La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, que preside Roy Ventura (Fuerza Popular), definirá este martes el futuro de la iniciativa legislativa del congresista Mauricio Mulder que plantea prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados.
La sesión está programada para las 9 a.m. en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Ventura realizará un informe sobre la información acopiada y lo analizado sobre la iniciativa, así como en cuanto a las observaciones del Ejecutivo.
“Los miembros de la comisión decidirán por votación si es que se va por la insistencia, se archiva o se modifica el proyecto. Esperamos que se defina mañana”, comentó Ventura a El Comercio. Una vez emitido el dictamen, este se pondrá en conocimiento de la Junta de Portavoces para determinar su debate en el pleno.
Como se recuerda, la iniciativa de Mulder, que data de noviembre del 2017, fue aprobada el 28 de febrero por la Comisión Permanente y exonerada de segunda votación por la Junta de Portavoces. Posteriormente, el 21 de marzo, el Poder Ejecutivo —durante la gestión de PPK— observó la autógrafa de la ley.
Además, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) también presentó otro proyecto denominado ley de comunicación gubernamental. Este no se abordará mañana, fue derivado no solo a la Comisión de Transportes, sino también a la de Fiscalización.
—Posiciones desde las bancadas—
Mauricio Mulder ratificó este lunes su posición a favor de que la propuesta se apruebe por insistencia e incluso sea vista este jueves en el pleno del Parlamento.
Sin embargo, miembros de la comisión de distintas bancadas consultados por este Diario se expresaron en contra de que la propuesta se apruebe tal como está por insistencia y consideraron que deberían realizarse modificaciones.
Karla Schaefer, una de los 9 miembros de Fuerza Popular en la comisión, consideró que la publicidad estatal se debe regular para que el uso de recursos se sincere, pero que se debe aprobar una modificación a la iniciativa de Mulder que permita al Estado hacer campañas de temas específicos.
“Mulder cierra todas posibilidades. Sí considero que para promover a nuestro país en el extranjero se debe dejar abierta esa posibilidad, para campañas médicas, de educación, lucha contra la violencia”, señaló.
Desde Nuevo Perú, Richard Arce señaló que no está de acuerdo con la insistencia y consideró que es “imposible” que se pueda difundir la información estatal solo en redes sociales e Internet, como también plantea Mulder, pues la cobertura a comparación de los medios de comunicación masiva es distinta. En esa línea, consideró que la propuesta bloquea el derecho a la información de las personas e instó a dejar de lado “intereses político-partidarios” en el debate.
“Inclusive se presta a la presunción de que pueda haber una especie de ajuste de cuentas de parte del fujimorismo frente a prensa que es crítica. […] Que se modifique creo que es lo más viable. Se necesita un proyecto de ley que racionalice la distribución en función de la cobertura de cada medio de comunicación. Pero de ahí a que se pueda perjudicar a algunos medios que no están acordes a los intereses del fujimorismo, y que para esto se está sirviendo del Apra, realmente deja mucho que desear”, dijo a este Diario.
Por su parte, Edmundo del Águila (Acción Popular) manifestó no estar a favor de la insistencia, mas sí de una modificación. “Ningún extremo nunca es bueno. Pasar de una situación de libre disponibilidad de las autoridades de poder contratar y muchas veces malgastar el dinero público no es bueno. Pero también con pasar al otro extremo de poder restringir, nos privamos de situaciones favorables, como por ejemplo el incremento de turistas delos últimos años. Eso ha sido parte de la inversión del Estado en países de afuera”, sostuvo.
A su turno, Jorge Castro (Frente Amplio) consideró que el presupuesto asignado a publicidad del Estado debe limitarse bajo prioridades, pero no eliminarse. “No es que se pueda eliminar, se trata de ponerle límites en relación al presupuesto de la República […] Estoy de acuerdo con que se apruebe el proyecto, pero no en los términos en que se indica, sino que haya modificaciones de tal manera que el gasto sea mejor administrado”, refirió.
Desde Peruanos por el Kambio también se ha cuestionado el proyecto. Por ejemplo, el vocero Gilbert Violeta lo calificó anteriormente de una “ley mordaza” contra el Ejecutivo, contra el Gobierno” y sostuvo que es inconstitucional.