Tras el anuncio del Mandatario, la mayoría de asambleístas coincide en que no se necesita una entidad que regule el contenido de los medios.
Las reacciones sobre el anuncio del presidente Lenín Moreno de eliminar la Superintendencia de Comunicación (Supercom) generó la reacción de sectores políticos y de organizaciones.
La mayoría expresó su satisfacción, aunque anticipó que se espera el envío del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) por parte del Ejecutivo para este viernes 18 de mayo.
Quienes se pronunciaron de inmediato pertenecen al sector legislativo.
Wilma Andrade (ID) señaló que la propuesta elimina “un sinnúmero de abusos y medios arbitrarios y permitirá fortalecer el periodismo de investigación”.
Homero Castanier (CREO) enfatizó que la Supercom era un organismo que “funcionaba para que no se escuchasen las voces críticas; si había periodismo investigativo y se decía que había una institución con mal uso de recursos públicos se sancionaba al medio”.
El legislador consideró que en el caso de alguna falta será la justicia ordinaria la que se encargará de la sanción.
“Si mañana en un medio o en una red social alguien hace una publicación falsa o en contra de mi persona se pide la desmaterialización del audio ante un notario y se procede a entablar una demanda. Eso está tipificado en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal”.
Aunque Luis Fernando Torres (PSC) aclaró que “ninguna autoridad administrativa asumirá sus competencias sancionadoras, pues solo los jueces de derecho podrán intervenir en disputas entre ciudadanos y medios, sin que se llegue al extremo de judicializar el periodismo”.
No obstante todos ellos coinciden en que no es “necesario” que se cree un organismo de control superior para “decir qué es bueno y qué es malo en los medios de comunicación”.
En cambio Cristóbal Lloret, de la bancada Revolución Alfarista, si bien concuerda en que toda ley puede ser reformada para mejorarla y no retroceder en derechos, no comparte la eliminación de la Supercom.
Para él se trata de un “retroceso y de la afectación a la institucionalidad para el cumplimiento de derechos garantizados en la Constitución”. A juicio de Lloret, si un ciudadano se sentía afectado en su derecho la Supercom actuaba directamente y con la desaparición del organismo esa persona asumirá costos judiciales y trámites, por lo que habrá que introducir reformas en el sistema judicial obligatoriamente.
Ximena Peña (PAIS) aseguró que la iniciativa de reforma “será tratada con agilidad”, según dijo, porque dichas reformas son parte de la planificación ya establecida en su agenda legislativa.
“La necesidad de crear o no una comisión ocasional será una decisión que deba tomar el Consejo de la Administración de la Legislatura”.
Sobre el tema también se pronunció la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).
Su director, César Ricaurte, manifestó que para la reforma a la LOC se deben tomar en cuenta los planteamientos de periodistas, académicos, integrantes de la sociedad civil, del Ejecutivo, entre otros.
Según el organismo, a mayo de 2017, antes de la investidura del presidente Lenín Moreno, la Supercom procesó 1.081 casos en contra de medios y periodistas de los cuales 675 terminaron en sanciones.