2016-2021 están impedidos de postular “a lo que sería una reelección para el nuevo período 2021-2026”. Agregó que el haber tenido una interrupción o una terminación anticipada de su mandato congresal no los exime de que se les aplique el impedimento.

Walter Albán consideró que el impedimento para postular a la reelección se aplica en este caso también.

3. ¿Los nuevos parlamentarios que sean elegidos el 2020, pueden ser reelegidos el 2021?

Tello, Villalobos y Albán coincidieron en que no podrían porque también se les aplica el impedimento de la reelección.

4. ¿Por qué el JNE no ha precisado si los miembros del Congreso disuelto pueden postular o no en el 2020?

Villalobos recordó que, según la Ley Orgánica del JNE, este solo puede “absolver las consultas de carácter genérico no referidas a casos concretos que los jurados especiales formulen”. Advirtió que señalar en este momento una prohibición para ellos afectaría su derecho a recurrir a la doble instancia o interponer una acción de amparo ante el TC.

Agregó que estos casos se definirán cuando inscriban sus candidaturas.