De ganar en las urnas la consulta popular que impulsa el presidente Lenín Moreno se prorrogarían los periodos de las autoridades de tres instituciones del Estado: el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Contraloría General del Estado y la Defensoría Pública.
La propuesta del Ejecutivo para enmendar la Constitución y reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) dispone que en el régimen de transición “quedarán sin efecto los concursos públicos que esté llevando a cabo” para designar autoridades de su competencia desde la promulgación de los resultados del referéndum.
Ahora, el Consejo alista la integración de la Comisión Ciudadana de Selección de tres vocales electorales, quienes estarían designados en enero del 2018, según lo programado.
El vicepresidente del CPC, Edwin Jarrín, asegura que el concurso de CNE deberá continuar, al igual que la elección de contralor del Estado, en cuyo caso se siguen “sistematizando” propuestas ciudadanas para la elaboración del reglamento de selección.
“Si hay una consulta, en enero también estaríamos en periodo de elecciones (...). Es decir, se designará a los consejeros, pero una vez que termine el periodo electoral del 2019 se posesionarán. Y los actuales podrían prorrogarse hasta el 2019”, añadió ayer Jarrín en una entrevista televisiva.
El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Farith Simon, cree que si se impulsa esta reforma ya no “se debería aceptar a las nuevas autoridades”, pero según la iniciativa, los “procesos en marcha se suspenden y no se puede designar más autoridades”.
Y los que estén en ejercicio del cargo podrían quedar cesantes por el CPC de Transición, si son “evaluados negativamente”, aclaró el jurista.