Partidos Políticos

Este lunes el presidente Juan Manuel Santos sancionó el Estatuto de la Oposición, que entraría a funcionar desde el próximo 20 de julio, fecha en la que se posiciona el nuevo Congreso.

Por qué es importante: Pretende brindarle garantías a las organizaciones políticas que se declaren en oposición al gobierno (puede ser nacional, departamental, municipal o distrital).

Cómo funcionará:

-Los partidos y movimientos políticos deberán declarar su posición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE): de gobierno, de oposición o independientes.

-Quienes pertenezcan a la oposición no podrán ser designados en cargos del gobierno hasta en 12 meses después de su renuncia a la organización política.

-El Gobierno debe hacer públicos los proyectos a ejecutar en las páginas web institucionales.

-El candidato que le siga en votos a quien quede elegido en ciertos cargos de elección popular, podrá ocupar una curul en la respectiva corporación. Es decir, el candidato a presidente y vicepresidente, gobernador de departamento, alcalde Distrital y alcalde municipal podrá ocupar un cargo en el Senado, Cámara de representantes, Asamblea departamental, Concejo Distrital y Consejo municipal. 

La nueva distribución de los curules se evidencia principalmente con los legisladores de Alianza PAIS y de la bancada de la Revolución Ciudadana, esta última afín al expresidente Rafael Correa. Algunos se mezclaban con los otros, ahora se ubican acorde a sus respectivos movimientos.

El Ministerio de Hacienda y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) firmaron hoy un convenio de cooperación para controlar la financiación de los partidos políticos y obligarles a "rendir cuentas" ante la sociedad, según explicó ante los medios la ministra de Hacienda, Lea Giménez.

El documento permitirá a ambas instituciones "diseñar y coordinar" medidas que reglamenten los procesos de transferencia de fondos a los partidos, tanto los subsidios públicos como las donaciones privadas.

Esto permitirá alcanzar "un nivel muy alto de control" sobre las cuentas de los partidos y "hará la contienda electoral un poco más justa", en palabras del presidente del TSJE, Jaime Bestard, durante la firma del acuerdo.

Giménez celebró además la firma del acuerdo porque "marca un antes y un después" en la mejora de la transparencia y "fortalecer la democracia" paraguaya.

El convenio facultará a ambas instituciones para coordinar y supervisar el cumplimiento de la legalidad sobre financiación política desde sus respectivas competencias, mediante la creación de una "comisión de financiamiento político".

Hacienda se ocupará de verificar la utilización de los recursos públicos, el cumplimiento de la legislación fiscal y la rendición de cuentas, en tanto que el Tribunal revisará la procedencia del dinero recaudado por las organizaciones políticas.

El coste de estas medidas será financiado por los presupuestos generales del Estado y Giménez aseguró que "trabajaremos para incorporarlas a una ley" que establezca el control financiero de forma permanente.

La firma de ese convenio llega unos días después de que la Misión de Observación de la Unión Europea (UE) en las pasadas elecciones de abril recomendase en su informe final "mejorar la transparencia" en la financiación de las campañas políticas.

No obstante, Giménez negó que la firma del acuerdo esté relacionado con las recomendaciones europeas puesto que "es algo en lo que llevamos trabajando más de un año".

Por su parte, Bestard recordó los avances previos a este acuerdo en materia de financiación política, especialmente la implementación de la "cuenta bancaria única" de los partidos, que permite al TSJE "tener una trazabilidad en el control del dinero que circula en las campañas políticas".

Así como la creación de una plataforma informática, de acceso público, en la que los partidos pueden presentar los documentos que justifican los ingresos y gastos de las campañas. EFE

El 77,8 % de los brasileños ha dejado de confiar en los partidos políticos, de acuerdo a un estudio académico divulgado hoy por el diario O Estado de Sao Paulo, según el cual ese grado de recelo es el más alto registrado en la historia del país.

El estudio fue realizado por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnológica (INCT), vinculado al sistema de universidades públicas, y fue publicado cuando el país está a poco más de tres meses de una elección presidencial y con el clima político enrarecido por graves escándalos de corrupción que afectan a casi todos los partidos.

