Cuando faltan dos días para el comienzo del año parlamentario, el gobierno de Mauricio Macri relanzó hoy el debate sobre la reforma política tras el revés en 2016. El plan oficial permitirá ahora el financiamiento de empresas a las campañas con tope de 3% del gasto total de cada frente político; la bancarización de los aportes; duras sanciones penales contra el clientelismo, restricciones a la publicidad oficial y la eliminación de los actos de gobierno orientados a captar el voto durante las campañas políticas.
Las discusiones comenzaron en la Casa Rosada con el seminario "Financiamiento político en Argentina. Diagnóstico y desafíos", organizado por el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez . Participan altos funcionarios, ONGs, jueces y partidos políticos.
En la apertura, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , adelantó que el proyecto de ley de financiamiento, que se enviará en marzo a la Cámara de Diputados, buscará "restringir la publicidad oficial en las campañas y que durante toda la campaña electoral los oficialismos no puedan hacer actos de gobierno". Estos incluyen inauguraciones de obras o anuncios orientados a la captación del voto.
Según explicó el ministro, ello buscará que "no puedan aprovechar la ventaja relativa que tienen al estar a cargo de los estados nacionales, provinciales y municipales". En la actualidad, esa restricción rige para los 15 días anteriores a las elecciones y se ampliará a los 30 días de campaña.
En paralelo a la ley de financiamiento, la Casa Rosada también impulsará un acuerdo con el PJ en el Senado para sancionar reforma electoral con sistema de boleta única electrónica (BUE). Ese proyecto fue aprobado en 2016 por Diputados, pero en diciembre de ese año fue frenado por el justicialismo en la Cámara alta.
Frigerio confirmó que se permitirán aportes de empresarios a los partidos políticos para las campañas electorales, hoy prohibidos por ley. "Por supuesto con topes, con restricciones, el aporte de las empresas hay que discutirlo y hay que transparentarlo", dijo el ministro.
El proyecto prevé que cada empresa podrá aportar hasta un tope de 3% del gasto total de cada coalición electoral en toda la campaña.
Para mayor transparencia, esas donaciones no podrán ser en efectivo; deberán estar bancarizadas mediante transferencias o cheques. "El movimiento del financiamiento de las campañas políticas es en efectivo y eso, obviamente, restringe mucho la posibilidad de control. Lo que estamos proponiendo es la bancarización total de todos los aportes partidarios", dijo Frigerio ante más de 300 expertos en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada.
Para el mejor control, la iniciativa prevé, según Frigerio, "establecer un sistema de carga de la información en tiempo real para que se pueda controlar cada paso que se da en el manejo de dinero partidario". Y ese sistema contemplaría, explicó, "fortalecer el cuerpo de auditores, contadores, de la Cámara Nacional Electoral".
También se buscará controlar el registro de proveedores de publicidad en la vía pública, un foco importante de corrupción, y que estas normas puedan tener adhesión por parte de las provincias, ya sea en elecciones simultáneas o en elecciones desacopladas.
Frigerio confirmó, además, que se promoverán "mayores sanciones para el clientelismo".
En la actualidad existen dos fondos para partidos: uno para desenvolvimiento institucional, ordinario, y otro para campañas. Para el primero pueden aportar tanto personas jurídicas (empresas; 1% del total de gastos permitidos) como personas físicas (2%), según el artículo 16 de la ley 26.215. Para las campañas, sólo pueden aportar personas físicas (2%); la ley 26.571 prohibió expresamente los aportes de las personas jurídicas.
Con el proyecto que enviaría el Gobierno en marzo, el nuevo tope para ambas categoría sería de 3% sobre el total de gastos.
Durante el seminario, el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Perez, subrayó la "importancia y la complejidad del tema", pero señaló: "Desde hace un año y medio iniciamos un proceso de discusión y se fue delineando un amplio consenso respecto a las medidas necesarias para avanzar en la transparencia".
Por su parte, Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional, señaló que "uno de los desafíos de América Latina hoy es combatir el dinero ilícito del narcotráfico que financia la política".
Daniel Zovatto, director para América Latina y el Caribe del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, pidió "evitar que haya conflicto de intereses" y que "si el dinero de los empresarios para las campañas existe hay que regularlo".
También hubo una voz de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que la Argentina se quiere sumar. El jefe de integridad del Sector Público, Janos Bertok, reconoció y celebró la iniciativa.
También participaron la directora Ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Julia Pomares; la diputada del bloque PRO Silvia Lospennato; el diputado del bloque Córdoba Federal Juan Brügge; el senador justicialista Dalmacio Mera; la senadora de la UCR Inés Brizuela y Doria, y el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía.