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Asamblea Nacional postergó debate de la reforma electoral

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El proyecto de ley 292, que reforma el Código Electoral, deberá esperar hasta la próxima semana para su tercer debate.

Luego de una acelerada jornada en la que se aprobaron más de un centenar de modificaciones y sendas reconsideraciones, los técnicos de estilo de la Asamblea Nacional están en una compleja etapa de redacción del confuso texto único.

El tercer debate del proyector será después de Semana Santa, porque luego de que se tenga el texto final, los técnicos de cada partido político representado en los diputados, y los magistrados del Tribunal Electoral analizarán el proyecto de ley que dictará las reglas para las elecciones de mayo de 2019.

El diputado José Luis Varela, del Partido Panameñista, está seguro de que la discusión se hará después de la Semana Santa.

‘En mi opinión personal, entre el 70% al 80%, se deberá bajar el proyecto a segundo debate para cambios técnicos y no de fondo', señaló el diputado oficialista.

En el tercer debate no se pueden hacer modificaciones a los artículos, sino más bien se tiene que hablar de la conveniencia o inconveniencia del proyecto, aprobarlo o rechazarlo.

El proyecto de ley fue presentado en la Asamblea Nacional por el Tribunal Electoral en enero de 2016, luego de un año de debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, pero no fue hasta este año que se logró el consenso político entre los diputados para avanzar en la discusión.

El proyecto de ley contempla topes a las campañas políticas por parte de donantes privados. Entre los cambios, se estableció un tope de $10 millones en la donación privada que serán utilizados para los gastos de campaña presidencial, mientras que en las campañas para diputados se fijó un tope de $300 mil, porque se reduce a dos meses la campaña electoral.

El financiamiento público será estrictamente para la publicidad durante la campaña electoral. El Estado aportará $50 millones en subsidio electoral.

Uno de los temas más difíciles de consensuar fue el referente a la fianza de impugnación. Luego de varias discusiones, se fijó en $2 mil para el que impugne el triunfo de un representante, $10 mil para el caso de un alcalde, $25 mil para diputado y $50 mil para presidente de la República.

El tema que no logró consenso fue el referente a la paridad de género. No se llegó al requerimiento de los grupos femeninos que pedían 50-50% en las postulaciones (hombres y mujeres), y la norma se mantiene como está.

Para evitar que haya un solo donante que aporte la mayor cantidad de dinero a una sola campaña presidencial, se fijó un máximo de 3% que puede aportar una persona.