En comparación con un sondeo similar hecho por el mismo INCT en 2014, el porcentaje de personas que ha perdido la confianza en los partidos políticos casi se ha duplicado.

Hace cuatro años, cuando se realizaron las últimas elecciones, un 46,4 % de los brasileños manifestaban desconfianza en la política, en tanto que en 2006 esa tasa llegaba al 36, 7 %.

Los principales motivos de ese recelo, de acuerdo al estudio difundido por O Estado de Sao Paulo, son precisamente la corrupción, la pérdida de representatividad de los partidos y el poco espacio que existe para una participación más directa de los ciudadanos en la política.

"El aumento de la desconfianza era esperado, pero no que fuera de esa magnitud entre 2014 y 2018, que es totalmente distinto a lo que se había detectado en otros sondeos", dijo al periódico el director del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de Campinas, Oswaldo Amaral, uno de los coordinadores del estudio.

Según Amaral, el escepticismo en relación a la política es un fenómeno global, pero en Brasil se ha agudizado sobre todo por la creciente corrupción, que en los últimos cuatro años ha salpicado a casi todos los partidos tradicionales del país.

De hecho, se da la paradoja de que, a poco más de tres meses de las elecciones del 7 de octubre, las encuestas sean encabezadas por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde abril pasado y condenado a doce años por corrupción.

Pese a su situación jurídica, y a que aún responde a otras seis causas penales, Lula ha sido proclamado candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT), que mantiene una ofensiva en todos los frentes judiciales a fin de intentar su excarcelación.

Aún así, Lula está virtualmente inhabilitado, debido a normas electorales que impiden que cualquier persona condenada en segunda instancia, como es su caso, postule a cualquier cargo electivo.

Los 45 votos que aprobaron la modificación del proyecto de ley de paridad democrática, con base en la propuesta del diputado colorado cartista Bernardo Villalba (Concepción), se repartieron entre mayoría de colorados, siete liberales y uno de la diputada Olga Ferreira (independiente).

Los diputados que votaron por la versión sancionada en el Senado fueron las coloradas Cynthia Tarragó (Capital) y Del Pilar Medina (Central) y el liberal Víctor Ríos (Ñeembucú), quienes se ratificaron, y se sumó la colorada Fabiola Oviedo (Capital). 

Se abstuvieron los liberales Esmérita Sánchez (Caaguazú), Salustiano Salinas (Central) y el imputado Pedro Duré (Cordillera), y el encuentrista Ricardo González (Central). 

Ley de “paridad sin paridad”

Entre las modificaciones introducidas a pedido del diputado Villalba, fue excluida la parte que establecía la igualdad en un 50% entre varones y mujeres, parte fundamental de la propuesta, y también dejaron fuera la alternancia. 

Dichos artículos fueron reemplazados por campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía para “eliminar las actitudes discriminativas” (ver info). Con estos cambios, los diputados evitaron la sanción ficta de la norma, la cual se cumplía el 14 de junio y, ahora, vuelve a la Cámara Alta. Los senadores deberán analizar si aprueban los cambios o se ratifican en la decisión inicial, que requiere de 23 votos. 

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, que preside Roy Ventura (Fuerza Popular), definirá este martes el futuro de la iniciativa legislativa del congresista Mauricio Mulder que plantea prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados.

La sesión está programada para las 9 a.m. en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Ventura realizará un informe sobre la información acopiada y lo analizado sobre la iniciativa, así como en cuanto a las observaciones del Ejecutivo.

“Los miembros de la comisión decidirán por votación si es que se va por la insistencia, se archiva o se modifica el proyecto. Esperamos que se defina mañana”, comentó Ventura a El Comercio. Una vez emitido el dictamen, este se pondrá en conocimiento de la Junta de Portavoces para determinar su debate en el pleno.

