“Transparencia y accountability en la Gestión Pública: Es posible lograrlo”
Por: Verónica Vilma María Reyes Suruy
Debemos de partir de ¿qué hablamos? cuando tratamos un tema tan delicado como los es la Trasparencia y sobre todo ¿a qué hacemos referencia? ¡¿Será a poder ver en qué se destinan nuestros impuestos?! Debemos de recordar que la Transparencia y accountability es aquello que se comprende sin duda y sin ambigüedad, y que por lo tanto es bidireccional. En primer lugar hacia lo interno, hacia el teje y maneja dentro de cada institución gubernamental y como segundo punto, hacia lo externo, el cómo se proyecta cada una de ellas hacia la sociedad. La Transparencia y accountability es uno de los temas más filosóficos y subjetivos que podemos tratar, ya que se basa en valores éticos, y encima de ello, en el valor agregado que todo servidor público debe aplicar en el ejercicio de su función, de ahí la necesidad de detenernos en su análisis y en su confrontación con otros conceptos tales como el derecho a la información, el acceso a la información y la rendición de cuentas con los que la Transparencia y accountability convive y se interrelaciona diariamente en la labor pública. (Naessens, 2010) Pudiéramos pensar en que el término Transparencia y accountability es sinónimo de derecho de acceso a la información o de rendición de cuentas lo cual no es del todo correcto pues, aunque es cierto que mantienen relación entre sí, son conceptos completamente diferentes, y esto va más allá de los números que nos presentan. El acceso a la información designa a aquella información que debe solicitarse para obtenerla, por lo tanto, es el ejercicio libre de una garantía constitucional por medio del cual la sociedad pueden: conocer, solicitar y supervisar las acciones de su propio gobierno, y por consiguiente la información que nos proporcionan debe ser de dominio público. [1]
La idea de que se ejecute la Transparencia y accountability es vincular a la sociedad como el tejido social de un Estado con que la información sea fluyente tanto hacia abajo como hacia arriba, y así poder hacer un verdadero uso del control social. Pero ¿estaremos enfrentados a esta realidad? O ¿será únicamente en el papel en que se queda esta garantía constitucional? En un sentido amplio, la Transparencia y accountability implicaría una “política de Transparencia y accountability”, en tanto que “acceso a la información”, se entendería como “el derecho de acceso a la información”, siendo éste último un instrumento de la Transparencia y accountability (Naessens, 2010)
Entonces, no se debiera de confundir términos entre una herramienta y un objetivo. Según Mauricio Merino “El derecho de acceso a la información pública es, en la práctica, el derecho que tienen las personas para conocer los documentos que producen y manejan las autoridades públicas” y que por lo tanto, este conocimiento puede llegar a ser un verdadero motor político de Transparencia y accountability social, o sea, que esto implica que para poder movilizar todo el engranaje que se necesita para que la información sea pública, se debe de destinar otro porcentaje del PIB para que el derecho de acceso a la información pública, sea en un principio la prerrogativa de toda persona para acceder y examinar datos y registros públicos en poder de los sujetos obligados, y también saber de aquello que el Estado considera nocivo para entregar la posibilidad de revisar y analizar dicha información. Entonces, el derecho de acceso a la información pública se aplica bajo las mismas reglas esenciales pero siempre sesgadas, pero si bien es cierto que es subjetivo, la Transparencia y accountability en el gasto público también es un mecanismo fundamental de exigibilidad pública y de responsabilidad social. Hoy en día debemos de hacernos la pregunta hacia dónde y para qué finalidad se encuentran sus alcances y límites dentro del marco legislativo. Como todo derecho de creación de ciudadanía, la Transparencia y accountability en un marco democrático no es una “condición natural” del estado, es algo que se tiene que elaborar, construir, implementar a mediano y largo plazo y que debe atender a diversos objetivos en relación a las instituciones estatales: legales, reglamentarios, políticos, organizacionales, educativos y culturales. La Transparencia y accountability se ha vuelto necesaria para el ejercicio de un buen gobierno -en el cual exista disposición y clasificación adecuada, actualización, calidad, claridad y utilidad de la información- que se encuentra sujeto a la vigilancia y al escrutinio de la sociedad en su conjunto. (Naessens, 2010)
La Transparencia y accountability es el resultado de una forma de gobernar, de administrar y de gestionar al Estado, de lo cual se deduce que este concepto es un valor de la democracia. La Transparencia y accountability tiene que ver con el desempeño de la comunidad política, de sus representantes así como también de sus autoridades quienes tienen que aclarar sus acciones para fortalecer al gobierno y su gestión pública, como consecuencia. Las gestiones y administraciones públicas deben procurar, independientemente del Estado que sea, del país que sea y de la región que sea, siempre tener en discusión dentro de la agenda pública y política, la Transparencia y accountability como uno de los elementos calificadores dentro de la gestión pública. Cuando se trata de construir y reconstruir al mismo frente a nuevas formas de desafíos y garantizar el cumplimiento de una constitución, de unos ideales, de temas económicos, de temas sociales, de temas culturales, se cree que deben de haber condiciones suficientes y necesarias cuando se habla de cubrir este conglomerado, y en especial, dentro de la gestión pública.
