Diversas coincidencias como, por ejemplo, la prohibición de los aportes económicos provenientes de empresas extranjeras a los partidos políticos y la elevación de la cuota de género al 50% en las listas de candidatos destacan en el Comparativo de Propuestas sobre Reforma Electoral.
El Ejecutivo presentó un proyecto de ley respecto al tema, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alcanzó también al Parlamento un anteproyecto de Código Electoral y el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral aprobó un informe sobre la nueva ley electoral y lo elevó para su debate a la Comisión de Constitución del Legislativo.
Temas
Frente a estas iniciativas legislativas, Transparencia fijó cinco puntos de relevancia en cuanto a las comparaciones de propuestas para elaborar el documento: Impedimentos para postular y exigencias para candidatos; Finanzas partidarias y de campañas electorales; Democracia interna y voto preferencial; Participación de mujeres; e Inscripción de los partidos políticos.
A la par de las iniciativas legislativas, el documento recoge las propuestas, informes y recomendaciones establecidos en el Plan 32 de Transparencia, el Informe de la Comisión Presidencial de Integridad y el Estudio sobre Integridad de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
En el primer tema, las iniciativas legislativas del JNE, Ejecutivo y Congreso coinciden en prohibir la candidatura de quienes tengan sentencias judiciales, aunque con diversos matices.
La primera institución plantea que se impida la postulación a quienes hayan sido condenados en segunda instancia con pena privativa de libertad efectiva o suspendida por cometer delito doloso y a quienes tengan suspendido temporalmente el derecho al sufragio pasivo por resolución judicial firme.
El grupo de trabajo de reforma propone la exclusión de oficio de todo aspirante que fuera condenado con pena privativa de libertad o inhabilitación en el lapso entre su inscripción como candidato y el día de la elección.
El proyecto del Ejecutivo plantea impedir la postulación de quienes hayan sido condenados con sentencia firme por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, homicidio, secuestro, violación de la libertad sexual, delitos contra la humanidad o delitos dolosos contra el Estado y la administración pública.
Si la organización política incluye candidatos con los citados antecedentes, la prohibición se extiende a toda la agrupación.
Otro punto común de las propuestas se refiere a la suspensión o cancelación del registro partidario. El JNE pide se suspenda la inscripción cuando se observe el incumplimiento reiterado de las sanciones sobre el financiamiento. Ante la no subsanación, el registro se cancela.
Además, plantea que se cancele el registro al incumplir la sanción impuesta como producto de verificación y supervisión de fondos partidarios o cuando la agrupación política cometa una segunda infracción grave en un lapso de dos años.
El grupo parlamentario propone la cancelación del registro por el uso indebido o no informado del financiamiento público directo, por haber sido sancionado con la pérdida del mismo, o por no haber pagado las multas que se le impusieron. A la par, establece responsabilidad solidaria a tesoreros, candidatos y administradores de la campaña.
Para el Ejecutivo, se debe suspender el registro o la participación en procesos electorales de las agrupaciones políticas cuando no presenten los informes financieros. Esta conducta puede generar la cancelación del registro y retiro de candidaturas. Ante la reincidencia en tres ocasiones durante cinco años, también se cancela el registro, agrega.
UIF
Un aspecto que solo plantea el Ejecutivo es la incorporación del levantamiento automático del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para todos los candidatos desde el momento de su postulación hasta dos años después del término de sus mandatos, si resultaran electos.
La iniciativa gubernamental también propone que los candidatos declaren sus impuestos, fuentes y montos de ingresos, bienes en el país y exterior, y personas jurídicas de las que son socios o accionistas, correspondiente a los últimos cinco años.
En el tema de las finanzas partidarias, el proyecto del Ejecutivo precisa que los medios de comunicación y empresas de publicidad deberán informar a la ONPE las contrataciones de publicidad electoral.
El grupo de trabajo parlamentario solo hace extensiva esta obligación a los medios.
Ya en el punto de Democracia interna y voto preferencial, solo en la propuesta de la subcomisión congresal se especifica que la elección de cargos directivos de las organizaciones políticas se realiza cada cuatro años. En las otras propuestas no figura.
Objetivos
El secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, afirmó que uno de los objetivos del comparativo es que la población, con el apoyo de los medios de comunicación, conozca, de manera resumida y fácil, los principales temas que se encuentran en discusión.
“Los textos son voluminosos. El informe del Grupo de Trabajo de Reforma Electoral tiene más de 400 artículos y la propuesta de JNE es todo un Código Electoral; entonces, lo que hemos hecho es extraer los aspectos que nos parecen más relevantes y sintetizarlos para que la ciudadanía sepa de qué se tratan”.
Al mismo tiempo, dijo, se busca comparar lo que se está recogiendo en el Congreso de las propuestas formuladas no solo por los organismos electorales y el Poder Ejecutivo, sino también por entidades que no son instituciones públicas.
“Nos parece que lo importante de la reforma electoral es que se recojan aportes que vienen de diversos sectores, porque partimos de la convicción de que este proceso compromete a todos. Pensamos que el documento puede ayudar también a los propios congresistas, que ya lo tienen en sus manos para que puedan evaluar, por lo menos, estos temas y ver cuáles son las diversas opciones que se han presentado”.
Távara destacó que en el Comparativo de Propuestas sobre Reforma Electoral existan muchas coincidencias. “En el cuadro no solo mostramos las diferencias, sino también los puntos de coincidencia, y eso seguramente ayudará en el debate”.
