Partidos Políticos

Para que exista una política abierta, competitiva y democrática es esencial contar con partidos políticos fuertes, especialmente en las democracias emergentes. Los partidos necesitan financiamiento para poder sobrevivir, competir y desempeñar sus funciones democráticas, tanto durante las campañas electorales como entre una y otra. Sin embargo, el dinero destinado a la política y quienes lo donan son generalmente vistos como problemáticos, y algunas veces, incluso como amenazas a la democracia. No existe un consenso sobre la manera en que los partidos deberían ser financiados, ni sobre la regulación de las donaciones, los gastos y la divulgación pública. De hecho, el estatus legal y constitucional de los partidos a menudo se encuentra mal definido y sus funciones políticas con frecuencia son malentendidas.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona Postigo, presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que posibilitará al país contar con un Código Electoral, el cual unifica, actualiza y sistematiza en un solo cuerpo normativo toda la legislación electoral que se encuentra dispersa.

Según el JNE; l a iniciativa planteada busca optimizar el desarrollo de los comicios en consideración que la actual legislación no contribuye a generar un clima de confianza y estabilidad, toda vez que existen múltiples leyes y estas se encuentran dispersas y desarticuladas, dificultando su articulación y aplicación por parte de las autoridades y ciudadanos.

En sus 357 artículos, el proyecto del JNE contiene una serie de cambios sustanciales tendientes al fortalecimiento de los partidos políticos, perfeccionamiento de la justicia electoral y el establecimiento de un cronograma electoral apropiado.

Sobre democracia interna de organizaciones políticas, el JNE  plantea la participación obligatoria de los organismos electorales en los comicios para designar a los candidatos, así como la simultaneidad de dichas elecciones y que estas se realicen bajo el mecanismo del voto universal, libre, igual y directo de los afiliados.

Respecto del financiamiento partidario, cuyo propósito es evitar el ingreso de dinero ilícito en la política, el documento propone establecer bancarizar los aportes, prohibir las contribuciones anónimas, impedir que las empresas financien campañas e imponer sanciones políticas como la suspensión y cancelación de la organización que incumpla las normas relativas al tema.

El proyecto de ley 292, que reforma el Código Electoral, deberá esperar hasta la próxima semana para su tercer debate.

Luego de una acelerada jornada en la que se aprobaron más de un centenar de modificaciones y sendas reconsideraciones, los técnicos de estilo de la Asamblea Nacional están en una compleja etapa de redacción del confuso texto único.

El tercer debate del proyector será después de Semana Santa, porque luego de que se tenga el texto final, los técnicos de cada partido político representado en los diputados, y los magistrados del Tribunal Electoral analizarán el proyecto de ley que dictará las reglas para las elecciones de mayo de 2019.

El diputado José Luis Varela, del Partido Panameñista, está seguro de que la discusión se hará después de la Semana Santa.

‘En mi opinión personal, entre el 70% al 80%, se deberá bajar el proyecto a segundo debate para cambios técnicos y no de fondo', señaló el diputado oficialista.

En el tercer debate no se pueden hacer modificaciones a los artículos, sino más bien se tiene que hablar de la conveniencia o inconveniencia del proyecto, aprobarlo o rechazarlo.

El proyecto de ley fue presentado en la Asamblea Nacional por el Tribunal Electoral en enero de 2016, luego de un año de debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, pero no fue hasta este año que se logró el consenso político entre los diputados para avanzar en la discusión.

El proyecto de ley contempla topes a las campañas políticas por parte de donantes privados. Entre los cambios, se estableció un tope de $10 millones en la donación privada que serán utilizados para los gastos de campaña presidencial, mientras que en las campañas para diputados se fijó un tope de $300 mil, porque se reduce a dos meses la campaña electoral.

El financiamiento público será estrictamente para la publicidad durante la campaña electoral. El Estado aportará $50 millones en subsidio electoral.

Uno de los temas más difíciles de consensuar fue el referente a la fianza de impugnación. Luego de varias discusiones, se fijó en $2 mil para el que impugne el triunfo de un representante, $10 mil para el caso de un alcalde, $25 mil para diputado y $50 mil para presidente de la República.

El tema que no logró consenso fue el referente a la paridad de género. No se llegó al requerimiento de los grupos femeninos que pedían 50-50% en las postulaciones (hombres y mujeres), y la norma se mantiene como está.

