Creado en 2012, el índice de Inclusión Social de la revista Americas Quarterly analiza el desempeño de 17 países de las Américas en 21 categorías distintas, lo cual incluye no sólo crecimiento económico y reducción de la pobreza, sino variables como acceso a la educación y a la vivienda, y niveles de participación ciudadana. Este índice, el primero en su género que se produce en la región, proporciona una evaluación más completa del progreso que ha sido alcanzado y los desafíos que hay por superar. En su tercer año, el Índice de Inclusión Social de AQ continúa haciéndole seguimiento a los derechos, el acceso a los mercados, la educación y la participación política en la región. Mientras países como Chile y Uruguay clasifican sistemáticamente en posiciones altas, el fuerte crecimiento del PIB en Perú hizo que subiese un puesto, al sexto lugar. El índice de este año también estudia los derechos de los discapacitados y el acceso a la justicia.
El informe se enfoca en estimar “las oportunidades participativas disponibles para los grupos marginales,” dijo el editor en jefe de AQ, Chris Sabatini, durante el lanzamiento público del índice este miércoles en Washington, D.C. Esta definición, explicó, va mas allá de las cifras de PIB o la distribución de ingresos. En vez de esto, se enfoca en los derechos de autodeterminación de los ciudadanos, independientemente de su raza, genero o posición socioeconómica. Este estudio engloba y analiza hasta 21 indicadores –algunos países no fueron estudiados según todos estos, dada la falta de datos– para producir marcadores interactivos. Uruguay, como en 2013, fue la nación con los mejores números en nueve de estos indicadores, los cuales incluyen: acceso a trabajo formal, independientemente de raza o género, y derechos políticos, civiles y de la mujer. En contraste, Paraguay, Honduras, y Guatemala se encuentran estancadas al final de la lista – puesto que Haiti y Cuba no fueron analizadas. Además de tener bajas tasas de trabajo formal, AQ informó detectó extremas disparidades raciales. Mientras que el 43,6% de los mestizos guatemaltecos tienen acceso a un trabajo formal, tan solo el 17% de los indígenas de este país gozan de las mismas oportunidades. Alana Tummino, editora principal y directora de asuntos políticos de Americas Society, señaló que no es una mera coincidencia que los países más violentos tengan los menores indices de inclusión social.