La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana. Las elecciones serán en marzo de 2019.
98 votos a favor marcaron el final de la ruta para acordar las nuevas reformas a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS).
Aunque hubo 25 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto que ahora tendrá que ser remitido al Ejecutivo para su aprobación o veto.
Casi 7 horas fueron usadas para la sesión del pleno que tuvo la intervención de 16 asambleístas. Posteriormente la comisión ocasional tomó casi dos horas de receso para receptar las observaciones de sus compañeros legisladores.
Casi 7 horas fueron usadas para la sesión del pleno que tuvo la intervención de 16 asambleístas. Posteriormente la comisión ocasional tomó casi dos horas de receso para receptar las observaciones de sus compañeros legisladores.
¿Cómo se escogerá a los consejeros?
El principal debate de la ley se centró en el mecanismo para calificar a los candidatos a consejeros. Originalmente el Ejecutivo planteó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizara un concurso de méritos y oposición para definir una lista final de candidatos.
No habría un límite de inscritos pero tras el concurso el CNE definiría los nombres de 28 candidatos.
Este punto fue cuestionado por la oposición que no quería que el CNE organizara el concurso ni designara a los candidatos.
El debate giró en torno a ese punto. Que “en las papeletas estén los mejores hombres y mujeres”, dijo el socialcristiano César Rohón.
Dentro del texto se incluyó que además de los requisitos básicos (ser ecuatoriano, tener más de 18 años de edad y demostrar un manejo adecuado de fondos públicos), los aspirantes deben poseer un título de tercer nivel; acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción o prestigio que evidencie su compromiso con el país.
Además quienes aspiren a a ser consejeros no podrán ser afiliados o adherentes a partidos o movimientos políticos durante los últimos 5 años.
Los miembros del CNE, Tribunal Contencioso Electoral, jueces, ministros, miembros del servicio exterior y personal jerárquico superior del sector público tampoco podrán participar a menos que hayan renunciado 30 meses antes de la inscripción de su candidatura.
Aquellos ciudadanos que sean cónyuges, tengan unión de hecho o sean parientes en segundo grado de consanguinidad o cuarto de afinidad del Presidente, Vicepresidente, asambleístas, prefectos y alcaldes tampoco podrán participar. Tampoco aquellos que tengan obligaciones con el SRI y el Seguro Social o los que mantengan bienes en paraísos fiscales.
Todos los requisitos serán verificados por el CNE, que también tendrá que convocar y promocionar a los candidatos y desarrollar los comicios.
Las obligaciones que tendrá el CNE también quedaron estipuladas en el texto final.
El organismo elaborará una papeleta con tres listas -una de mujeres, la segunda de hombres y otra de pueblos y nacionalidades y migrantes-. El orden de los candidatos fue discutido en el pleno y la comisión acogió la propuesta de Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática.
En lugar de ser en orden alfabético, como promocionó la Comisión, será un sorteo el que definirá el orden. Además el proceso deberá estar vigilado por una veeduría nacional y una internacional. El voto popular definirá a tres hombres, tres mujeres y un representante de pueblos y nacionalidades.
Los nuevos consejeros serán escogidos en las próximas elecciones seccionales que, se prevé, sean en marzo de 2019.
Una vez que se conozcan los nombres de los 7 consejeros principales y los 7 alternos serían posesionados el 14 de mayo de 2019 y durarán en su cargo 4 años.
El CPCCS tendrá entre sus atribuciones el designar a las más altas autoridades del Estado como el Fiscal, Contralor, Procurador, Superintendentes, entre otros.