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Depuración de la Asamblea Nacional depende de órganos de control

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Por unanimidad, y sin un debate de por medio, el Pleno de la Asamblea aprobó este martes, 18 de septiembre del 2018, una nueva resolución en respuesta a las denuncias de cobros indebidos a asesores por parte de legisladores.

Además, este miércoles la presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, firmará acuerdos con la Fiscalía y la Contraloría para concretar acciones inmediatas del tema. El objetivo de la Asamblea es solicitar a la Contraloría que disponga auditorías a las cuentas bancarias en las que se acreditan las remuneraciones de los parlamentarios y los funcionarios legislativos, a partir de mayo de 2013. Además de requerir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que revise las cuentas de los exfuncionarios y actuales funcionarios ocasionales de la Asamblea Nacional, en el último lustro. En la resolución, de seis artículos y dos disposiciones finales, se explica que ese cruce de cuentas permitirá “determinar si existen o no retiros por montos reiterativos, mes a mes, y/o transferencias de esos valores y a qué cuentas, que pudieren hacer presumir la existencia de ilícitos”.

A esas instituciones, la Legislatura les requiere que tanto la auditoría como el análisis financiero se realicen en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la fecha de aprobación y notificación de la misma, “por lo delicado del tema”. Ni en este documento ni en la resolución con la que el pasado 6 de septiembre el Pleno ofreció dar facilidades para que la Fiscalía y Contraloría investiguen el tema -y garantías para que los afectados denuncien-, se alude a generar una autodepuración del Parlamento.