Lo aprobación definitiva en el Congreso de la reforma constitucional para blindar jurídicamente los acuerdos de paz y convertirlos en leyes es, ni más ni menos, la garantía del Estado colombiano de que cumplirá con los pactos de La Habana.
Y es así, porque lo votado el miércoles por una mayoría rotunda en el Legislativo trasciende al gobierno del presidente Juan Manuel Santos e involucra a todos los poderes públicos.
Al Ejecutivo, porque será el que presente los proyectos de ley y de reforma constitucional para poner en marcha los acuerdos de paz. Al Congreso, porque los debatirá y aprobará en tiempos mucho menores a los que requiere el trámite de cualquier otra legislación. Y a la Corte Constitucional, porque, también en plazos más cortos, les hará el control legal.
El peso político de lo aprobado por el Congreso lo dio el mismo presidente Santos el viernes en Córdoba al decir que es el instrumento “para garantizar el cumplimiento de la palabra empeñada”. No solo con las Farc sino también con la parte del país más golpeada por la guerra.
Ese contundente compromiso del Estado colombiano con los acuerdos de paz era la certeza que les estaba haciendo falta a las Farc de que, en el futuro, ningún poder público podrá desconocerlos.