Las iniciativas para sancionar el ausentismo parlamentario y reducir el número de congresistas

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03 Agosto 2017

La última batalla que había dado un proyecto para castigar el ausentismo de los parlamentarios en el Congreso fue el 24 de mayo pasado. Ese día, con una votación de 60 contra uno, la plenaria del Senado dejó que avanzara la iniciativa que buscaba establecer mecanismos paragarantizar la asistencia de los congresistas, aplicando sanciones a quienes no cumplieran con esa obligación.

Sin embargo, esa decisión no fue suficiente, pues ante la victoria quedaban condiciones adversas en el camino: faltaba un mes para que terminara la legislatura y se debían surtir dos debates en la Cámara. Todo eso, a pesar de que había sido presentado dos años antes. Al final el proyecto terminó hundiéndose.

El senador Alfredo Ramos, del Centro Democrático y uno de los autores de la iniciativa, hizo la promesa de volver a presentarlo en la nueva legislatura. Y ayer la cumplió al radicar no uno, sino dos iniciativas que buscan hacer modificaciones en las corporaciones legislativas. La primera, como estaba cantado, buscará endurecer las sanciones a los parlamentarios que no asistan a sesiones y debates, así como a los funcionarios que, citados a estos, tampoco se hagan presentes. La propuesta es una sanción económica que consiste en el descuento salarial y, adicionalmente, el pago de un SMLMV.

Para ponerle orden al ausentismo, un tema problemático que ha conllevado al aplazamiento de votaciones de proyectos importantes, el control de asistencia deberá ser ejercido por los presidentes de Senado y Cámara, quienes tendrán que enviar un informe mensual sobre ausentismo al Consejo de Estado.

La segunda iniciativa es un acto legislativo que intentará reducir el número de congresistas de 268 a 197 (74 senadores y 123 representantes), sin cambios en cuanto a las minorías en las cámaras congresionales, a través de la modificación de los artículos 171 y 176 de la Constitución. Según explicó el mismo Ramos, la idea es darle mayor escrutabilidad al Congreso y ahorrar cerca de $110.00 millones anuales en el presupuesto de funcionamiento de la corporación. Esta propuesta hace la distribución de las curules, teniendo en cuenta la reforma de equilibrio de poderes. 

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