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El intento del CNE por controlar la propaganda electoral en las redes sociales

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Un proyecto de resolución que será presentado por el magistrado Armando Novoa obligaría a las campañas a informar de manera detalladas los gastos en estrategias digitales y pautas en Facebook, Youtube, Twitter o Instagram.

Como si se tratara de una secuela del escándalo generado en Estados Unidos, por la filtración de datos de Facebook y que fueron utilizados por la firma Cambridge Analytica para inclinar la balanza a favor de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia se empezará a estudiar un proyecto de resolución, conocido por El Espectador, que, si bien no evitaría una situación similar en el país, pondría la primera piedra hacia ese fin.

Se trata de una iniciativa del magistrado Armando Novoa, que se viene cocinando desde hace varias semanas y que pretende que las campañas electorales incluyan en los informes financieros, que se entregan al CNE, el detalle de los recursos que han sido destinados a propaganda política en las redes sociales, es decir, que se discrimen el monto de dinero que fue utilizado para la pauta en plataformas como Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, entre otras. Además, estos informes también deben incluir los gastos en la contratación de las estrategias de publicidad digital con agencias de publicidad política.

En un tema que cobra relevancia, entre otras cosas, porque el debate en las redes sociales en cada vez más álgido y en él se incluyen diferentes variantes que urgen ser controladas por las autoridades electorales, esto es, la contratación de influenciadores para las campañas políticas, el uso de miles de cuentas falsas para lograr mayor visibilidad, campañas de ataque y defensa en redes sociales o la generación de noticias falsas a través de portales que fungen como medios de comunicación, pero que obedecen a intereses partidarios.

Según Novoa, una de las regulaciones de las que se puede echar mano hoy para regular la propaganda política y proteger los derechos de los electores tiene que ver con la ley de protección de datos, que apunta a proteger la intimidad de los usuarios en las distintas actividades que tienen cierto control por parte del Estado. Aunque el objetivo de fondo del proyecto de resolución todavía está muy lejos de evitar una manipulación de datos de los usuarios de redes sociales similar a la ocurrido en Estados Unidos, al menos le permitirá a la autoridad electoral tener los primeros acercamientos a la información sobre los recursos que son utilizados para hacer la campaña digital.

El proyecto de resolución, que consta de cinco artículos, también busca crear un grupo de trabajo de seguimiento a campañas presidenciales en las plataformas digitales, que estará vinculado a la oficina de prensa del CNE. Este equipo estaría integrado por cinco personas que tengan conocimiento relacionado con periodismo y ciencias políticas.

Entre sus funciones estará la identificación de los espacios digitales en las redes sociales, páginas web, blogs y otros tipos de portales que tengan una actividad relacionada con las candidaturas presidenciales. Seguidamente, presentarían un informe semanal a la Sala Plena del CNE con la discriminación de las URL que tengan contenidos de propaganda política y en las que se advierta el “uso de dichos canales con fines de divulgación y promoción de sus campañas electorales, el costo de los mismos y la identificación de actividades que puedan poner en riesgo las garantías electorales”. Este equipo también apoyaría al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas para el examen de gastos e ingresos en las campañas, en lo referente al mundo digital.

“La regulación actual protege la honra y la intimidad de las personas, pero nadie protege a los electores que van a votar. Aunque el CNE no puede entrar, mediante un acto administrativo, a establecer restricciones en materia de contenidos que circulan en las redes, sí puede expedir unas normas para obligar a que haya transparencia en las fuentes de financiación de los mensajes de las campañas”, comenta Novoa.

El magistrado advierte, como ha contado en ocasiones anteriores El Espectador, que, por lo general, el trabajo de contratación de servicios para la propaganda en redes sociales no es hecho directamente por las campañas electorales, sino que es un trabajo que queda a cargo de terceros, como agencias de mercadeo digital o asesores externos. Esta práctica es la que no permite que las campañas registren de forma precisa en qué tipo de propaganda se invirtieron los recursos. “El escándalo de Cambridge Analytics demuestra que hubo decisiones muy poderosas, de gente que tenía una bolsa de recursos grande para jugar a una desinformación de los electores a través de la manipulación”, señala el magistrado.

Ahora, la resolución tendría otro alcance importante y es el de restringir la propaganda electoral en redes sociales, tal como sucedes en los medios tradicionales, como la radio, la televisión o la prensa, para el día de los comicios. En el parágrafo del artículo cuarto del borrador de la resolución se señala que “el día de las elecciones, los candidatos y sus campañas no podrán directa o indirectamente, utilizar plataformas digitales, ni las redes sociales, para adelantar ningún tipo de propaganda electoral, ni promocionar campañas, ni promover su respaldo en las urnas. De la misma forma, tampoco se podrá adelantar propaganda electoral a través de mensajes de texto y/o llamadas telefónicas”.

De ser aprobada esta resolución, las campañas presidenciales actuales deberán reportar estos gastos en los informes desde el 27 de febrero pasado, es decir, desde los tres meses antes de que se surta la primera vuelta presidencial, determinada para el próximo 27 de mayo. Según Novoa, ya hay ejemplos en la región para el control de la propaganda electoral en redes sociales, la veda de divulgación de esta e, incluso, intentos por hacer frente a las noticias falsas.