La participación ciudadana atraviesa de norte a sur el Acuerdo de Paz firmado con las Farc. De hecho, su puesta en práctica, si se lee el texto con detenimiento, parece fundamental para la ejecución de varios de los puntos que se plantean, desde los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hasta el papel determinante de las víctimas del conflicto en la definición de las acciones de reparación. Esto significa, incluso, que la voz de los ciudadanos sea tenida en cuenta en el momento de tomar decisiones tan puntuales como la implementación de planes nacionales de vías, infraestructura o servicios públicos.
En el punto 2.2.5 del texto de La Habana se establece que desde el Gobierno se impulsará la creación y promoción de veedurías ciudadanas que permitan hacer el control de la implementación del Acuerdo, así como el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas en los territorios, un proceso que prevé también la participación de las universidades del país. Toda una promesa para la apertura democrática en las regiones más afectadas por la guerra.
De esa manera llegó a audiencia pública en el Congreso el proyecto de ley estatutaria que pretende dictar disposiciones en materia de participación ciudadana, con modificaciones puntuales a las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, que son las que establecen las normas al respecto y dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
En ese contexto, ¿qué contempla esta nueva iniciativa que llega al Legislativo? En primer lugar, hay modificaciones de forma, como determinar una fecha única para la votación de revocatorias del mandato, que la autoridad electoral deberá definir entre los meses 18 y 23 del período para el que fueron elegidos los mandatarios, y las garantías para la realización de campañas.
Por otra parte, también se busca crear una reglamentación a las consultas populares sobre proyectos de alto impacto en las comunidades, que no toca de ninguna manera la ya estipulada consulta previa obligatoria con poblaciones indígenas o afrodescendientes. Se contempla la realización de audiencias públicas y talleres de análisis para que los ciudadanos puedan depositar en las urnas un voto más informado y menos emocional, de manera que su resultado no tenga efectos negativos en el estímulo a la inversión extranjera, pero que se respete el reclamo ciudadano por la protección del medioambiente.