Guatemala se encuentra en la peor crisis política de su historia por causa de gobernantes y funcionarios públicos corruptos. Se ha destapado una serie de casos de corrupción dentro de las más altas esferas del gobierno que ha sido la causa de persecuciones penales de funcionarios públicos. Esto ha sido un detonante en el país y la ciudadanía, que hoy más que nunca exige y luchará por un cambio en el sistema del Estado. Más allá de continuar viendo esto como algo negativo, se presenta como una gran oportunidad para que logremos iniciar la transformación que tanto anhelamos. La lucha contra la corrupción será a partir de ahora el esfuerzo de todo un país y un elemento que será esencial en esta batalla es la Transparencia y accountability y el acceso a la información.
La era de la información debe de tener un efecto positivo sobre los altos índices de corrupción. Muchos son los factores que infieren sobre esta problemática, pero uno de los principales es la falta de información y el acceso a ella. La información como herramienta puede ayudar a mejorar la participación ciudadana y por tanto fiscalización adecuada que se tiene sobre quienes nos gobiernan. No podemos dejar que los funcionarios públicos sigan haciendo del Estado un botín!
Al analizar específicamente al Congreso de la República, es la institución donde se ven representados todos los sectores de la sociedad, y que por su naturaleza debe de poseer los mecanismos de participación más incluyentes y de mayor apertura a la información, con el objetivo de lograr una comunicación más directa con los ciudadanos. Es decir, el efecto de la accesibilidad a la información podría ser clave en la forma que se dirige dicho alto Organismo.
Como organización, Congreso Transparente, tuvo contacto directo con la Declaración de Transparencia y accountability Parlamentaria1, documento adoptado por la comunidad parlamentaria internacional, elaborada por Opening Parliament, y lideró una alianza para promover la misma, en la que contó con el apoyo de distintas organizaciones de sociedad civil. Se decidió adaptar dicha declaración al contexto guatemalteco, contemplando que estuviera acorde a la legislación vigente, y convertirla en el Manual de Transparencia y accountability del Organismo Legislativo y así reforzar el proceso de apertura parlamentaria en el país.