Como se recuerda, la iniciativa de Mulder, que data de noviembre del 2017, fue aprobada el 28 de febrero por la Comisión Permanente y exonerada de segunda votación por la Junta de Portavoces. Posteriormente, el 21 de marzo, el Poder Ejecutivo —durante la gestión de PPK— observó la autógrafa de la ley. 

Además, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) también presentó otro proyecto denominado ley de comunicación gubernamental. Este no se abordará mañana, fue derivado no solo a la Comisión de Transportes, sino también a la de Fiscalización. 

—Posiciones desde las bancadas—
Mauricio Mulder ratificó este lunes su posición a favor de que la propuesta se apruebe por insistencia e incluso sea vista este jueves en el pleno del Parlamento. 

Sin embargo, miembros de la comisión de distintas bancadas consultados por este Diario se expresaron en contra de que la propuesta se apruebe tal como está por insistencia y consideraron que deberían realizarse modificaciones.

Karla Schaefer, una de los 9 miembros de Fuerza Popular en la comisión, consideró que la publicidad estatal se debe regular para que el uso de recursos se sincere, pero que se debe aprobar una modificación a la iniciativa de Mulder que permita al Estado hacer campañas de temas específicos.

“Mulder cierra todas posibilidades. Sí considero que para promover a nuestro país en el extranjero se debe dejar abierta esa posibilidad, para campañas médicas, de educación, lucha contra la violencia”, señaló.

Desde Nuevo Perú, Richard Arce señaló que no está de acuerdo con la insistencia y consideró que es “imposible” que se pueda difundir la información estatal solo en redes sociales e Internet, como también plantea Mulder, pues la cobertura a comparación de los medios de comunicación masiva es distinta. En esa línea, consideró que la propuesta bloquea el derecho a la información de las personas e instó a dejar de lado “intereses político-partidarios” en el debate.

“Inclusive se presta a la presunción de que pueda haber una especie de ajuste de cuentas de parte del fujimorismo frente a prensa que es crítica. […] Que se modifique creo que es lo más viable. Se necesita un proyecto de ley que racionalice la distribución en función de la cobertura de cada medio de comunicación. Pero de ahí a que se pueda perjudicar a algunos medios que no están acordes a los intereses del fujimorismo, y que para esto se está sirviendo del Apra, realmente deja mucho que desear”, dijo a este Diario.

Por su parte, Edmundo del Águila (Acción Popular) manifestó no estar a favor de la insistencia, mas sí de una modificación. “Ningún extremo nunca es bueno. Pasar de una situación de libre disponibilidad de las autoridades de poder contratar y muchas veces malgastar el dinero público no es bueno. Pero también con pasar al otro extremo de poder restringir, nos privamos de situaciones favorables, como por ejemplo el incremento de turistas delos últimos años. Eso ha sido parte de la inversión del Estado en países de afuera”, sostuvo.

A su turno, Jorge Castro (Frente Amplio) consideró que el presupuesto asignado a publicidad del Estado debe limitarse bajo prioridades, pero no eliminarse. “No es que se pueda eliminar, se trata de ponerle límites en relación al presupuesto de la República […] Estoy de acuerdo con que se apruebe el proyecto, pero no en los términos en que se indica, sino que haya modificaciones de tal manera que el gasto sea mejor administrado”, refirió.

Desde Peruanos por el Kambio también se ha cuestionado el proyecto. Por ejemplo, el vocero Gilbert Violeta lo calificó anteriormente de una “ley mordaza” contra el Ejecutivo, contra el Gobierno” y sostuvo que es inconstitucional.

Mucho se habla en la actualidad de la transformación digital, pero siempre desde un enfoque corporativo, a nivel de la empresa privada. Sin duda, es vital este esfuerzo por mejorar el ambiente organizacional, adoptar los avances de la tecnología para ofrecer mayores servicios y así favorecer a los usuarios. Es un trabajo que ya está respondiendo muy bien en ciertas compañías y serán las que marcarán la pauta frente al resto.

Pero ¿Qué podemos decir de los partidos políticos? Lamentablemente, la desafección y la falta de credibilidad hacia los partidos políticos por parte de la ciudadanía cada vez es mayor en el Perú, con una cifra alarmante de casi 80% de desconfianza. Esto sumado a la carencia de liderazgos y a la poca capacidad que éstos tienen para reformarse aprovechando la revolución digital. Queremos partidos políticos del siglo XXI con prácticas y actitudes acordes a los tiempos modernos.

En este artículo deseo dar algunas pautas para poder implementar una transformación digital desde los partidos políticos en diversas áreas donde la tecnología podrá servir como una gran herramienta. Para ello, me atrevo a identificar las 6M que deben tener en cuenta en toda reforma de esta naturaleza, éstas son:

1. Mindset. Como punto de partida hay que considerar que todo cambio proviene de las personas. Cambiar el mindset, significa modificar el conjunto de actitudes y conductas que ya pueden estar establecidas o comportamientos convencionalmente adquiridos. En este caso, es necesario desde los partidos políticos romper moldes de antaño y ser capaces de adoptar, de la manera más eficiente, los inputs propios de la modernidad, en este caso la tecnología. En este punto lo más importante es la voluntad para emprender el cambio.

2. Militancia. La era digital nos ofrece herramientas que facilitan la membresía de los partidos políticos, incorporar a nuevos integrantes, reclutar jóvenes, la posibilidad de formar parte de una comunidad con intereses comunes a pesar de la distancia, la geografía y las barreras culturales. Internet nos ayuda justamente a lograr mayor inclusión, pensando en aquellas personas que tradicionalmente se han visto desfavorecidas. Y esto será mayor en la medida que la brecha digital en el Perú disminuya.

3. Mítines. Los partidos deben estar en capacidad de convocar gente, es decir atraer masas. Hoy los mítines pueden ser en las grandes plazas, pero también hay espacio en línea para convocar a miles de personas simultáneamente, con la seguridad de que estas mismas personas puedan compartirlo con la potencia, rapidez y alcance que ofrecen las diversas plataformas online. El efecto será superior.

4. Movilización. Esto es equivalente a mover masas. Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información son el mejor aliado para generar cambios de tipo social y/o políticos, porque son el mejor canal para llevar el mensaje y replicarlos. Además, ellos facilitan exponencialmente la forma como transportar el sentimiento ciudadano. Hemos visto muchos casos en el Perú y el mundo para impulsar iniciativas ciudadanas, derogar o promover leyes y medidas constitucionales, entre otros.

5. Mensaje. Posiblemente este punto es el más importante. Con ello me refiero a la forma cómo el mensaje puede llegar más rápido con audiencias segmentadas. Simplemente, habrá que definir cuál es la plataforma más adecuada en la web 2.0 para comunicar, según el contenido y acorde al resultado que se espera. Vemos grupos en Facebook, blogs especializados, canales de vídeos, entre otros. De otro lado, las reglas de campaña deben ser evitar las noticias falsas, la agresión, la hostilidad y cualquier conducta negativa que ofenda al contendor y subestime al usuario.

6. Mecanismos de colaboración. Me refiero a la capacidad de poder crear puentes con la ciudadanía, en este caso los partidarios, quienes pueden contribuir en la elaboración de propuestas políticas, identificando las necesidades y prioridades de su comunidad, aportando en el debate y en construcción de ideas. Los procesos de co-creación deben ser considerados en el ámbito político, porque legitima a la autoridad y genera una base partidaria más sólida y empoderada. Esto, además, fomenta el clima de confianza y la transparencia que tanto se requiere en la vida política.

Los partidos políticos son la piedra angular de la democracia. La pluralidad de los mismos y el surgimiento de nuevos liderazgos son importantes para refrescar la política nacional. Pero también es importante la adhesión y la confianza ciudadana y ésta debe ser fortalecida, a diferencia de lo que viene pasando en el Perú. Por tal razón, hay que iniciar el cambio, partiendo de la voluntad por romper viejos paradigmas y adaptar esta transformación a los tiempos de la digitalización.