Premio GobernArte 2014: Nuevas formas de inclusión social En una América Latina más descentralizada, cada vez más son los estados, las provincias y otras entidades subnacionales que deben asegurar que sus ciudadanos tengan mejores servicios, sean más saludables y mejor educados, y vivan más seguros. Vivimos mejor si nuestras instituciones son creativas, inteligentes, abiertas y efectivas. En el contexto de crecimiento económico que vive la región, los gobiernos realizan esfuerzos de toda índole para lograr que los beneficios de este crecimiento alcance a todos los ciudadanos, en especial a las poblaciones más vulnerables: pueblos indígenas, comunidades afro-descendientes, a las personas con necesidades especiales, adultos mayores, entre otros. En el nivel subnacional de gobierno, en ocasiones estos esfuerzos involucran a diversos actores sociales preocupados en promover el desarrollo de todos los ciudadanos de su comunidad.
Los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado crean propuestas innovadoras para trabajar conjuntamente con sus autoridades en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Muchas de estas propuestas se apoyan en plataformas móviles o redes sociales y desarrollan herramientas que puedan crear y difundir más y mejor información, contribuir a un mayor acceso a servicios públicos, y promueven un desarrollo más inclusivo. La región está llena de buenas prácticas que en el ámbito subnacional que promueven nuevas formas de gobernar y de participación comunitaria: salud móvil, educación móvil, comercio móvil, uso de redes sociales, gobiernos más abiertos, plataformas para una gestión compartida, nuevos mecanismos de consulta y participación, son ejemplos de servicios habilitados por diversas administraciones estatales y locales que están atendiendo retos y necesidades y que ayudan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos latinoamericanos.
El Premio GobernArte, en su edición 2014, tiene como objetivo identificar, premiar y documentar herramientas digitales para promover el acceso de poblaciones vulnerables a servicios públicos, desarrolladas por los gobiernos subnacionales con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil o el sector privado.