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El TSE propone financiamiento mixto para los partidos políticos

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) propone incluir una modalidad “mixta para el financiamiento indirecto” a partidos políticos en el anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas, cuyo debate comenzará tras el referéndum constitucional de febrero.

El vocal José Luis Exeni sostuvo que la nueva normativa suplirá a la actual Ley de Partidos Políticos, de 1999, y a la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (2004); reconoció que se trata de una asignatura pendiente que debe ser resuelta en la gestión que ahora empieza.

“La propuesta tiene que ver con una modalidad mixta de avanzar hacia un financiamiento indirecto, es decir, ya no dar dinero a los partidos, porque se ha demostrado —en algunos casos— que lo han malgastado y no han podido rendir cuentas; se busca contratar franjas de propaganda en los medios de comunicación que sean administradas por el TSE para distribuirlas con un criterio de igualdad y proporcionalidad”, explicó la autoridad electoral.

Norma. En agosto de 2008, el extinto Congreso de la República aprobó la Ley 769, que eliminó el financiamiento estatal a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en los años electorales y no electorales, dispuesto en la Ley de Partidos Políticos; empero, la discusión sobre este tema se retoma con la elaboración de la nueva normativa que regirá a los partidos políticos.

A la fecha, existen tres propuestas que serán el asidero para elaborar la nueva estructura que normará la actividad partidaria.

 En 2014, la anterior sala plena, que dimitió en junio de 2015 tras una crisis interna, redactó un borrador con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en torno a una ardua discusión que congregó a unas 500 organizaciones sociales y políticas de todo el país. El texto propone ceder espacios no solo en medios estatales, sino también en privados para “equilibrar” la difusión de las propuestas durante el periodo de campaña electoral.

Un segundo documento fue trabajado por la Vicepresidencia, aunque quedó archivado en la anterior legislatura. Por último, está el perfil de la Coordinadora de la Mujer que propugna, entre otras cosas, incluir el principio de paridad en la elección de todos los cargos en los tres niveles del Estado.