El presidente Lenín Moreno no esperó el dictamen de la Corte Constitucional (CC). Con dos decretos dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque la consulta popular y el referendo. La decisión tomó por sorpresa a todos. A las autoridades del CNE, que preparaban su informe final de gestión sobre el periodo presidencial de Juan Pablo Pozo. Y a la misma Corte, que llevaba a cabo la audiencia sobre la propuesta de consulta.
Los decretos 229 y 230 ordenan en su primer artículo convocar a los ecuatorianos a las urnas, para que se pronuncien sobre las siete preguntas, dos de consulta y cinco de referendo. También disponen la notificación al CNE y a la Corte.
Lo ocurrido desató un debate entre constitucionalistas y políticos. Unos, especialmente de la oposición, apoyaban la legalidad de la decisión y otros, sobre todo afines al correísmo, hablaban de un “golpe a la institucionalidad”.
Esto coincidió con el fin del periodo constitucional de funciones de los consejeros Juan Pablo Pozo, Nubia Villacís, Paúl Salazar, Ana Marcela Paredes y la suplente Luz Haro.
Ellos cumplieron ayer seis años. Y la Procuraduría había argumentado su salida. Pero el Consejo de Participación Ciudadana no ha iniciado el concurso de renovación. Para prever una posible acefalía, Moreno los habilitó legalmente para permanecer en sus cargos con el Decreto 190.
Esto, no obstante, no implica que los consejeros tengan la obligación de quedarse. La oficina de Pozo, por ejemplo, ya estaba vacía ayer en la tarde. Y los directores y coordinadores de la institución presentaron sus renuncias. Pozo se retiró aduciendo el fin de su periodo, pero en medio de constantes críticas a su actuación.