El defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, salió este jueves 26 de abril a responder a la evaluación de su gestión que prevé realizar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T).
Rivadeneira señaló que "no reconoce a un órgano administrativo, transitorio, de origen gubernamental, que tenga la capacidad de evaluación a una INDH (Institución Nacional de Derechos Humanos), ya que la Asamblea Nacional es el juez natural de la Defensoría del Pueblo y, por tanto, el único órgano que, a través de un juicio político, puede evaluar mi accionar”.
En un boletín oficial, la Defensoría del Pueblo recordó que "es la única institución del aparataje estatal que tiene normativa nacional e internacional que le blinda de este tipo de evaluaciones".
Rivadeneira, en rueda de prensa, indicó que está a disposición para acudir ante el pleno del Consejo transitorio para ampliar y detallar las razones de su posición.
El pasado 12 de abril, el pleno del Consejo Transitorio decidió iniciar la evaluación del accionar de Rivadeneira al frente de la Defensoría del Pueblo.
El defensor del Pueblo explicó que la Contraloria General del Estado ha realizado 21 auditorías o exámenes especiales a su gestión, "de las cuales 16 se encuentran concluidas sin ningún indicio de responsabilidad penal, civil o administrativa; 5 están en proceso, y 3 de ellas iniciaron a día seguido, la semana anterior".
“El Consejo Transitorio reportó que ha recibido 16 denuncias sobre la gestión de la Defensoría del Pueblo; pero, quiero que caigan en cuenta que durante los años de mi gestión la Defensoría ha resuelto 100 mil causas y atendido 160 mil asesoramientos”, agregó el funcionario.
Rivadeneira indicó que en las últimas horas la Alianza Global de INDHs envió un comunicado al Estado ecuatoriano advirtiendo del "riesgo de que la Defensoría del Pueblo pierda su “estatus A”, reconocido por Naciones Unidas, por vulnerarse su independencia y autonomía”. Señaló que de mantenerse esta situación, la revisión del estatus en el seno de la Alianza iniciaría en la reunión del organismo, planificada para mediados de mayo.
El miércoles 25 de abril, el asambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza, anunció que presentará una resolución con 22 firmas de respaldo (legisladores del bloque) para pedir a la Corte Constitucional (CC) que interprete el alcance del mandato que designó al Consejo transitorio.
El legislador considera que existen excesos en el proceso de evaluación a los organismos de control. "El ciudadano votó por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, no por una 'mini Asamblea Constituyente'", aseguró el legislador en un comunicado.