Para evitar que haya un solo donante que aporte la mayor cantidad de dinero a una sola campaña presidencial, se fijó un máximo de 3% que puede aportar una persona.

El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, firmó y envió a Congreso del Estado, la Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana.

El mandatario estatal explicó que esta ley fue producto de una amplia consulta ciudadana, y especialmente entre organizaciones de la sociedad civil.

Añadió que esta propuesta legislativa pretende pasar del control político al involucramiento ciudadano en la toma de decisiones, para dejar de ver a la participación como privilegio y más como un derecho humano.

Corral Jurado aseguró y dijo estar convencido que “esta propuesta es la más ambiciosa de todo el país”, por lo que invitó a todos los ciudadanos a conocerla, reforzarla y promoverla.

Añadió que Chihuahua necesita de este tipo de leyes, que exigen compromiso y se dijo convencido que sólo la participación ciudadana, así como la disposición mutua para trabajar juntos, sociedad y gobierno, va a traer la transparencia, la honestidad, la eficacia, la democracia para la justicia y la libertad.

TEGUCIGALPA.

En el marco de la política limpia, el Instituto de Acceso de la Información Pública (IAIP) firmó un acuerdo de entendimiento con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y se lanzó una aplicación móvil denominada Honduras Transparente. Damián Pineda, comisionado del IAIP, explicó que el acuerdo es en el proceso de acompañamiento de la Maccih encaminado a brindar apoyo, fortalecimiento y colaboración activa y de esa manera contribuir a la lucha contra la corrupción a través del acceso a la información pública y la rendición de cuentas. “Lo que pretendemos es fortalecer el trabajo que se requiere para la implementación de la Ley de Financiamiento, Fiscalización y Control de los Partidos Políticos en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral y la nueva unidad de trasparencia que está por organizarse”, aseguró Pineda. Una vez elegidos los magistrados de la nueva entidad, las acciones deben ser coordinadas con el IAIP.

Marta Gaba, Consultora en innovación y fortalecimiento de la sociedad, ciberactivista, conferencista y capacitadora nos presenta en este video su manual "Nuevas tecnologías. Una guía para partidos y organizaciones políticas"

Disponible aquí: http://bit.ly/2gm7MSP

El secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, exhortó al Congreso a aprobar la reforma electoral antes de junio, cuando concluya la presente legislatura, a fin de evitar que candidatos bajo prisión preventiva postulen en los comicios regionales y municipales del 2018.

Opinó que estos cambios podrían abordarse paulatinamente, en dos grupos. Dijo que el primero y más urgente es el que incluye nuevos requisitos para ser candidato, mayores controles y sanciones respecto al financiamiento de las campañas.

En el segundo grupo irían el voto preferencial, la bicameralidad y el distrito electoral. Explicó que estos aspectos se aplicarían a partir del 2021, por lo que podrían ser discutidos más adelante.

Para Távara, el caso del gobernador regional del Callao, Félix Moreno, en prisión preventiva por 18 meses por presunta corrupción ligada al caso Odebrecht, así como la del alcalde de Chilca, Richard Ramos, muestran la perentoriedad de estas reformas.

“No podemos ser ambiguos. Moreno, Ramos y César Álvarez [exgobernador de Áncash, actualmente preso] pueden postular a cargos de elección popular mientras no haya sentencia firme. Es una situación ante la cual hay que reaccionar”, insistió.

Recordó que la propuesta del Sistema Electoral, la Comisión Presidencial de Integridad y Transparencia pasa por impedir que personas condenadas por corrupción, terrorismo o narcotráfico postulen a cargos de elección ciudadana.

Es más, detalló, desde el Jurado Nacional de Elecciones se plantea que el impedimento alcance a quienes tienen prisión preventiva.

Escándalos

El legislador de Peruanos por el Kambio Juan Sheput señaló estar a favor de una reforma que decrete la desaparición de los partidos políticos cuyos líderes estén vinculados a escándalos de corrupción.

“Se deben tomar cartas en el asunto de una vez por todas y abordar temas como la desaparición de los partidos cuyos máximos líderes estén implicados en asuntos de corrupción. Lo del Callao es uno de varios casos que hay en otras regiones”, indicó, al comentar la situación de Moreno.

El parlamentario gobiernista consideró, en ese sentido, que estos cambios deberían analizarse en la actual legislatura y no dar lugar a dilaciones, considerando que estamos en un año preelectoral, pues el 2018 habrá comicios regionales y municipales.