El desarrollo de la Transparencia y accountability en la gestión pública debe incidir en el origen de los problemas, tomar acciones para resolverlos, monitorear y evaluar permanentemente el proceso de implementación; por lo que a la población le interesan los productos reales del planteamiento y la ejecución. Además, debemos de partir de hechos fundamentales tales como los históricos, políticos, teóricos y metodológicos de la auditoria social, entendiéndola como parte consiguiente de la participación activa en el ejercicio de su ciudadanía. Los procesos de toma de decisión y verificación en la gestión política administrativa del Estado proponiendo la colaboración de la Transparencia y accountability como un instrumento político para su aplicación y la construcción de una sistematización para la apropiación de la auditoria social, así mismo como una herramienta política de la sociedad civil. Un ciudadano como tú y como yo, en pleno derecho facultativo y en pleno ejercicio de nuestras funciones elegidas, podemos garantizar la probidad, eficiencia y eficacia de la administración pública.
Si el gasto público es las suma de los gastos realizados por las instituciones, entidades y organismos integrantes del sector público de una economía nacional, comprenderemos que el gasto realizado por el Estado que por este mismo medio, el gasto público trata de dar respuesta, a los fines que trata de alcanzar a las necesidades de carácter público o colectivo pero de los cuales, el Estado moderno consideraría, y viéndolo desde un punto de vista triple: orgánico, económico y funcional. Según la ONU (Organización de Naciones Unidas) propone una clasificación funcional normalizada en 5 grandes funciones:
1. Servicios generales
2. Servicios comunales
3. Servicios sociales: Gastos en:
a. Educación,
b. Sanidad,
c. Seguridad,
d. Servicios sociales
4. Servicios económicos
5. Gastos no clasificables.
En conclusión, esto es lo ideal, el punto de encuentro que todos los países democráticos tratan de alcanzar pero la realidad, dicta que el porcentaje del PIB que se destinan para cada punto son por debajo del 7% y cuando los ingresos ordinarios (impuestos) no son suficientes para hacer frente a los gastos públicos, el Estado acude a los llamados recursos extraordinarios, entre los cuales ocupa un lugar destacado la Deuda Política. Si el desequilibrio entre los ingresos ordinarios y los gastos públicos no solo persiste sino que además va en aumento, el endeudamiento del Estado (Deuda Publica Viva) tendrá que ser cada año mayor, hasta que llegar el momento en que las cargas de la misma se hacen insoportables para el correspondiente estado nacional. La cual y en aras de la Transparencia y accountability, son datos que cada Estado lo toma como información reservada. El Banco Mundial considera que el Sector Público, es necesario para alcanzar el desarrollo sostenible tanto en el plano económico como social, lo que implica que "el Estado es fundamental para el proceso de desarrollo económico y social, pero no en cuanto agente directo del crecimiento sino como socio, elemento catalizador e impulsor de ese proceso" La Reforma Gerencial del Estado en América Latina, por lo tanto, necesita inicialmente completar la tarea del modelo weberiano de fortalecer un núcleo estratégico ocupado por una burocracia profesional pero que actualmente necesita su propia modificación, ya que la misma hace que los estados y su gestión pública se vean inflexibles ante la agilidad de la prestación de este servicio hacia sus ciudadanos, creando todo lo contrario a la eficiencia y efectividad que tanto se ha desea. Esta modificación estructural de esta parte del aparato estatal no lo podemos confundir con la mera implementación de nuevas formas de gestión, como las de la calidad de una empresa, sino de cambiar los incentivos institucionales del sistema, el dejar de incentivar el enquistamiento de ciertos modelos, personas e ideologías; y empezar a impulsar los llamados “policymakers” los funcionarios públicos con responsabilidad política y social.
[1] Con excepción de aquellas que tengan reserva, ya que pueden llegar a comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública, la estabilidad económica y financiera, la seguridad e integridad de las personas o la defensa nacional.
BIBLIOGRAFÍA:
Casal, G. (2010). Modelos de Gestión Pública. Viejos y Nuevos Desafíos. En G. Casal, Modelos de Gestión Pública. Viejos y Nuevos Desafíos.
Desarrollo, C. L. (14 de octubre de 1998). Una Nueva Gestión Pública para América Latina. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.
Fernández Santos, Y., Fernández Fernández, J. M., & Rodríguez Pérez, A. (2008). Modernización de la Gestión Pública. Necesidad, Incidencia, Límites y Críticas. México: Universidad de León.
Investigación, D. G. (2003). La Auditoria Social una responsabilidad ciudadana para el cumplimiento de las Políticas Públicas con equidad de género. La Auditoria Social una responsabilidad ciudadana para el cumplimiento de las Políticas Públicas con equidad de género. Guatemala, Guatemala: Universidad San Carlos de Guatemala.
Naessens, H. (2010). Ética Pública y Transparencia y accountability. Ética Pública y Transparencia y accountability. México, Toluca, México: Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma del Estado de México.