Un Tribunal de Garantías Penales de Quito dejó sin efecto la resolución adoptada por la Dirección Nacional de Alianza País (AP), con la que se destituyó a Lenín Moreno de la presidencia de AP. El fallo se dio ante un pedido de medida cautelar presentado por el Primer Mandatario. Según Moreno, la actuado por la directiva “viola sus derechos constitucionales e incurre en faltas procesales internas”.
El Tribunal dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que no proceda a inscribir cualquier nombramiento como presidente de Alianza País, en especial de Ricado Patiño, quien había sido elegido por una mayoría de la directiva nacional el martes 31 de octubre de 2017.
En tanto, la pugna del movimiento oficialista se regó a las direcciones provinciales. Una parte de sus dirigentes se alineó con la Dirección Nacional. Fue el caso de un sector de AP en Tungurahua y en Guayas. Los otros, en cambio, de Santo Domingo de los Tsáchilas y Azuay plegaron a favor de Moreno. En la Asamblea también hubo definiciones. El presidente José Serrano rechazó la decisión de la dirección. “No se ha permitido la participación del Presidente en la sesión donde espuriamente se lo ha separado del cargo”.
No se ha cumplido con el debido proceso -agregó- pues no se le ha permitido el derecho a su defensa. El Régimen Orgánico de AP determina que hay una Comisión de Ética que debe procesar las faltas. 43 legisladores más coinciden con él. Son quienes ya suscribieron un manifiesto que se hará público la siguiente semana para dar un espaldarazo al presidente Moreno. El bloque oficialista se reunirá el martes 7.
Gabriela Brito, dirigente de Alianza País en Azuay, conminó a las facciones que se han abierto en el partido para que participen en un diálogo interno y se trate de resolver las pugnas que existen. En este sentido, agregó, se debe escuchar a las bases. En el trabajo que han desarrollado a nivel cantonal, los militantes están de acuerdo con el proceso que impulsa Lenín Moreno. Incluso con su propuesta de consulta popular para “mejorar la institucionalidad del Estado”, comentó la concejala. Esteban Albornoz, legislador por Azuay, también se alineó con las tesis del presidente y del gabinete de Gobierno. Rechazó la decisión de la directiva nacional. Calificó de “absurdo jurídico” la destitución. “Damos nuestro respaldo incondicional al Presidente”. En contraparte, el director provincial, Cristóbal Lloret, fue uno de los que suscribió la resolución de la directiva para dejar fuera al presidente Moreno.