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Senado aprueba Ley Federal de Transparencia y accountability; Sansores y Barbosa intercambian acusaciones

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Se mantiene el espíritu de la Ley General en el sentido de que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Con 88 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, el Senado de la República aprobó, la Ley Federal de Transparencia y accountability y Acceso a la Información Pública, en la que se precisan las bases para garantizar el derecho de acceso a la información en manos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos que reciban recursos públicos federales.

El documento avalado establece que toda información generada, obtenida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, deberá ser accesible a cualquier persona y sólo podrá clasificarse como reservada por razones de interés público y de seguridad nacional.

En este sentido, prevé que el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando considere que las resoluciones del INAI para la apertura de información pongan en peligro la seguridad nacional.

Sin embargo, se mantiene el espíritu de la Ley General en el sentido de que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales (PVEM), destacó que la nueva ley permitirá no sólo luchar contra la corrupción, sino también prevenir el abuso del Estado y cualquier indicio de autoritarismo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar (PRI), señaló que esta ley atiende las demandas de los ciudadanos en materia de acceso a la información pública, para que esta sea clara, precisa y expedita.

Detalló que, por ejemplo, en materia educativa se deberá poner a disposición del público la información relativa a la política nacional de evaluación, así como los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo.