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Constitución aprobó dictamen sobre financiamiento ilegal de partidos

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La Comisión de Constitución del Congreso, que preside Rosa Bartra (Fuerza Popular), aprobó un dictamen que incorpora al Código Penal el delito de financiamiento ilícito de partidos políticos.

Durante la sesión de hoy, Bartra dio cuenta de un predictamen que contenía dos artículos. En uno de ellos se establecía que “será de exigencia obligatoria la emisión de un informe fundamentado por escrito por parte de la autoridad competente, antes de la formulación de requerimiento acusatorio o la conclusión de la etapa intermedia”.

Sin embargo, durante el debate, varios parlamentarios —entre ellos Gilbert Violeta (PpK), Marisa Glave (Nuevo Perú), Miguel Torres y Úrsula Letona (Fuerza Popular)— se expresaron a favor del retiro de esa parte.

Posteriormente, se elaboró un texto sustitutorio que contenía un solo artículo. Este incorpora el artículo 359-A al Código Penal.

La norma, que recoge cuatro proyectos de ley, fue aprobada por mayoría. En contra votaron los legisladores Marisa Glave (Nuevo Perú) y Gino Costa (no agrupado).

Gilbert Violeta (PpK) se abstuvo argumentando que si bien está a favor de la regulación del tema, “hay todavía algunas cosas que tenemos que precisar en el texto. Apoyaré en el pleno, tenemos un dictamen en la Comisión de Justicia que queremos que se consensue”.

—Detalle—
De acuerdo a lo aprobado, la pena base para el delito va de 4 a 8 años de cárcel. En tanto, el agravante contempla una pena de cárcel de 10 a 15 años y de 120 a 350 días multa.

Entre los supuestos de este último punto están: “El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal”; “el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucradas sea superior al equivalente a 500UIT”.

Cabe recordar que un informe del Ministerio de Justicia sobre el mismo tema, pero referido a un dictamen de la Comisión de Justicia, cuestionó que como agravante se estén incorporando actos que configuran el delito de lavado de activos, pero proponiendo penas menores a las vigentes (de 8 a 15 años la pena base y de 10 a 20 la agravada, más multa e inhabilitación).

Precisamente está pendiente la elaboración de un texto sustitutorio al dictamen de la Comisión de Justicia, que recibió cuestionamientos y las observaciones del ministerio. Este documento había sido exonerado por la Junta de Portavoces de debate en la Comisión de Constitución y además se había aprobado su inclusión en la agenda de pleno de la semana pasada; pero esto finalmente quedó sin efecto con el retiro de las firmas de Peruanos por el Kambio y APP del acta de acuerdo de los voceros.

—Críticas—
Marisa Glave, que votó en contra, criticó el dictamen. Consideró que quien pida la financiación ilegal también debe ser sancionado y apuntó: “Lo que generaría equivocación es que en el tipo agravado se ha incluido una manera de redacción muy cercana a lo que es lavado de activos. Estamos tipificando financiación ilegal, lo que está bien, pero lavado de activos es otro delito y debería aplicar la concurrencia; es decir, los dos delitos se presentan y el fiscal pide la suma de la pena. No tendría por qué entrar como agravante, porque podría generar una confusión en el proceso penal”.

En declaraciones posteriores a la prensa, también cuestionó que no se haya incluido a partidos políticos como parte de las organizaciones o personas jurídicas que pueden tener sanción.

Por su parte, Gilbert Violeta, quien se abstuvo, explicó que se eliminó el hecho de que la ONPE tenga que hacer un informe previo para que el Ministerio Público pueda denunciar cuando corresponda y resaltó que se haya elevado “muchísimo” el nivel de las penas. Por ello, afirmó que es "un buen dictamen".

“Pero la redacción del texto, en sí mismo, se pueda mejorar […] Lo que estoy pidiendo a la presidenta de la Comisión de Constitución es que establezca un texto consensuado con la Comisión de Justicia”, aseveró en declaraciones a la prensa tras la sesión.

—Debate—
Durante el debate antes de la elaboración del texto sustitutorio, Rosa Bartra justificó la presentación del predictamen argumentando que está próximo el referéndum que incluye entre sus preguntas el tema del financiamiento de partidos políticos. A su juicio, la reforma constitucional “podría tener un vacío importante al carecer nuestra legislación penal del delito de financiamiento de organizaciones políticas”.

Gilbert Violeta pidió una sesión conjunta con la Comisión de Justicia a fin de buscar un texto de consenso. “Hay cuatro objeciones que deberían de ser recogidas en el dictamen: el hecho de que el informe de la ONPE no sea un requisito previo de procedibilidad, la necesidad de incrementar las penas para cuando se trata de delitos que se asocien con lavado de activos según el Decreto Legislativo 1106, la regulación específica sobre el tema de las multas”, comentó.

Úrsula Letona consideró que el dictamen de la Comisión de Constitución tipificaba de forma más objetiva los supuestos de hecho del delito. “El delito de lavado de activos es autónomo. Y por lo tanto, es distinto cuando aplica a situaciones que derivan de narcotráfico, terrorismo u otros delitos graves vinculados a lo que está pretendiendo el dictamen. Mantengo la posición de que está correctamente tipificado el agravante”, dijo.

Por su parte, aunque señaló estar a favor del retiro de la condición a la fiscalía relacionada a un informe de la ONPE, Miguel Torres sostuvo que hay normas que solicitan opiniones previas en casos tributarios.

Por ejemplo, mencionó que en los casos de delito tributario el Ministerio Público dispone la formalización de una investigación preparatoria previo informe motivado de la Sunat. Esto según el requisito de procedibilidad establecido en la Ley Penal Tributaria