A un paso de ser despachado por el Congreso está el proyecto de fortalecimiento y Transparencia y accountability de la democracia. Se trata de una de las primeras iniciativas que impulsó el gobierno para enfrentar la crisis de desconfianza que se originó a raíz del estallido del caso Penta-SQM y con la que se apuesta a limitar la influencia del dinero en la política.
La iniciativa que pone fin al aporte de la empresa privada a las campañas, regula la propaganda electoral, fortalece el Servel y establece sanciones que incluye la pérdida del cargo, sorteará mañana martes su tercer trámite en la Cámara de Diputados. Y aunque existe el temor de que pase a comisión mixta dada las inquietudes que mantienen algunos parlamentarios sobre los llamados aportes anónimos, de resolverse las discrepancias se convertiría en la primera de las siete prioridades legislativas del gobierno en quedar lista para ser ley.
FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS
Aumenta de 0,01 a 0,02 UF por votos obtenidos en la última elección el aporte estatal a los partidos al inicio de las campañas electorales.
Aumenta de 0,03 a 0,04 UF el aporte que los candidatos reciben por concepto de reembolso de gastos electorales al término de las campañas
Se rebaja el límite de gasto electoral en un 50%, con excepción de las elecciones municipales.
Se prohíbe el aporte de personas jurídicas, con o sin fines de lucro.
Se reduce el aporte de las personas naturales. Ninguna persona podrá aportar en una misma elección y a un mismo candidato una suma que exceda del 10% o 250 UF del límite del gasto electoral fijado para el caso de alcalde o concejal; hasta 250 UF tratándose de candidatos a consejeros regionales; 315 UF en caso de candidaturas parlamentarias y de 500 UF en el caso de las presidenciales.