Debate urgente. Proyectos entregados al Congreso plantean Transparencia y accountability en los gastos de la campaña electoral y financiamiento para los partidos. Además, modificaciones a la consulta popular buscan establecer candados para que revocatoria no se use mal.
Gastos de campaña, modificaciones en la hoja de vida de los candidatos y revocatoria son los temas claves que deben ser modificados con el Congreso en el marco del debate de la reforma electoral en el país. El secretario general de la Asociación Civil Transparencia y accountability, Gerardo Távara, consideró que en este momento, con la cuenta regresiva para elecciones 2016 cerca, debatir de manera global estas reformas sería contraproducente. "Lo urgente son las normas de carácter electoral que tengan que aplicarse para las elecciones del 2016, para de ese modo evitar que se repitan las situaciones que hemos vivido en los últimos comicios electorales", indicó al recordar los casos de candidatos a municipios y regiones que se encuentran en prisión, o con investigaciones en curso y condenas.
Ante este escenario, indicó que hay puntos tangenciales que deben ser discutidos y aprobados, como los referentes a las rendiciones cuentas durante campañas electorales. La norma actual castiga a los partidos que no cumplan con lo dispuesto, con retiro de financiamiento público directo, algo que hoy no reciben. Por lo que, en la práctica, no reciben ningún tipo de sanción. Sucede lo mismo con las sanciones a los partidos que no informan sus gastos de campaña. Según la nueva Ley de Partidos, para ellos se propone que la sanción sea política. "A los partidos que incumplen se le impide postular y se les retira del registro de partidos políticos", añadió. Para Távara, aunque no lo contempla el proyecto de ley, se deben plantear los impedimentos legales para la postulación de los candidatos.
De igual modo, debe modificarse la presentación de las Hojas de Vida, obligando a incluir la información sobre bienes, rentas y condenas de los postulantes. El presidente de Transparencia y accountability Internacional, José Ugaz coincidió en que es necesario que los partidos que no cumplan con sus gastos de campaña sean sancionados con la imposibilidad de que participen en las elecciones en curso "Sin claridad en las cuentas, la corrupción puede seguir infiltrándose en la política", dijo. En la víspera, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, instó a los parlamentarios a aprobar estas reformas. "La ciudadanía lo demanda. Que se pongan a debate y se aprueben estas reformas.
Muchas instituciones y organismo también han hecho un llamado en esa línea", dijo en declaraciones a la Agencia Andina. Omento lamentó también que esta normativa no haya sido la prioridad del Poder Legislativo, y comentó que espera que esta situación cambie este año, y sea una de las prioridades de la siguiente legislatura. Sin embargo, en noviembre, la misma bancada nacionalista pidió a la Mesa Directiva, presidida por la oficialista Ana María Solórzano, que someta a debate la reforma electoral. Se debe recordar además que han pasado tres presidentes del oficialismo al mando de la Comisión de Constitución: Santiago Gastañadui, Omar Chehade y Cristóbal Llatas en los últimos dos años.
Financiamiento directo
En cuanto al planteamiento de financiamiento directo, que busca fortalecer los partidos políticos a través de, por ejemplo, la capacitación, está en la agenda desde noviembre del 2013. En marzo del año pasado, Chehade sustentó ante el pleno esta propuesta y el 3 de abril se empezó a debatir, y desde ahí no se supo más. Entre los planteamientos de Llatas, último titular de la comisión de Constitución, estaba que el Estado destine S/. 61 millones para financiar a los partidos desde el 2015. El proyecto levantaba la disposición transitoria que rige en la actual ley y condicionaba la entrega de estos recursos a la disponibilidad de la Caja Fiscal. Según la misma iniciativa legal, se otorgaría a las agrupaciones el equivalente a 0,1% de una Unidad Impositiva Tributaria vigente por cada voto válido emitido para elegir un representante al Congreso. Recientemente, el jefe de Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, advirtió que es necesario que el Legislativo ponga en debate el proyecto para modificar el proceso de consulta popular, y así evitar que a inicios del 2016 los grupos políticos que perdieron las elecciones empiecen a recolectar firmas para revocar a las autoridades electas. El proyecto de ley sobre esta materia también indica que el proceso de consulta popular tenga un calendario fijo y que las votaciones se lleven a cabo el último domingo de noviembre del tercer año del mandato de las autoridades bajo este proceso.