Bancadas deben cambiar norma que regula procesos electorales antes del 10 de abril. Solo así podrán discutir reformas y aprobarlas según lo que prometieron en la campaña.
*Articulo publicado en el diario La Republica
El nuevo Parlamento de la República tiene un reto contra el reloj: si sus integrantes no modifican el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones antes del 10 de abril, las reformas políticas –pendientes de aprobarse– serán inaplicables en las elecciones generales del 2021.
La norma estipula que las leyes de carácter político y electoral, promulgadas en menos de un año previo a los comicios generales, no tendrán efecto en el proceso en curso.
Hasta hoy seis grupos están a favor de reajustar esa norma: Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú (SP), Podemos Perú (PP), Partido Morado (PM) y el Frente Amplio (FA). Es cierto que el nuevo Congreso solo necesita el respaldo de 67 congresistas para modificar dicha norma. Y estas seis agrupaciones tienen los votos suficientes. Pero la dificultad será el tiempo.
La semana pasada, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recién proclamó los resultados electorales. Prosigue, entonces, que la Oficialía Mayor del Congreso acredite a los nuevos legisladores e instale la Junta Preparatoria.
La Junta estará integrada por los congresistas más votados, entre ellos, Enrique Fernández, del FA, quien calculó, en diálogo con La República, que a este paso el Parlamento recién se instalará en quincena. Luego de eso, hasta que el Pleno elija a la Mesa Directiva y resuelvan la distribución de comisiones, considera Fernández, el cambio de la ley electoral recién sería visto en abril.
La única solución, según Fernández Chacón y Guillermo Aliaga, de SP, será exonerar la propuesta de pasar por la Comisión de Constitución. Y, así, discutirla de frente en el Pleno.
El vocero del PM, Francisco Sagasti, comparte esa idea, pero aclara que eso dependerá de la Junta de Portavoces, donde participan las nueve bancadas.
El presidente del JNE, Víctor Ticona, cabe recordar, planteó que la modificación a debatirse en el Congreso debe concordar con la convocatoria a los comicios presidenciales. Es decir, reducir el plazo de un año a nueve meses. Con ello, los parlamentarios tendrán cuatro meses –desde abril a julio– para discutir reformas pendientes y que podrán ser aplicadas en las próximas elecciones.
El presidente de la Comisión de Reforma Política, Fernando Tuesta, también considera primordial cambiar la ley. “Creemos que la fecha (límite para modificar la norma) debe ser el último día de inscripción de partidos políticos según el cronograma electoral (entre julio y agosto). Tiempo hay, voluntad política es lo que se necesita”, alegó.
Sagasti, en cambio, plantea que se disminuya a medio año. "Habíamos pensado en seis meses", expresó.
Independientemente del lapso, el congresista Aliaga sostiene que en ese tiempo se pueden resolver dos proyectos: eliminación del voto preferencial e impedimentos para que postulen sentenciados en primera instancia. Este último tiene pendiente una segunda votación y requiere el respaldo de 87 legisladores, pues implica cambios a la constitución.
En cuánto a las demás reformas, será fundamental que los partidos respeten sus promesas electorales, como eliminar la inmunidad parlamentaria y no alterar las elecciones primarias, abiertas y obligatorias.