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El Protocolo LGBTI de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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La Corte presentó este lunes 18 de agosto el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Acá te decimos de qué se trata. 

Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México presentó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. El documento funciona como un manual para jueces, diseñado para ayudarlos en los asuntos que resuelven. Si bien está pensado para resoluciones que impacten los derechos de las personas que son lesbianas, gay, bisexuales, trans o intersex (LGBTI) –ya que tienden a ser los derechos más violentados–, es un Protocolo que funciona para cualquier caso en el que se afecte la regulación jurídica de la orientación sexual o la identidad de género. Esto es, que afecte los lazos sexuales o afectivos que las personas podemos establecer, o las maneras en las que podemos vivir y expresar nuestra masculinidad o feminidad, nuestra identidad como hombres o como mujeres, nuestros cuerpos mismos. 

El Protocolo es el sexto que ha producido la Corte en los últimos años. Los otros que acompañan la serie están dedicados al género, a los migrantes, a los indígenas, a los niños y niñas y a las personas con discapacidad (todos se pueden consultar y bajar aquí). El punto de estos documentos es identificar las barreras más comunes que sufren las personas para disfrutar de sus derechos por ciertas causas específicas –su género, su etnia, su orientación sexual, su edad, su condición social, etcétera– y proporcionar las herramientas para erradicarlas en el contexto judicial. Para el caso específico del (que yo llamo) Protocolo LGBTI, esto implicó revisar cuáles eran las violaciones más comunes que sufrían las personas a sus derechos por virtud de su orientación sexual o identidad de género, para después ver cuáles eran las herramientas jurídicas que se contaban para combatirlas. Por esta razón, valga aclarar: si bien el Protocolo, en sí, no es vinculante para ninguna autoridad, las normas en las cuales está basado –la Constitución, múltiples tratados internacionales y resoluciones de la Corte (entre otros órganos)– sí lo son. Lo que hace el Protocolo es juntar todas las armas jurídicas con las que ya contamos las personas para defender nuestros derechos e ilustrar cómo podrían utilizarse en casos específicos.