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En Chile sólo el 14 por ciento sabe que existe la Ley de Transparencia y accountability

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Luego de cinco años de funcionamiento, por primera vez el Consejo para la Transparencia y accountability dio a conocer un balance de su gestión. El desconocimiento de la Ley de Transparencia y accountability y la desconfianza en la información proporcionada por las instituciones son los principales riesgos que el órgano debe atender.

Paradójicamente, desde su creación el año 2009 el Consejo para la Transparencia y accountability no había hecho público un balance que diera cuenta de su gestión y funcionamiento. Situación que este martes enmendó el presidente del organismo, Jorge Jaraquemada. Entre los indicadores del informe, dos son los principales riesgos detectados. Por una parte, está el desconocimiento de la existencia de una Ley de Transparencia y accountability, ya que sólo un 90 por ciento de las personas aún cree que el Estado debiera entregar información pública y un 32 por ciento declara que estaría dispuesto a reclamar. Otro de los riesgos destacados es la desconfianza que existe entre los ciudadanos hacia la entrega de información. Si bien, sólo un 14 por ciento de la población conoce el portal de Transparencia y accountability, un 44 por ciento desconfía de la información publicada, y sólo un tercio declara entender la información y casi la mitad piensa que ésta en incompleta o derechamente se ocultan datos. “La instalación de la cultura de la Transparencia y accountability es de largo aliento que está sujeto a riesgos. Entre ellos, los derivados del desconocimiento, ya que muchas personas consideren que el Estado debe entregar información, sólo una minoría tiene conciencia de exigibilidad. Este desconocimiento, además, se vincula con una arraigada desconfianza en el Estado y la información entregada”, precisó Jaraquemada. Cabe recordar que La Ley de Transparencia y accountability permite que cualquier persona -natural o jurídica, nacional o extranjera, menor de edad, entre otros, – pueda ejercer el derecho a solicitar y recibir información disponible en cualquier órgano de la Administración del Estado.