Hoy se cumplen 36 días hábiles desde que la Corte Constitucional (CC) empezó el control previo a las siete preguntas del referendo y consulta popular que presentó el presidente Lenín Moreno.
La Ley de Garantías Jurisdiccionales (art. 105) establece que el organismo tiene 20 días para calificarlas. En caso de que ese plazo no se cumpla -dice la norma- se entenderá que el dictamen es favorable.
Sin embargo, el Reglamento de Sustanciación (art. 9)señala que este plazo puede suspenderse cuando se solicita “apoyo técnico, se ordenen la práctica de diligencias y/o soliciten estudios especializados”.
En ambos casos de este proceso, eso ocurrió. Las juezas a cargo: Tatiana Ordeñana (referendo) y Marien Segura (consulta) convocaron a audiencias públicas y comunicaron que los plazos se suspendían.
Este plazo se divide en dos. Los 10 primeros días para que la jueza elabore el proyecto de dictamen. Este trámite se cumplió ya en el referendo y está pendiente para la consulta. Y los otros 10 días para que el Pleno analice el proyecto. Alfredo Ruiz, presidente de la CC, convocó al Pleno para el próximo martes 5 de diciembre.
En esa cita se conocerá el proyecto de Ordeñana sobre las cinco preguntas de enmiendas. Juan Francisco Guerrero, docente de la Universidad San Francisco de Quito, indica que los 10 días finales del plazo legal empezarán a correr desde este martes. Sin embargo -aclara- los plazos podrían volver a suspenderse. Esto en caso de que la mayoría del Pleno no esté de acuerdo. Si ese escenario se concreta habría dos posibilidades. Primero, que la jueza cambie el dictamen. O que se sortee la causa a otro juez para que prepare un proyecto alternativo y que el Pleno pueda elegir entre los dos. Eso ocurrió en el 2011. Nina Pacari, entonces jueza constitucional, hizo un proyecto que negaba cuatro de las cinco preguntas de enmiendas que propuso Rafael Correa. Se designó a Patricio Herrera para que haga otro informe. En ese se daba paso a todas las preguntas y, finalmente, fue el que tuvo mayoría de votos en el Pleno.
Hoy se realiza la audiencia sobre las dos preguntas de consulta popular. El presidente Lenín Moreno o sus delegados deberán argumentarlas.