Según un estudio sistematizado por la organización civil Integración, en América del Sur casi la totalidad de países cuenta con leyes que permiten el financiamiento público de los partidos políticos. Solo Venezuela y Bolivia no tienen una norma al respecto, mientras que en el Perú la Ley de Partidos Políticos, aprobada en el 2003, contemplaba este punto, pero su aplicación ha ido postergándose de manera indefinida.
El documento precisa, por ejemplo, que en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México, el Estado entrega recursos a los partidos, tanto para sus actividades administrativas como también para gastos de campaña.
Más en detalle, en reciente reunión en el Consejo de la Prensa Peruana, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, citó como ejemplo a México, donde el Estado otorga US$ 540 millones a los partidos, mientras que en Panamá, US$ 70 millones.
En el Perú, si el Congreso aprueba el financiamiento público, los partidos recibirían recursos del Estado por un monto mayor de S/. 60 millones, que se repartirían a razón de S/. 12 millones por año, durante el próximo quinquenio, a partir del 2017.
A diferencia de los países vecinos, la asignación de dinero a los partidos en el Perú sería exclusivamente para gastos administrativos y para actividades de capacitación e investigación. Queda descartado que los partidos usen este dinero en sus campañas electorales.
Observaciones
El próximo jueves, el Pleno del Congreso someterá a debate un texto sustitutorio suscrito por el presidente de la Comisión de Constitución, Fredy Otárola, el mismo que consigna la aprobación del financiamiento público.
Sin embargo, quedó descartado un anterior documento que desarrollaba, junto con la aprobación del financiamiento público, un marco normativo de infracciones y sanciones para el adecuado control de los fondos. Fuentes de la Comisión de Constitución no descartan que esto último pueda ser retomado antes del debate.