Manual

Cartilla para el control social a la designación de autoridades de instituciones ...

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La participación y control social es un derecho fundamental de los ciudadanos, no solamente para fortalecer la democracia de las naciones sino también para transparentar la gestión pública y contribuir a orientar desde la sociedad civil, la construcción de políticas públicas. El control social es la capacidad de la sociedad de regularse a sí misma, y esta regulación dependerá del grado en el que cada persona esté en condiciones de asumir objetivos comunes con otros para en conjunto interpelar a la acción estatal promoviendo prácticas democráticas y reduciendo la arbitrariedad y el abuso, de tal manera que, desde ese accionar, puede intervenir para vigilar el manejo de los recursos públicos, la inversión adecuada en una obra pública, la gestión correcta de una determinada autoridad, o, como el caso que nos ocupa: la designación ética y transparente de autoridades del Estado que no son de elección popular y tampoco de designación directa del Ejecutivo, sino de aquellas que lideran las instituciones de control, del sector justicia, de la administración electoral y otras que permiten la existencia de pesos y contrapesos en el diseño institucional, y que deben caracterizarse por su independencia.

 

En esta cartilla se resumen algunas acciones que pueden comprender la activación social para hacer control eficaz y oportuno en la designación de las autoridades señaladas anteriormente, con miras a contar con elementos que coadyuven al ideal democrático y disminuir la amenaza de modelos autoritarios, en el entendido de que las instituciones juegan un rol fundamental en ese propósito. Comprende también el análisis de la conveniencia de actuar desde lo colectivo agrupando a las diferentes expresiones de los intereses de la sociedad: gremios, organismos no gubernamentales, movimientos sociales, etc., en plataformas, coaliciones, frentes, que permitan una intervención con mayor fuerza que la que otorga la individualidad; espacios que deben partir de definir claramente los objetivos de control que se proponen y del establecimiento de un compromiso que permita el desarrollo de la actividad en tanto se requiere el concurso de todos con presencia política, recursos materiales y humanos que deberán ser cubiertos por el colectivo; la determinación de vocerías que representen a la iniciativa; la conformación de equipos de técnicos que recopilen información, realicen el seguimiento y análisis de esa información, realicen las actividades comunicacionales, entre otras actividades que –de ser el caso- deben estar a cargo de personas especializadas; generación de alianzas estratégicas que faciliten el desarrollo de la labor, etc.

 

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