Aunque existe la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la realidad no ha cambiado en Ecuador. Siete representantes de las bancadas del Legislativo hablaron con EL TELÉGRAFO y reconocieron al menos tres problemas sobre aquello: en Ecuador no se aplican las leyes; se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la violencia contra las mujeres es un problema estructural.
Los legisladores se centraron en que la Asamblea ya hizo la ley para erradicar la violencia el año pasado, pero que su aplicación depende del Gobierno.
La normativa plantea, por ejemplo, un sistema nacional para que las instituciones del Estado emitan políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia. Sin embargo, la falta de presupuesto ha impedido su implementación. Según la Asamblea, se requieren $ 86 millones para aplicar la ley.
A pesar de ello, el Gobierno estableció para 2019 un presupuesto de $ 658.000 para combatir la violencia de género.
Eddy Peñafiel, asambleísta del Bloque de Integración Nacional (BIN), lamentó que, después de la violación de Martha, en Quito, y el crimen de Diana, en Ibarra, publicó el reglamento a esa norma.
Freddy Alarcón, legislador independiente, instó a los poderes del Estado a apropiarse de la ley, especialmente las instituciones rectoras de justicia.
Para Héctor Yépez, asambleísta de CREO, esa ley debe complementarse con un endurecimiento de las penas. Propone la castración química, tal como en algunos países europeos, y la cadena perpetua. “Eso no significa retroceso de derechos. No hay prohibición en la Constitución para ambas cosas”.
César Rohon, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), también coincide en tener penas más fuertes que deben incluirse en las nuevas reformas al COIP. “Las penas para los violadores deben ser las más duras y no pueden disminuirse por buen comportamiento de ellos en las cárceles”, expresó Rohon.