Un plazo extra. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció que la presente legislatura ordinaria del período 2018-2019 –que debía acabar este 15 de diciembre–será ampliada hasta el 30 de enero del próximo año. Esto con el objetivo principal de implementar la reforma constitucional, aprobada en el referéndum, referida a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
“[La] Junta Nacional de Justicia debe iniciar sus funciones lo más pronto posible. Se ha ampliado la legislatura para que se puedan presentar los proyectos de ley orgánica para ser debatidos y aprobados en comisiones y [el] pleno. La JNJ es fundamental para la administración de justicia”, manifestó Salaverry a través de Twitter.
A través de un decreto de presidencia, se da cuenta de una “agenda fija” a tratar. Contempla inicialmente los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa, informes y otras propuestas que se encuentren en la agenda de pleno del Congreso hasta el 15 de diciembre, así como “aquellas proposiciones y mociones que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces”.
En segundo lugar, los proyectos de ley y de resolución legislativa del Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia.
A esos dos puntos específicos se añade un tercero: “Cualquier otro asunto que por mandato constitucional o legal requiera la aprobación o el conocimiento del pleno del Congreso”.
Bajo esos términos, se podrían debatir temas que quedaron pendientes en la agenda del pleno. Por ejemplo, el dictamen que la Comisión de Constitución aprobó la semana pasada y que propone la eliminación de las sanciones administrativas establecidas contra los ciudadanos que no acudan a votar, entre otros asuntos.
Asimismo, el camino queda allanado para que el Poder Ejecutivo o los propios parlamentarios presenten en los próximos días los proyectos de ley de desarrollo constitucional para implementar las reformas referidas a la junta, así como a la regulación del financiamiento de organizaciones políticas.
—Proyecto listo—
Por lo pronto, consultado ayer por El Comercio, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, comentó que el Ejecutivo ya cuenta con un proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Adelantó que hoy se aprobaría finalmente en la sesión del Consejo de Ministros.
Consultado sobre cuándo se presentaría al Parlamento la propuesta, respondió: “Hay que ser coherentes con los tiempos. En primer lugar, no tenemos un resultado oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre el referéndum. Mientras no tengamos los resultados no se puede impulsar ningún tipo de proyecto”.
En cuanto a la regulación del financiamiento de organizaciones políticas, dijo que si bien en el Parlamento está pendiente evaluar la reconsideración del dictamen que tipifica el “delito de financiamiento de origen delictivo”, lo aprobado en el referéndum debe regularse con una “ley especial”.
Cabe recordar que la autógrafa sobre el tema sometida a consulta popular señala que el financiamiento ilegal no solo genera sanción penal, sino también administrativa y civil. “En estos momentos, el Gabinete de asesores del Ministerio de Justicia viene trabajando la formulación de un proyecto de ley”, acotó Zeballos.
El primer ministro César Villanueva dijo que espera que el Congreso tramite rápidamente la propuesta. “Hay un mensaje de la población para poner en marcha las reformas. Necesitamos trabajar muy articuladamente Ejecutivo y Congreso”, manifestó a la prensa.
—Sin cuestionamientos—
Los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia serán elegidos por una comisión presidida por el defensor del Pueblo e integrada por otras seis autoridades, entre ellas el fiscal de la Nación, cargo actualmente ejercido por Pedro Chávarry.
Al respecto, el presidente de Transparencia, Allan Wagner, resaltó que los miembros de dicha comisión especial no deberían tener ningún cuestionamiento.
Aunque no hay impedimento para que Chávarry conforme la comisión, el ex fiscal supremo Víctor Cubas opinó que podría inhibirse considerando que tiene denuncias constituciones pendientes en el Congreso.
“Quienes integren la comisión especial deben ser personas absolutamente comprometidas para enfrentar la corrupción”, señaló el también ex fiscal supremo Avelino Guillén.