Esta semana el Pleno del Congreso retomó por enésima vez el debate para la modificación parcial de la normatividad en materia electoral y de partidos políticos. Aquel aparente entusiasmo, sin embargo, se muestra muy distante de las reformas de fondo planteadas por los organismos electorales, de cara a los comicios generales del 2016.
El secretario de la organización Transparencia y accountability, Gerardo Távara, recordó, en diálogo con La República, el anuncio que hizo al asumir el cargo el presidente del Congreso, Luis Iberico, en el sentido de que le daría prioridad a la reforma electoral. "Ha transcurrido un mes desde el inicio de la nueva legislatura y, en verdad, esperaríamos que esa prioridad se traduzca en la aprobación de normas que mejoren las reglas electorales", aseveró.
En opinión de Távara setiembre deber ser un mes crucial para que el Parlamento apruebe las reformas urgentes.
Sin embargo, el dictamen sometido a debate esta semana es un texto sustitutorio aprobado en setiembre del 2014 por la Comisión de Constitución que solo desarrolla temas relacionados con la inscripción, cancelación y declaración de ilegalidad de las organizaciones políticas, y apenas incluye el tema del financiamiento en disposiciones complementarias.
En buen cristiano, el debate reiniciado no aborda con énfasis el financiamiento público de los partidos, tampoco la supervisión de los fondos de campaña. Otros asuntos ausentes son la participación obligatoria de los organismos electorales en los procesos de democracia interna y la aplicación de la figura de "un militante, un voto" en los comicios internos. La propuesta que tampoco logra un consenso es la eliminación del voto preferencial.