Tres proyectos de reformas legales para sancionar la corrupción reposan en la Asamblea Nacional, desde que se denunciaron actos irregulares en la contratación pública alrededor del caso Odebrecht.
La primera iniciativa la presentó la legisladora de CREO Mae Montaño, el pasado 1 de junio. El texto plantea la reforma de dos artículos, para que se elimine un inciso del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y otro para que la Fiscalía del Estado pueda actuar ante una infracción penal por la existencia de una denuncia ciudadana, de un informe de los órganos de control, o providencias judiciales.
De igual manera, cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) presentaron la propuesta de ‘Ley de las manos limpias contra la corrupción’, el 20 de junio, el mismo día en que acudieron hasta la Asamblea para explicar cómo eligieron a Pólit como contralor.
El 30 de junio, el movimiento político Compromiso Social, del ministro de Inclusión Social, Iván Espinel, presentó también un proyecto titulado ‘Ley de lucha contra la corrupción. Ley Bisturí’.
Plantean crear tres órganos: el Consejo de Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, una Subsecretaría General de Transparencia, y otra de Lucha contra la Corrupción. Estas integrarán un consejo junto al Ministerio del Interior, la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía.
Los proyectos de leyes, entre otras cosas, crean, modifican, o complementan tipos penales como el uso indebido de bienes públicos, el enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, obstrucción de la justicia.