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Congreso no eliminará la inmunidad parlamentaria

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Solo cuatro bancadas, que suman 57 legisladores, están de acuerdo en abolirla totalmente, pero se requieren al menos 87 votos y una segunda legislatura por ser una reforma constitucional. La mayoría plantea que se mantenga para la función congresal.

Todo hace prever que el nuevo Congreso no cumplirá con la oferta de campaña de eliminar la inmunidad parlamentaria. La mayoría de legisladores electos apuesta por conservar la protección para aspectos vinculados a su función, con el argumento de que solo así podrán fiscalizar sin persecución.

En lo que sí hay un consenso es en la necesidad de resolver este tema al inicio de la gestión.

La actual norma concede protección a los parlamentarios desde su elección hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Y la última modificación le da 45 días de plazo al Legislativo para resolver cada caso, de lo contrario, la Corte Suprema puede pedir que lo haga el Tribunal Constitucional.

Cinco bancadas han mostrado su disposición de continuar con esta figura y cambiar solo la prerrogativa del TC. En esa línea están Acción Popular, Frente Amplio, Unión por el Perú, Podemos Perú y Fuerza Popular, que en total suman 73 votos. Sin embargo, se diferencian en quién será el encargado de levantar la inmunidad.

Para el partido de la lampa, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe evaluar si retira esta protección. El virtual presidente del Congreso, Manuel Merino, lo propuso por tratarse de un órgano elegido por concurso público. “Nosotros sí creemos que es necesaria, salvo para los delitos cometidos con anterioridad o durante la función”, dijo a La República en entrevista publicada el domingo.

Por su parte, el vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, recalcó que debe quedar claro que la inmunidad no procede para proteger delitos comunes ni los cometidos antes de la elección. Plantearán que se reformule el reglamento para que, si no hay respuesta en un plazo específico, se levante automáticamente. “Que sea a lo mucho 10 días hábiles como el silencio administrativo positivo”, acotó.

En Unión por el Perú,  su portavoz, José Vega, recordó que en la contienda electoral afirmaron que no tienen inconveniente en que se elimine la inmunidad, sin embargo, precisó ahora que esta debe mantenerse solo para la función legislativa, a fin de evitar que grupos de poder los denuncien.

No concuerda en que la JNJ levante esta prerrogativa. “Podría ser una junta de notables, integrada por los expresidentes del Congreso, porque conocen la hermenéutica parlamentaria. El mecanismo lo podríamos ver”, refirió.

Podemos Perú aún evalúa qué entidad debe tener la potestad de retirar la inmunidad. La congresista electa Cecilia García indicó que están de acuerdo con eliminar esta protección en general, pero salvaguardándola para la función dentro del mandato legislativo.

Debe quitarse para todo delito común, cometido antes o durante su período. Que sea investigado como un ciudadano común por la Fiscalía”, sostuvo.

Eliminación total

Por otro lado, están las bancadas de Somos Perú, Alianza para el Progreso, el Partido Morado y Frepap. Sus integrantes suman 57 votos, insuficientes para eliminar por completo la inmunidad parlamentaria, que requeriría una modificación constitucional, para lo cual se necesitan al menos 87 votos y dos legislaturas.

El vocero de Somos Perú, Rennán Espinoza, aseguró que de todas maneras van a impulsar la cancelación de esta prerrogativa y tratarán de convencer a otras bancadas.

Actualmente, la norma señala que se aplica desde la elección y no para los procesos iniciados previamente, pero, por costumbre, la Corte Suprema ha pedido el levantamiento de inmunidad y se ha generado un mal uso.

Para que no haya dudas, creemos que se debe anular por completo y así queda zanjado para que nadie se esconda en la inmunidad”, sentenció.

Mientras que Francisco Sagasti, portavoz del Partido Morado, advirtió que la protección parlamentaria no se puede seguir usando como hasta ahora, para escudar delincuentes y corruptos, por ello apuesta por su eliminación.

Añadió que después de ello se puede debatir en qué situaciones específicas se puede restituir parcialmente, cuáles son los delitos de función, y si se da solo para el período congresal, entre otros aspectos.